Tammany Hall, un manantial épico de clientelismo político en la historia estadounidense, sirvió los intereses de una parte de la clase política por más de 157 años. Fundada en 1788 como un club político y nombrado así por Tamanend, un cacique de la tribu india lenape, logró establecer una red impresionante de tráfico de influencias, nominando y apoyando a candidatos escogidos a cambio de favorecimientos en los nombramientos de puestos gubernamentales o donaciones cuantiosas a su organización.
El grado más escandaloso que adquirió esta institución fue a partir de 1829 cuando pasó formalmente a hacer una extensión del Partido Demócrata, particularmente en Nueva York. Esta fábrica de corrupción política vio sus últimos días de relevancia ya para 1945, bajo la alcaldía del reformador republicano en Nueva York, Fiorello LaGuardia. Tristemente, el espíritu infame de Tammany Hall parece haber resurgido en la elección de 2020.
Barack Obama empezó en 2009 la transmutación del Partido Demócrata. De lo que fue en el siglo XX un partido de centroizquierda o socialdemócrata en ocasiones, ha ido despellejando sus virtudes republicanas y en su lugar se ha inculcado conceptualizaciones antitéticas con la noción originaria estadounidense.
Hemos visto al partido poblar sus filas en las posiciones claves a personas y grupos con una fijación filosófica de la lucha de clase, pero en su formato más moderno y amplio como es la Teoría Crítica, tal como fue concebida por la Escuela de Frankfurt y promovido por sus discípulos comunistas postmodernistas. Esta toxicidad totalitaria que expandió la noción del dúo fundador, Marx-Engels, requiere para fundamentar su planteamiento del marxismo cultural, una máquina de guerra desde el poder político donde la cultura se puede impactar y su hegemonía consecuente con los objetivos gramscianos, es posible construir.
Los demócratas del siglo XIX buscaron en Tammany Hall un mecanismo para enriquecerse y adquirir influencia partidista. Obama y los ideólogos marxistas que controlan el nuevo Partido Demócrata, traman para destruir la patria de Lincoln y Jefferson y confeccionar en su lugar, una irreconocible, socialista y, por necesidad práctica, leninista.
El Centro de Investigaciones Pew Research Center (PRC) hizo un estudio minucioso sobre el estado de las listas de votantes en Estados Unidos en 2012. Los resultados fueron espeluznantes. El estudio determinó que 24 millones de los que aparecían como votantes registrados, no eran registros válidos. De ese monto, 1.8 millones eran de personas que habían fallecidas. En efecto, esto quiere decir que uno de cada ocho votantes registrados para votar en Estados Unidos no es elegible para votar y no debe de estar en listas de votantes activas.
Los Estados Unidos no son una excepción con este problema entre las naciones democráticas del mundo. Preservar una lista de votantes actualizada y correcta es un reto necesario de vencer, si se pretende conservar la plenitud del sistema. Las votaciones de todo tipo por correo, por naturaleza, presentan un problema a la integridad sistémica cuando existen a priori desajustes en las listas activas entre los votantes elegibles y los no-elegibles. Por esa razón las llamadas “boletas ausentes” conllevan un proceso de escrutinio riguroso.
Primero, estas boletas son solicitadas por el votante a la junta de elección con anterioridad y hay un proceso para asegurar la autenticidad del votante por las autoridades correspondientes. Luego, entre las cosas que requieren este tipo de mecanismo para votar se incluye: una verificación detallada de la firma del votante, un monitoreo periódico por la junta de elecciones para asegurar que éste sigue viviendo en la misma dirección, que está vivo, que no ha ocurrido un cambio que podría convertirlo en inelegible (demencia senil, pérdida de estatus inmigratorio, por ejemplo) para votar. El tener que responder a estos mecanismos de monitoreo es un método imperfecto y tedioso, pero busca mantener las listas de votantes en la más alta calidad posible.
Algunos grupos de izquierda y organizaciones auto tituladas como defensoras del derecho al voto, usualmente promueven el registro del mismo día de la votación, el no requerir identificación de la persona y la votación por correo en masa. Sin embargo, la falta de garantía de la alteza del sistema electoral, cuando se toma en cuenta la imposibilidad de mantener en todo momento una lista de votantes pura, en ausencia de mecanismos estrictos que examinen la veracidad del voto, pone en riesgo el modelo electoral entero por la facilitación que este modo le rinde al fraude. Esa es la razón por la cual los Estados Unidos no se suscribieron previamente a la noción generalizada del uso de votaciones por correo en masa. Tal vez por eso hasta la ONU en su “Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”, en el Artículo 25, sostiene que el voto debe de ser por “boleta secreta” para de esa forma asegurar que la voluntad del votante sea expresada en las urnas.
El primer ensayo para aplicar la votación universal en masa fue en Wisconsin, durante una campaña electoral para un escaño en el Tribunal Supremo de ese estado en mayo de 2020. En una operación muy bien montada para traer el voto por correo, el juez conservador titular, Daniel Kelly, fue derrotado por un margen sorprendente y poco explicable de 11 puntos contra la candidata izquierdista, Jill Karofsky.
El Partido Republicano de Wisconsin no pidió recuento, ni lanzó ninguna investigación seria, a pesar de la sugerencia de muchos desde afuera tomando en cuenta la diferencia extraordinaria de la pérdida. Los demócratas comprobaron lo que necesitaban saber. De ahí había que intentar de emular lo ocurrido en Wisconsin y repetirlo al plano nacional, con el ojo específico en la carrera presidencial.
Las irregularidades ocurridas en la elección de 2020, generalmente, sucedieron en las siguientes formas: cosechando votos ilegalmente e ilegales; firmando por personas sin el consentimiento o conocimiento del votante; negando la entrada a los observadores republicanos para el escrutinio de los votos (derecho legal); la emisión de votos falsos de personas fallecidas; alterando las fechas del voto por correo; la verificación poca o ligera de las firmas de las boletas; las volcadas de votos misteriosos en horas de la madruga que llegaban en camiones; el tutelaje a los votantes en las urnas; el distanciamiento excesivo entre los observadores y las mesas de conteo; los fallos sistémicos en el software que computaba los votos; exabruptos en el salto de los números de los votos durante la contabilización por periodos de tiempo corto; la usurpación de la facultad de la rama legislativa por la rama judicial, en efecto, reescribiendo la ley electoral (inconstitucional); y la extensión de la fecha para recibir los votos en el día de la elección (inconstitucional).
Pese a que hay una probabilidad que esta mezcla de actividades de presunto fraude ocurrió en más de treinta estados en grados variantes, ha sido en seis considerados claves donde se desplegó la mayor furia del intento aparente para volcar la elección a favor de Joe Biden. Este esfuerzo siniestro se concentró en Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Georgia, Nevada y Arizona.
La acumulación de evidencia concreta se va sumando a medida que las demandas se van formulando, coordinando y ejecutando. Para estar claros, testigos presenciales, videograbaciones y testimonios junto con reportes de incidentes bajo juramento son todos considerados como evidencia en un tribunal estadounidense. Cualquier fuente de información que ponga en duda la existencia de evidencia sobre las irregularidades y el fraude presunto, categóricamente, está al servicio de una campaña de desinformación grandilocuente.
Por su parte, Ronna McDaniel directora del “Comité Nacional Republicano”, aseguró en una entrevista de televisión tener más de 11 mil incidentes de fraude reportado por testigos y 500 testimonios juramentados.
En adición a la evidencia concreta, hay una montaña de evidencia circunstancial formulada por estadísticas que desafían la lógica de cualquier posibilidad de no falsearla, desde una perspectiva de lo racional. Sydney Powell, uno de los abogados del equipo legal del presidente (abogada también del general Michael Flynn), informó que había en exceso de 450 mil boletas a través del país, que solamente contenía un voto emitido y era para Biden. Esto se hace difícil de creer, tomando en cuenta que en muchos estados donde se entregaron estos votos singulares había en la misma boleta otros escaños competitivos y todos fueron dejados en blanco.
Otro ejemplo de estos casos increíbles fue en el estado de Wisconsin que atestiguó un nivel de participación de más del 90% de los votantes registrados. Esta cifra no sólo rompería los récords previos de este estado, sino que competiría con países donde el voto es obligatorio. La evidencia circunstancial, pese a no ser suficiente para probar el acto de fraude frente a un tribunal, en la “corte de la opinión pública” es bastante convincente de la fechoría de los demócratas para sacar a Trump del poder.
Las irregularidades y el presunto fraude que ha acontecido en esta elección obligarán la intervención de la rama judicial de alguna forma. De hecho, ya un juez en Pensilvania le extendió al equipo de Trump, una pequeña victoria. La democracia es un modelo político frágil y propenso al abuso por malhechores.
Si la integridad del voto en Estados Unidos, no es sujetada al estándar más alto, la ciudadanía dejará de creer en el sistema, en el mejor de los casos. Cuando tomamos en cuenta los propósitos de los trazadores de esta hazaña sediciosa, el futuro entero de la república está en juego.
Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.