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Presos políticos de Biden, El American

6 de enero: ¿justicia aliada con Biden?

Este es el preludio para descarrilar a la oposición. Es abominable que esto pueda ocurrir

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Estados Unidos se ha encaminado por el camino equivocado. El Partido Demócrata de Obama, alineado con los medios de comunicación industriales, las Big Tech y los capitalistas woke, están tratando de instalar un régimen autoritario que pueda imponer sus variantes de guion del marxismo cultural. Las “filtraciones” organizadas de los procedimientos de la Corte Suprema, la sanción del gobierno de la mafia para deshacer los controles y equilibrios en el camino hacia el socialismo, un Mickey Mouse marxista que promueve la Ideología de Género son todos síntomas del debilitamiento dirigido de la República Americana. No debería sorprender a nadie y alarmar a todo el mundo que hoy existan presos políticos en Estados Unidos.

El asalto al Capitolio del 6 de enero fue un acto ilegal. Hubo allanamiento y vandalismo. Las leyes aplicables deberían abordar estos agravios. Sin embargo, lo que estamos presenciando es la utilización del sistema judicial, facilitada por su ubicación geográfica, jurisdiccional, para reprimir a la oposición. Miles de grabaciones de videovigilancia afirman que la mayoría de los intrusos americanos que entraron en el edificio del Capitolio ese día, lo hicieron a través de puertas abiertas y muchos fueron recibidos por agentes de policía que los saludaron. Aunque será necesario un cambio de poder en Washington para llegar al fondo de lo que realmente ocurrió el 6 de enero, una cosa es segura: no se trató de una “insurrección”, y mucho menos de un intento de “derrocar” al gobierno.  

Creer que una multitud alborotada, que se dedicaba sobre todo a hacer fotos dentro de un edificio federal, puede equipararse de alguna manera a una insurrección para derrocar al gobierno, es absurdo. Ningún intruso del Capitolio portaba armas. Fue un acto ilegal y lamentable. Sin embargo, no fue una sedición, una insurrección o una conspiración para provocar la caída del sistema.

Las revoluciones necesitan mártires y agresores. El levantamiento marxista de 2020 tras la muerte de George Floyd, un delincuente convicto, fue la chispa que se utilizó para intentar realizar una revisión revolucionaria del orden existente. Los culpables, al igual que las víctimas, también son necesarios. Así, la izquierda fabricó una teoría de la conspiración de la supremacía nacional blanca para encajar la narrativa que podría fermentar una política para criminalizar la disidencia. El terrorismo doméstico, tras la exitosa maniobra electoral del izquierdismo en 2020, necesitaba desesperadamente villanos en los que intentar incrustar los dogmas neo-marxistas, como la teoría crítica de la raza, y la ideología de género en el marco psicológico de la nación.

Los autores del 6 de enero han sido el grupo elegido para promover una campaña de terror suave contra los 75 millones de americanos que simpatizan con Donald Trump o el republicanismo trumpista. Cuando el 4 de mayo Biden calificó al movimiento MAGA, como el grupo “más extremo” de la historia reciente de Estados Unidos, se hizo eco del sentir de la izquierda radical que engloba al partido más antiguo de Estados Unidos (Partido Demócrata). Esta escandalosa declaración del actual presidente americano encarna el abuso de poder político que se ha venido practicando desde su toma de posesión en enero de 2021.

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El Distrito de Columbia (DC) bien puede ser el enclave más izquierdista del planeta. En este lugar territorial, donde la mayoría de sus residentes podrían clasificarse fácilmente como socialistas, se encuentra la sede donde se están celebrando la mayoría de los juicios contra los intrusos del Capitolio.

El DC es una anomalía en el paisaje demográfico de Estados Unidos. Es realmente un enclave de izquierdismo. El fiscal de Estados Unidos para el DC, Matthew Graves, ha tenido éxito en la obtención de veredictos de culpabilidad por parte de los jurados contra los acusados del 6 de enero. Esto no debería sorprender a nadie, dado el grupo de jurados que viven en este distrito. Ahora Kathryn Rakoczy, el fiscal jefe del ejército legal de Graves, está buscando posibles sentencias de cadena perpetua para algunos de los autores del 6 de enero.

Algunos miembros de los Oath Keepers han sido específicamente señalados en este error judicial. El Departamento de Justicia de Biden ha estado buscando estratégicamente acuerdos de declaración de culpabilidad de los acusados. Bajo la amenaza de la intimidante guillotina de las sentencias de por vida, la mayoría ha sucumbido y ha aceptado cargos por crímenes que no cometieron. El objetivo de conseguir que los acusados se declaren culpables de “conspiración sediciosa” y “obstrucción de un procedimiento oficial”, aunque no hayan cometido ningún delito, es fabricar la premisa del terrorismo doméstico. Este es el preludio para descarrilar a la oposición. Es abominable que esto pueda ocurrir en los Estados Unidos.

Los implicados no fueron acusados de posesión de armas. No llevaban ni remotamente nada que pudiera interpretarse como tal. Los citados Oath Keepers no destruyeron ninguna propiedad, por lo que no hay cargos de vandalismo. Además, entraron en el edificio del Capitolio después de que la junta del Congreso hubiera entrado en receso. En otras palabras, no interrumpieron ninguna acción del Congreso. Sin embargo, el asalto socialista necesita que sus agresores establezcan la coartada de la represión.   

Estamos asistiendo a un asalto criminal a Estados Unidos. Se está manipulando el principio del Estado de derecho. La administración Biden está, vergonzosamente, manteniendo presos políticos.

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