Los valores en que se asienta la cultura occidental han sido sometidos a un ataque silencioso desde hace al menos cuatro décadas por las viudas del marxismo-leninismo que vieron en la compartimentalización de la población la forma de nublar la visión de conjunto y horadar las instituciones democráticas. Así comenzaron sus lideres a dividirnos en mujeres contra hombres; afrodescendientes contra anglosajones; homosexuales contra heterosexuales y muchas otras clasificaciones grupales más.
Esta táctica permite a la causa totalitaria reponerse de la derrota experimentada en todas las latitudes del globo terráqueo en la década de los años setenta y ochenta cuando los pueblos optaron por la libertad. Es en ese espacio temporal que la mayoría de las naciones dieron muestras de preferir sistemas políticos basados en la separación de Estado e iglesia; el imperio del Estado de derecho; la separación de poderes y; el respeto a un conjunto de derechos ciudadanos entre los cuales destacan el derecho a autodeterminación (elegir libremente a los gobernantes); la expresión; la asociación y la propiedad privada.
Esta nueva forma de concebir y administrar el poder permitió que creciera el comercio, se universalizara la educación y la ciudadanía participara en la moldeada de las políticas públicas. De manera que conceptos como la dictadura del proletariado, el partido único y la cesión de la voluntad individual al Estado no podían tener arraigo o éxito alguno en las naciones lideres del mundo cuya población mayoritariamente prefería la libertad. Tampoco los mercados emergentes parecían entusiasmarse por esta narrativa que lucía desadaptada al progreso.
Por ello, a partir de los años setenta se inicio una guerra silenciosa contra los pilares de la cultura occidental. No se trataba, indicaron los herederos del marxismo, de destruir las democracias, sino de perfeccionarlas. Porque en cada democracia había un núcleo de la población excluido del progreso. Había, por ende, que identificar cada núcleo y promover la emergencia de liderazgos capaces de compartamentalizar las diversas luchas por la igualdad, el respeto a los derechos civiles y el acceso a oportunidades de progreso. Y en ese proceso se perdió la visión de conjunto; las causas se hicieron partisanas y la población se polarizo.
Una población polarizada impide el funcionamiento eficiente de cualquier democracia porque es imposible tomar decisiones a tiempo y con tino. Además, es imposible adelantar un diálogo democrático porque cada facción está convencida de que estamos en un juego suma cero en el cual cualquier concesión es una derrota.
La ausencia de diálogo democrático y de construcción de consensos lleva a la parálisis de las instituciones y con ella al descreer ciudadano en ellas. Se comienza a dudar del sistema de administración de justicia, del sistema electoral, de las alcaldías, de las bondades del comercio y se exige cada vez mayor intervención estatal. En síntesis, de desbaratar el ordenamiento jurídico y el entramado institucional que liberó al hombre de las tiranías. Comienza a avizorarse la anarquía y con ella la población busca refugio en mayor intervención estatal.
Este ciclo macabro pareciera estar llegando a su fin. Porque el COVID-19 desató una evaluación de la situación de los individuos y de las naciones que ha llevado al convencimiento que los cambios solo se logran cuando toda la sociedad civil los apoya. En Europa comienza a verse con claridad una marcada preferencia de la ciudadanía por el fortalecimiento del Estado de derecho.
Esto se ve en las movilizaciones contra las tentativas de Víctor Órban de avasallar a la sociedad civil húngara. En Francia, España y Portugal las fuerzas de extrema derecha e izquierda están dando paso a movimientos de redención democrática. En Estados Unidos el partido Republicano evalúa opciones de liderazgo distintas a Donald Trump y en América Latina Chile y Brasil han iniciado una suerte de renovación democrática inspirada en Montesquieu. Perú, mientras tanto, ha impedido que un jefe de Estado con tendencias radicales cree anarquía o colapso económico. Y en Bolivia los santacruceños luchan día a día por el derecho a la libertad. ¡Signos interesantes para analizar el 2023!
Este artículo forma parte de un acuerdo entre El American y el Interamerican Institute for Democracy.
Beatrice Rangel es directora del Interamerican Institute for Democracy, Managing Director de AMLA Consulting, responsable de negociar e implementar estrategias y adquisiciones de inversión corporativas en América Latina y el Caribe. Exmiembro ejecutivo de Wharton School de la Universidad de Pennsylvania // Beatrice Rangel is Director of the Interamerican Institute for Democracy, Managing Director of AMLA Consulting, responsible for negotiating and implementing corporate investment strategies and acquisitions in Latin America and the Caribbean. Former Executive Fellow of the Wharton School of the University of Pennsylvania.