Luego de que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ratificara en su cargo a la fiscal general Consuelo Porras por cuatro años más de mandato, la prensa internacional, junto a organizaciones internacionales y la Unión Europea, pegaron un grito al cielo recordando los polémicos casos y las acusaciones que se postran sobre los hombros de Porras. No obstante, el comunicado más ruidoso y controvertido llegó desde Washington el pasado lunes 16 de mayo, cuando el Departamento de Estado publicó y anunció nuevas sanciones contra Porras y su círculo cercano.
“Estados Unidos está designando a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta de Porres (‘Porras’) debido a su participación en corrupción significativa”, se lee en el comunicado. “Durante su mandato, Porras obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener un favor político indebido. El patrón de obstrucción de Porras incluye supuestamente ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos basándose en consideraciones políticas y despedir a los fiscales que investigan casos que implican actos de corrupción”.
Las nuevas acusaciones del Departamento de Estado contra Porras se realizaron “en virtud del artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2022”. Según el comunicado, “los funcionarios designados de gobiernos extranjeros implicados en actos de corrupción significativos y sus familiares directos no pueden entrar en Estados Unidos”.
Asimismo, el Departamento de Estado también sancionó al esposo de Porras, Gilberto de Jesús Porres de Paz y dijo que “incluso hará públicas nuevas designaciones en el momento oportuno”.
“Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción, que socava la fe del pueblo guatemalteco en sus instituciones democráticas”, se lee.
Pero a pesar de que la fiscal general Porras ha sido denunciada por obstruir la lucha contra la corrupción en Guatemala, especialmente por adversarios políticos —como la exfiscal general Thelma Aldana, acusada por corrupción en Guatemala y que actualmente se encuentra exiliada en Estados Unidos— todavía hay dudas sobre si las acusaciones contra Porras son legítimas o no.
Para Alejandro Palmieri, analista jurídico y político guatemalteco, las sanciones aplicadas por Estados Unidos contra la fiscal Porras no están basadas en hechos de corrupción comprobados y solo toman como evidencia la pugna jurídica-política entre fiscales guatemaltecos que fueron afectados por las acusaciones de la propia Porras.
Palmieri cree, de hecho, que las sanciones “no son justas” y están elevando las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, uno de los aliados históricos de Washington en la lucha contra el narcotráfico y ahora la crisis migratoria.
“No creo las acusaciones y sanciones estén basadas en elementos probatorios jurídicos, y lo afirmo porque de lo contrario estoy seguro de que el Departamento de Estado hubiera presentado cargos en Estados Unidos”, dijo Palmieri a El American. “Lo que hay son informaciones y la fuente de la información también puede estar en duda, porque muy probablemente viene de las personas afectadas por la fiscal general, como la fiscal Aldana, el exfiscal Sandoval, entre otros”.
“Entonces esa información de posibles actos de corrupción que se le atañen a la fiscal general tiene una fuente parcializada. Ciertamente, la fiscal Consuelo Porras no ha hecho lo que el gobierno de Estados Unidos quisiera, si eso es meritorio de sanción, no lo sé, pero no es algo justo para nada. Y no creo que se la pueda tachar a una persona de corrupta simplemente porque no accede de acuerdo a los intereses del gobierno americano”, explicó Palmieri, quien, además, es analista del medio independiente República., diario que ha denunciado las relaciones del Ministerio Público guatemalteco gestionado por la exfiscal Thelma Aldana con el controvertido y corrupto Caso Odebrecht.
El analista, además, tachó a las sanciones americanas de ser “una expresión política” que no tienen ningún trasfondo jurídico porque “de lo contrario le hubieran presentado cargos en Estados Unidos por hechos concretos”.
“Y en ninguno de los comunicados, en las dos ocasiones que sancionaron a la fiscal, mencionaron caso concreto alguno. No creo que sean justas”, dijo.
Las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos se tensan
Luego de que Estados Unidos hiciera oficial las nuevas sanciones contra Porras, el presidente Giammattei anunció que no va a asistir a la Cumbre de las Américas en represalia a las críticas de Estados Unidos contra su decisión de renovar a la fiscal general.
El mandatario guatemalteco comentó que la decisión se basó única y exclusivamente en hacer respetar la soberanía del país centroamericano ante el revuelo causado a partir de la designación de Porras.
“No me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir”, sostuvo el gobernante. “Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación [Estados Unidos]: que este país [Guatemala] podía ser de este tamaño [pequeño], pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía”.
La tensión entre Washington y Guatemala no llega en un buen momento, pues ambos países están trabajando estrechamente para mitigar los efectos de la crisis migratoria y también para enfrentar el problema del narcotráfico.
La decisión del Departamento de Estado de buscar un conflicto directo contra la administración de Giammattei no fue bien recibida por los críticos de la administración Biden, pues no solo se trata de un aliado histórico de Washington en el afamado Triángulo del Norte, sino que llega justo cuando Washington empieza a acercarse peligrosamente a regímenes autoritarios de izquierda como Cuba y Venezuela.
Recientemente, se dio a conocer que la administración Biden redujo las sanciones al régimen de Maduro, permitiéndole a la empresa Chevron reactivar parte de sus actividades en Venezuela. Además, inició una reapertura hacia el régimen cubano que recuerda a la política “deshielo” aplicada durante la era Obama.
Estas decisiones han sido criticadas por activistas políticos miembros de la comunidad latina. Tal es el caso de Alfonso Aguilar, quien es presidente de la organización Latino Partnership for Conservative Principles.
“Biden llegó a un acuerdo con el dictador de Venezuela, eliminó las sanciones contra el régimen marxista cubano y celebra la llegada al poder del presidente izquierdista de Honduras que lideró un golpe legislativo. Mientras tanto, penaliza al gobierno de Guatemala, un leal aliado democrático. ¿De quién son los intereses que cuida esta administración?”, criticó Aguilar.
Asimismo, prominentes políticos de habla hispana, como el eurodiputado Hermann Tertsch, perteneciente a Vox, uno de los partidos conservadores más importantes de España y toda Europa, criticaron “la miseria moral” del secretario de Estado Antony Blinken y del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
“Los mismos que atacan a la democracia e instituciones de Guatemala anuncian mayor complicidad con la dictadura comunista de Cuba en un momento de criminal represión y condenas brutales a manifestantes cubanos”, escribió Tertsch.
Para el analista Palmieri, si bien las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos no pasan por su mejor momento, tampoco se debe esperar un quiebre diplomático o una medida desesperada por ninguno de los países que aún mantienen acuerdos importantes de cooperación bilateral.
“No creo que se vayan a perjudicar o vayan a deteriorar las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala, tampoco creo que las relaciones diplomáticas se vayan a ver afectadas, pero sí puede haber más tensión con más sanciones por parte de Estados Unidos”, dijo Palmieri. “Creo que es probable que Estados Unidos sancione al entorno cercano del presidente, eso es algo que se espera y estoy seguro de que ellos lo tienen en consideración. Sin embargo, las relaciones bilaterales en otros muchos campos —comercial, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el tema de la inmigración— esa cooperación, en esas distintas áreas, yo creo que continúa y va a continuar”.
“El ministerio público probablemente tendrá alguna relación más limitada con las agencias de cooperación de Estados Unidos, pero tampoco las va a cortar porque a Estados Unidos no le conviene eso”, sentenció el analista.
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
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