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López Obrador llegó a la presidencia de México montado en una agenda de revanchismo contra las “maldades” de la modernidad y de nostalgia por las supuestas virtudes de un pasado donde el país era más pobre, pero había oportunidad de “superarse” entrando en el gobierno. Tras su victoria, se ha esforzado en cumplir con dicha promesa de regresión institucional y está decidido a encerrar a México en una cápsula del tiempo para regresar al país a la década de 1970.
Uno de los principales objetivos para el retroceso es el mercado energético, que tiene una particular importancia simbólica para las mafias políticas mexicanas, porque la “rectoría del estado” (léase, el monopolio grosero, costoso, incompetente y -muchas veces- criminal) sobre el petróleo y la electricidad es un pilar de la legitimidad política del régimen postrevolucionario, al que pertenece entusiastamente López Obrador.
El romance con los monopolios
Los monopolios petrolero y eléctrico arrastraron durante décadas una historia de corrupción, pésimo servicio y altos costos, que influyeron directamente en el lento desarrollo del país. En el 2013, la situación del sector era tan desastrosa que la clase política se vio obligada a negociar y aprobar una reforma energética que abrió medianamente las puertas a la inversión privada, para brindar el oxígeno de innovación que desesperadamente necesitaba la propia administración pública y la economía del país.
La reforma permitió, entre otras cosas, la importación de gasolina por parte de los particulares y la apertura de gasolineras distintas a la odiosa Pemex, además de posibilitar nuevos espacios para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables y empresas privadas
Dicha reforma causó la furia de las mafias políticas que durante décadas se habían alimentado de los monopolios petrolero y eléctrico. Estas mafias reaccionaron apoyando la campaña de López Obrador y ayudándolo a obtener su contundente triunfo en las elecciones del 2018; ahora ha llegado el momento de pagar el favor, y López Obrador lo está haciendo.
- En cuanto al petróleo, colocó a Pemex como prioridad de su Gobierno y sistemáticamente ha apostado por destinarle mayores recursos y margen de maniobra a la moribunda paraestatal, que a pesar de todos los apoyos de la terapia intensiva en que la ha colocado López Obrador, sigue perdiendo dinero en forma gigantesca mientras se acerca a un eventual colapso financiero, que muy probablemente arrastrará consigo al resto del país.
- En cuanto a la electricidad, López Obrador canceló la cuarta subasta de cobertura energética, convocada por el gobierno anterior, paralizó el avance de los permisos para la generación de electricidad por parte de empresas privadas y se ha lanzado a dificultar la operación de las ya existentes por del programa sectorial de energía, publicado en el Diario Oficial el pasado 8 de julio.
Sin embargo, hasta ahora sus esfuerzos de destrucción y retroceso se habían dado en el ámbito administrativo, y al ser ilegales habían sido rechazados de manera casi unánime por los tribunales federales. Ya no más.
López Obrador redobla la apuesta por el retroceso
Ahora López Obrador va por todas las canicas. El 1 de febrero, mientras supuestamente convalece de Covid-19, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la “Ley de la Industria Eléctrica”. El documento es muy breve, comprendido en apenas 19 páginas en las que se plantea modificar y adicionar tan solo 8 artículos de la citada ley; sin embargo, sus implicaciones son monumentales y monstruosas:
Básicamente la iniciativa pretende priorizar la generación de electricidad por medio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apalancándose del actual monopolio de distribución para rezagar a las plantas del sector privado (con la idea subyacente de que no sean negocio y eventualmente el gobierno pueda quebrarlas o comprarlas). Además, permite la revocación de permisos de autoabastecimiento ya concedidos, elimina la obligación de subastas de largo plazo y esencialmente deja el mercado mayorista completamente al capricho de la CFE.
El tema no podrá aplazarse en el Poder Legislativo, porque el presidente la presentó bajo el concepto de “iniciativa preferente” y, por lo tanto, deberá estar discutida y votada en ambas Cámaras del Congreso a más tardar durante la primer semana de abril.
Se encienden las alarmas
Esta iniciativa, sumada a los demás esfuerzos de López Obrador para revertir la reforma energética y recuperar los viejos y mafiosos monopolios gubernamentales sobre el petróleo y la electricidad provoca una profunda preocupación en ambos sectores.
Gonzalo Monroy, uno de los principales expertos mexicanos en materia energética, señaló en una conversación por teléfono para El American que el sector está en alarma y lo que más sorprende de la iniciativa de López Obrador es que le daría al gobierno la facultad de revocar permisos ya adquiridos conforme a la ley de 1992 y que rompe una especie de “tregua” que había mantenido el gobierno en cuanto a no modificar el marco legal.
Monroy explica que, de aprobarse esta reforma, se violarían los artículos 4 y 28 de la Constitución Federal, en materia de derecho a un medioambiente sano y de competencia económica y libre concurrencia, respectivamente. Por ello, las cámaras empresariales reaccionarán presentando juicios de amparo en forma colectiva.
El consenso de los analistas coincide en el sentido que la aprobación de la reforma enviará una señal peligrosa a la iniciativa privada en general, pues con esta iniciativa López Obrador remite un nuevo signo de autoritarismo y reafirma su compromiso con las peores prácticas y los peores intereses del turbio pasado mexicano.
¿La esperanza está en Washington?
Que intervenga la Casa Blanca quizá sea una de las últimas esperanzas para impedir mayores retrocesos, y tal vez ocurra, considerando que las tendencias tiránicas de López Obrador ya han sido detectadas y denunciadas en los Estados Unidos:
El 22 de octubre del 2020 un grupo bipartidista de más de 40 senadores y miembros de la Cámara de Representantes le escribió al entonces presidente Trump, pidiéndole su intervención para contener las malas prácticas de López Obrador en materia energética.
En respuesta, la administración Trump se comunicó en forma oficial con las autoridades mexicanas, por medio de una carta fechada el 11 de enero del 2021, pidiendo que México “cumpla con sus obligaciones del T-MEC” y enfatizando la importancia de “un clima de inversión atractivo, respaldado por regulaciones aplicadas de una manera no discriminatoria”.
Ahora falta ver qué tan proactivo será el enfoque de la administración Biden. Por lo pronto, Monroy considera poco probable que Joe Biden interceda en favor de alguna empresa en particular, a menos que el tema se inserte en el contexto de una negociación binacional más amplia, que quizá abarque temas como la relación migratoria o la seguridad, pero ello dependerá de qué tanto el mandatario americano opte por una relación más tensa con su vecino del sur.
En todo caso, el camino sería más o menos así: Una vez que la reforma propuesta por López Obrador se convierta en ley, las empresas interpondrán una lluvia de juicios de amparo. En caso de que esos amparos fracasen, entonces especialmente las compañías de origen extranjero podrían recurrir a los paneles de controversia contemplados en el T-MEC y eventualmente solicitar un apoyo más directo del Gobierno de los Estados Unidos.
Apostar por el pasado
Sin embargo, incluso si eventualmente logran detener en los tribunales el avance de las contrarreformas obradoristas, el daño a la economía, la modernidad y a la credibilidad de México ya estará hecho.
Hoy los inversionistas voltean hacia México y observan no sólo el país violento, corrupto y peligroso que ya era antes del 2018; sino también un país dogmático y crecientemente autoritario, donde los proyectos están a merced de un capricho del residente de Palacio Nacional.
Eso es grave, pues la única razón por la que México no ha colapsado al nivel de los más pobres países africanos es por la vecindad (y el comercio) con Estados Unidos. Sin embargo, ni siquiera esa enorme ventaja puede compensar las consecuencias de un Gobierno dirigido por el resentimiento, la incompetencia y las viejas mafias políticas.
“Pa’ acabar pronto”: Ni siquiera 3,000 km de frontera son suficientes para compensar el daño que produce y que puede multiplicar un sólo López Obrador.
Gerardo Garibay Camarena, is a doctor of law, writer and political analyst with experience in the public and private sectors. His new book is "How to Play Chess Without Craps: A Guide to Reading Politics and Understanding Politicians" // Gerardo Garibay Camarena es doctor en derecho, escritor y analista político con experiencia en el sector público y privado. Su nuevo libro es “Cómo jugar al ajedrez Sin dados: Una guía para leer la política y entender a los políticos”