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La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 24 hechos violentos en Colombia entre el 21 de enero y el 17 de febrero, en el marco del cese el fuego bilateral del Gobierno con cuatro grupos armados ilegales, informó este miércoles ese organismo.
En total, señala el informe “Monitoreo defensorial –Segundo boletín Situación de DDHH y DIH Cese al Fuego: 21 enero– 17 febrero 2023”, hubo cinco acciones bélicas entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales que hacen parte del cese bilateral y 19 hostilidades de otro tipo que involucran a los criminales.
En su búsqueda de la paz total en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 31 de diciembre un cese el fuego por seis meses con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los paramilitares de la Sierra Nevada.
Sin embargo, días después el ELN dijo que no se sumaba a ese pacto porque fue anunciado sin haber sido acordado en la mesa de negociación en Caracas y de forma unilateral.
Acciones de los grupos armados
Las acciones bélicas involucraron “directamente a la Fuerza Pública y al Comando Coordinador de Occidente de la facción disidente de las antiguas FARC-EP denominada Estado Mayor Central” y “la totalidad de los hechos ocurrieron en el departamento del Cauca (suroeste), en zonas que cuentan con Alertas Tempranas vigentes y en proceso de seguimiento”.
Estas acciones fueron hostigamientos de las disidencias dos veces a una estación policial del municipio de Corinto, el 10 y el 23 de febrero, y a un grupo del Ejército en Buenos Aires, el 23 de enero.
También hubo un enfrentamiento en el municipio de Argelia, el 9 de febrero, y tres días después se registró otro combate en una zona rural de Balboa.
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Las otras hostilidades, entre tanto, involucran pintadas, patrullajes armados, asesinatos de civiles, secuestros, circulación de panfletos, masacres y enfrentamientos entre los grupos ilegales en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, Meta, Cundinamarca, Caquetá, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
Estas acciones “aunque no tuvieron lugar directamente entre fuerza pública y alguno de los grupos aludidos en los Decretos del Gobierno nacional, sí generaron impactos humanitarios y/o de vulneración a los derechos humanos o al DIH (Derecho Internacional Humanitario) por parte de algunos de los cuatro grupos armados”.
“Se considera que su efecto es indirecto en relación con la implementación de los señalados Decretos, pero con claro impacto sobre la situación de DD.HH de las comunidades y procesos sociales y organizativos que habitan los territorios donde dichos actores tienen algún tipo de accionar”, añadió la Defensoría.
