Read in English
El dinero privado en las elecciones estadounidenses no es nada nuevo. Al referirse a la victoria electoral de Andrew Jackson en 1828, considerada por muchos como la encarnación del modelo de mecenazgo, un senador de Nueva York dijo, “que al vencedor le pertenece el botín“. Consecuentemente, el apoyo y la práctica de devolver los favores por medio de cargos gubernamentales, contratos y otros mecanismos, instituyó un sistema de botín que alcanzó proporciones épicas y corrompió de tal manera el ejercicio de la soberanía popular, que el llamamiento a reglamentaciones necesarias se convirtió en un clamor común.
Dinero privado para cargos públicos
En 1867, la Ley de “Apropiaciones Navales” se convirtió en la primera ley federal de financiación de campañas. En este caso, fue una prohibición hacia los oficiales navales y los empleados del gobierno para que no solicitaran contribuciones del personal de la Armada. Posteriormente, la “Ley de Reforma” de la Administración Pública de Pendleton de 1883 extendió las restricciones de la solicitud de fondos de campaña otorgados a los militares de la Armada al sector de la administración pública de servicio civil federal.
Desde entonces y hasta el día de hoy, han tratado de mejorar los problemas del dinero privado en el proceso político de una democracia y la posibilidad de tráfico de influencias, amiguismo, nepotismo y toda una serie de otros indeseables en una república libre con numerosas leyes federales de financiación de campañas, siendo la Ley de Reforma de Campañas Bipartidistas de 2002 o “McCain-Feingold” la última legislación integral aprobada.
Hasta ahora, los desafíos que enfrenta el sistema político de los EE.UU. en lo que respecta a la asignación de fondos privados para cubrir los costos de las campañas políticas, ha sido aceptado como una forma de libre expresión protegida por la Primera Enmienda y resuelto por la Corte Suprema en el caso Citizens United v. Federal Election Commission (2010). En otras palabras, la noción de dinero privado destinado a los titulares de cargos públicos parece haber llegado para quedarse.
Por lo tanto, la Comisión Federal de Elección (CFE), establecida en 1975 y facultada por la Ley Federal de Campañas Electorales de 1971, tiene una presencia continua en los procesos electorales de los EE.UU. en ejercicio de su capacidad como órgano regulador independiente que aplica las leyes de financiación de las campañas y divulga información financiera pertinente relativa a los agentes políticos. Por muy poderoso e importante que sea el papel de la CFE en la política estadounidense, ésta cede un terreno enorme a los estados en la medida en que se “dona” dinero a algunos de sus gobiernos locales y departamentos electorales de los condados. Este es un terreno nuevo y peligroso.
En las elecciones de 2020, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, por medio de dos de sus organizaciones sin fines de lucro, el Centro de Tecnología y Vida Cívica (CTVC) y el Centro de Innovación e Investigación Electoral (CIIE), canalizó un total de 419 millones de dólares (CTVC: 350 millones de dólares; CIIE; 69,5 millones de dólares) a las arcas de los condados seleccionados en determinados estados que son campos de batalla para ayudar en el proceso electoral mediante subvenciones. Las organizaciones de Zuckerberg no fueron las únicas, aunque fueron la más generosas en su contribución política. Otras entidades con esquemas similares incluyen: El “Fondo para la Democracia”, el “Fondo New Venture”, la “Fundación Skoll” y la “Fundación Knight”.
Los benefactores de este desembolso masivo de dinero privado insisten en su importancia para facilitar el proceso de elección dentro de sus jurisdicciones. Bill Turner, director en funciones de Servicios al Votante en el Condado de Chester, Pennsylvania, un condado que rodea a Filadelfia, acreditó los 2,5 millones de dólares que el Condado de Chester recibió para la elección como “esenciales“.
La suma entrega pagó por empleomanía adicional, máquinas de escaneo de boletas, equipo de protección para los trabajadores, y espacio adicional de alquiler de alojamiento. EL CTVC solamente emitió subvenciones a más de 2.500 jurisdicciones. El colosal problema de este gesto, aparentemente benévolo, es que se dirigió específicamente a jurisdicciones que eran vitales para el Partido Demócrata. Las zonas rurales y los bastiones republicanos fueron ignorados por las entidades de Zuckerberg que dieron dinero en las elecciones.
El “Proyecto Amistad” publicó recientemente “La legitimidad y el efecto de la financiación privada en los procesos electorales federales y estatales” (Informe), un informe de treinta y nueve páginas preparado por Phill Kline de la Sociedad Thomas More. Contiene una acusación moral y potencialmente legal del empleo de capital privado, bajo el disfraz de “subvenciones”, para eludir las leyes electorales estatales y federales.
El informe argumenta con fuerza que los requisitos impuestos por el CTVC para recibir las “subvenciones” violaban claramente las leyes electorales estatales y sobrepasaban los límites constitucionales. La forma en que el CTLC de Zuckerberg extendió selectivamente el dinero dio como resultado, según el Informe, a un gasto de aproximadamente 47 dólares asignados por votante en los bastiones demócratas, en comparación con 4 a 7 dólares en las jurisdicciones clásicamente republicanas.
La razón por la que el Congreso ha determinado, históricamente, que las leyes de financiación de las campañas electorales eran cruciales para intentar limitar la corrupción política que podía producirse cuando el capital privado se invertía en el proceso político de una república, era evidente. El dinero puede comprar los resultados de las elecciones y los políticos.
Las ONG’s como las que pertenecen a Zuckerberg son máquinas políticas ideológicas y partidistas. Operan como Comités de Acción Político. La apariencia que pretender manifestar de ser defensores de la democracia, actuando sobre una base no partidista, y uno sin ataduras de los prejuicios de una cosmovisión del mundo, es puro teatro. A estas organizaciones oscuras no se les debe permitir eludir las leyes de financiación de campañas y corromper la democracia de los EE.UU.
El mecanismo establecido de la CFE está allí para intentar lograr un proceso razonable de elecciones justas y honestas y más tarde, un sistema desprovisto de corrupción. Debe abordarse sobre el peligro institucional que entidades como estas representan.
Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.