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Biden se prepara para utilizar a las instituciones como una pieza más de su tablero de tácticas partidistas.
El hecho de que 25,000 soldados de la Guardia Nacional custodien el Capitolio de Washington durante su toma de posesión, -tres veces el número de efectivos estadounidenses actualmente desplegados en Irak y Afganistán juntos- es una mala noticia para la democracia.
La mafia de Silicón Valley y los medios de comunicación, al servicio del poderoso aparato del Partido Demócrata, se han aferrado a la tesis de que el asalto al Capitolio solo fue autoría de una turba de seguidores de Trump y no la han querido soltar para que el uso excesivo de la fuerza justifique una repuesta contundente a los traidores a la patria.
Perfectamente orquestados, mientras los agitadores mediáticos, prisionero de su propia retórica, arremeten con el uso de la mentira y la censura selectiva para imputar a Trump como responsable del golpe de estado, los demócratas apuntan a una reiterada incitación al odio partidista. Es indecente propagar tanta desinformación y, a la vez, protagonizar una cacería de brujas contra las voces que no comulgan con su pensamiento único.
El propósito de su campaña no se mide tanto por el interés de desvelar una verdad como instrumentalizar el asalto al Capitolio para demonizar a Trump y a sus partidarios. Y su narrativa en lugar de unir al país, lo ha crispado aún más, excitando el sectarismo y creando un clima de permanente sospecha contra todo el que dude de la integridad de las elecciones y exija más libertad de expresión.
A partir de ahora, más de medio país podría estar siendo acusado de mantener algún tipo de complicidad moral con los autores intelectuales y materiales de este “golpe de Estado”. La obsesión de los sectores de izquierda por establecer estas líneas divisorias podría crear una ola de indignación en la sociedad civil nunca vista.
Somos partidarios de que la justicia sancione los actos violentos contra las instituciones democráticas, pero también de que se aclaren todos los resortes que se esconden detrás de cualquier protesta al servicio de una manipulación política.
La consolidación de una influyente extrema izquierda política con la complacencia de medios de comunicación vinculados a la élite del Partido Demócrata, y la desautorización de los líderes de la derecha que tienden a un discurso moderado y complaciente, ha servido para encubrir la alarmante tensión política que vive el país, todavía bajo la fractura civil de las protestas que estallaron en más de 30 ciudades tras la muerte de George Floyd y que dejaron millonarios daños en edificios públicos, saqueos a establecimientos comerciales y un daño irreparable al Estado de derecho.
Los militares: próxima purga de los demócratas
Precisamente, una de las conclusiones más alarmantes de la investigación que hiciera en su día el Congreso sobre el 11-S fue la comprobación de que la incongruencia de cuerpos policiales y agencias de inteligencia coordinadas por los respectivos estados era un obstáculo a la prevención antiterrorista.
La falta de liderazgo de numerosos representantes públicos a la hora de garantizar el orden y la seguridad durante las manifestaciones les deja en una situación muy comprometida y les obliga a dar una explicación detallada de los hechos.
Es el caso del gobernador demócrata de Washington, Jay Inslee, quien calificó como provocación que Trump ordenara el envío de fuerzas de seguridad federales para parar la violencia y restablecer la seguridad y la protección en la ciudad de Seattle.
Poco hizo entonces Inslee para repeler las acciones violetas organizadas entonces por “Antifa” y “BLM”. Sin embargo, el gobernador no dudó en convocar hace tan sólo una semana a 750 miembros de la Guardia para defender a los legisladores del odio de los grupos de derecha, y para que pudieran ejercer sus derechos de la Primera Enmienda en el campus del Capitolio.
Resulta siempre llamativo cómo las manifestaciones violentas en Estados Unidos son admitidas o rechazadas en función de quienes las promueven.
¿Por qué los demócratas rechazaron rotundamente la presencia de la Guardia Nacional durante los actos de terrorismo urbano organizados por la izquierda, y ahora exigen la presencia de 25 mil soldados en el Capitolio para asegurar el acto de investidura contra la supuesta ira de los conservadores?
En el mes de junio de 2020 y para hacer frente a las guerrillas urbanas de los grupos de izquierda que sacudieron buena parte del país, Donald Trump se vio obligado a desplegar las tropas de la Guardia Nacional en al menos 15 estados y en Washington D.C.
Tras cronificarse la violencia, el Servicio Secreto, encargado de la seguridad del presidente, tomó la decisión de trasladarlo al búnker subterráneo de la Casa Blanca para protegerlo de la amenaza creciente de los grupos violentos. La prensa no le dio mayor importancia a esta grave amenaza contra el principal representante del poder ejecutivo e impuso un férreo apagón informativo.
Aquellos disturbios no sólo reflejaron la inestabilidad institucional o la conflictividad jurídica que padecían algunos estados regidos por demócratas, sino que también crearon un profundo desgaste en el tejido social y en la calidad de la democracia.
A partir de este momento el proceso para vulnerar el imperio de la ley y quebrantar las reglas de la democracia se convirtió en un problema de máxima gravedad que situaba al gobierno federal en la responsabilidad de proteger la convivencia y la libertad política frente a la estrategia del odio ideológico sistémico.
Los gobernadores y alcaldes de Washington, San Luis, Minneapoli, Portland o Nueva York llamaban a la moderación y la proporcionalidad para hacer frente a la violencia subversiva que al amparo institucional se había apropiado de las ciudades y cuyo objetivo era generar perturbaciones desestabilizadoras del régimen constitucional.
El protectorado que ejercieron estos representantes púbicos sobre los grupos extremistas se consideró una humillación para el Estado, y algunos expertos llegaron a calificarlo como una grave infracción de sus deberes constitucionales y de su compromiso de gobierno a la hora de defender la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.
Curiosamente, por aquellos días la prensa avivó una teoría conspirativa proveniente de la izquierda para inquietar a la opinión publica de que Trump podría utilizar la “Ley de insurrección”, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1807, para emplear el ejercito contra las protestas.
Con la victimización como relato de campaña, la élite mediática cuestionó la decisión de Trump para que la Guardia Nacional participara en el dispositivo de seguridad contra las manifestaciones violentas. Para echar más leña al fuego, los informativos de los medios progresistas cuestionaron la presencia del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, vestido con uniforme de campaña durante la foto oficial que Donald Trump se hiciera frente a una iglesia que había sido vandalizada durante las protestas cerca de la Casa Blanca.
Contra la separación de poderes
La obsesión de convertir al ejército de Estado Unidos en diana de acusaciones forma parte de una estrategia prioritaria de los sectores más extremistas de la izquierda que buscan un venenoso caldo de cultivo para desacreditar a los mandos superiores incómodos y amoldarlos a los esquemas de la izquierda más ideologizada.
En una entrevista concedida el pasado lunes a la cadena CNN, Steve Cohen, representante demócrata por Tennessee, insinuó la necesidad de llevar a cabo una purga dentro de la Guardia Nacional con el fin de garantizar que los altos mandos estuvieran alineados con los programas de su partido.
“La Guardia Nacional está compuesta en un 90 % por hombres blancos, de los cuales solo el 20 % votó por Biden”, dijo Cohen. Y añadió: “Dada su condición predominantemente conservadora (…) probablemente no sean más del 25 % los guardias que estén dispuestos a protegernos”.
Por su parte, unas declaraciones formuladas por Nancy Pelosi en las que advertía que el presidente de la Cámara de Representantes pudiera intervenir en la cadena de mando para proteger al mundo del presidente Trump, han sembrado la intranquilidad en buena parte de las esferas del Estado y constituyen un signo claro del deterioro institucional que podría sufrir Estados Unidos bajo el poder totalitario de los demócratas.
Casualmente, Pelosi aseguró a principios de enero haber hablado con el general Mark Milley con el propósito de tomar las precauciones pertinentes para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear.
Según se desprende de sus declaraciones, Pelosi habría intentado instrumentalizar a la cúpula del ejercito con fines partidistas, en un esfuerzo por aparentar mantener el control de las fuerzas armadas y, a través de ellas, del Estado.
La llamada de Nancy Pelosi al general Milley constituye un atentado contra la separación de poderes al tratar de atribuir al poder legislativo decisiones que solo competen al ámbito militar, de acuerdo a la Constitución. Algunos expertos han ido más allá al calificar la decisión de la presidenta del Congreso como una artimaña de confabulación con los militares para deponer al presidente electo.
De ahí que los sucesos violentos que tuvieron lugar en el Capitolio de Estados Unidos -sobre los que, por cierto, el FBI y pocos medios han cuestionado hasta el momento si entre los asaltantes pudieran encontrarse miembros encubiertos de “Antifa” y “BLM”- parecen diseñados como un traje a la medida de Biden con el fin de dotarle de unos tan amplios como absolutos poderes.
No hay precedentes en la democracia de Estados Unidos de unos políticos tan lesivos para el interés nacional. El partido demócrata y sus medios afines deberían frenar sus injustificadas especulaciones sobre los principales líderes del ejército de Estados Unidos y dejar de socavar irresponsablemente el prestigio de una institución con más de 245 años de servicio a la Constitución y al pueblo americano.
Este proceso de confrontación contra el imperio de la ley que ha sacudido a Estados Unidos en el último año tendría indicios de insensatez si no fuera por el dramatismo de la situación y porque, en el fragor de la batalla ideológica, se ha quebrado la confianza entre los dos principales partidos en un asunto extremadamente sensible como es la seguridad y la independencia de los poderes del Estado.
Juan Carlos Sánchez, journalist and writer. His columns are published in different newspapers in Spain and the United States. He is the author of several books and is preparing the essay "Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces" // Juan Carlos es periodista y escritor. Sus columnas se publican en diferentes diarios de España y EE.UU. Autor de varios libros, tiene en preparación la obra de ensayo “Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces”