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Alrededor de un 40% del gas que consume la Unión Europea (UE) proviene de Rusia. Esa dependencia al gas ruso fue resultado de dos decisiones políticas: no explotar los esquistos y descartar las centrales eléctricas nucleares en buena parte de los países del bloque. Dos políticas impulsadas por ONG´s y partidos ecologistas europeos.
Que Europa dependa energéticamente de Rusia fue un resultado de su agenda política verde y los sospechosos negocios de elementos clave del ecologismo político europeo con el Kremlin están a la vista.
Por ejemplo, la Ministra Federal de Energía de Bélgica, Tinne Van der Straeten, del partido ecologista Groen, fue socia al 50% de un bufete legal entre cuyos mayores clientes estaba la corporación de gas rusa Gazprom. Al asumir su Ministerio en 2020, Van der Straeten adelantó el desmantelamiento del parque nuclear civil belga para sustituirlo por centrales eléctricas de gas. Aunque la reducción de las emisiones de CO2 sea la principal consigna del ecologismo político, en Europa los activistas y políticos verdes exigen sustituir sus plantas eléctricas nucleares por plantas eléctricas a gas que emiten cuarenta veces más CO2.
En Alemania las influyentes organizaciones ambientales BUND, NABU y WWF crearon la fundación ambiental Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee con Nord Stream AG, un consorcio de cinco empresas establecido en Suiza en 2005 para construir y operar dos gasoductos para exportar gas ruso a Europa bajo el Mar Báltico. Los socios del consorcio son Gazprom International Projects LLC (con el 51% del proyecto) Wintershall Dea AG, PEG Infrastruktur AG, N.V. Nederlandse Gasunie y ENGIE. Washington se opuso a estos proyectos durante las administraciones Obama y Trump, pero en julio del 2021 la administración Biden cambió de política y aceptó el Nord Stream 2, hasta que la invasión rusa de Ucrania forzó a la Casa Blanca y Berlín a detener el nuevo gasoducto para sancionar a Moscú.
Antes, la Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee fue dotada de 10 millones de euros por Gazprom, según la propia Nord Stream. BUND, NABU y WWF se opusieron con gran éxito político, tanto a la energía nuclear civil en Alemania como a la explotación del gas en esquistos en Europa. Francia es la única potencia de la UE cuyos políticos siguen apostando por la energía nuclear civil y asociando la independencia energética con la reducción de emisiones.
Desde hace años se ha señalado que el Kremlin estaría financiando a influyentes organizaciones ecologistas en Europa para comprometer la política “verde” a una feroz oposición hacia la energía nuclear civil y a la explotación de gas en esquistos en Europa, a fin de hacer al continente cada vez más dependiente del gas natural ruso. En 2014 el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, revelaba al The Guardian que:
“…aliados reportan que Rusia, como parte de sus sofisticadas operaciones de información y desinformación, se comprometió activamente con las denominadas organizaciones no gubernamentales ambientales que trabajan contra el gas de esquisto, para mantener la dependencia europea del gas ruso importado”.
Recibir mucho dinero legalmente de la mayor corporación de gas natural ruso y luego impulsar una agenda política ecologista que, voluntaria o involuntariamente, favorezca la dependencia de Europa del gas ruso no sería delito, pero sí un quid pro quo hipócrita e inaceptable.
Lo cierto es que la energía nuclear es la única alternativa técnica, económica y ecológicamente eficiente para reducir realmente la generación de CO2 al producir electricidad.
Bajo suelo europeo existen importantes reservas de gas natural en esquisto que, en la muy anunciada transición de la UE a la energía “verde”, habría sido necesario explotar para reducir la dependencia del gas ruso mientras se construían y ponían en operación en Europa nuevas plantas eléctricas nucleares de última generación. Pero nada de eso se hizo porque bajo la influencia de una agenda política “verde”, se optó por una creciente dependencia energética hacia Moscú, sin la que desafíos como la ocupación de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022 habrían sido mucho más difíciles para el Kremlin.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros