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Capitolio, inteligencia, ataques

El 6 de enero y el afán autoritario de los demócratas

A pesar de la conclusión del FBI, los demócratas persisten en falsear la verdad, buscan criminalizar la disidencia y, en una gestión autoritaria clara, han iniciado la persecución política de los conservadores

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El FBI, después de terminar una investigación exhaustiva el 20 de agosto que duró más de ocho meses, concluyó que la violación del Capitolio en enero no fue coordinada centralmente por el expresidente Donald Trump, sus partidarios o algún grupo de “extrema derecha”, según Reuters.

Uno pensaría que todas las nociones de teoría de la conspiración de un grupo “supremacista blanco”, “nacionalista blanco” o “ultraderechista” que encabezó centralmente la entrada ilegal del 6 de enero en el Capitolio, como la izquierda americana ha propagado, habrían muerto. Después de todo, esa mentira de “Blue Anon” ha sido, con la investigación del FBI, completamente desmentida. Los demócratas, sin embargo, persisten en falsear la verdad, buscan criminalizar la disidencia y, en una gestión autoritaria clara, han iniciado la persecución política de los conservadores. 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la ideológica Comisión del 6 de Enero (“Comisión”), preparó el escenario el martes 24 de agosto para el agravio caprichoso contra Trump y la mitad del país que votó por él. A pesar de que la conclusión del FBI hace que estas audiencias sean un punto legal mudo, el representante Bennie Thomas (D-MS), que preside este órgano de investigación partidista, envió al día siguiente cartas a ocho agencias federales en busca de registros de Trump, miembros de su familia, personal de su administración y docenas de personas externas que la izquierda gobernante ha decidido que pueden tener vínculos con el 45º presidente (Trump).

Las demandas citadas exigen la entrega de todos los documentos y las comunicaciones de la Casa Blanca desde el 1 de abril de 2020 hasta el 20 de enero de 2021, según Politico. Además, según informa el referido sitio de noticias, el material solicitado que tiene como fecha límite el 9 de septiembre, incluye a aquellas figuras, tanto dentro como fuera de los círculos del gobierno, como Hope Hicks, el exasesor de seguridad nacional Robert O’Brien, el asesor de Trump Peter Navarro, Kayleigh McEnany, Steve Bannon, Michael Flynn, Melania Trump, todos los hijos adultos de Trump excepto Tiffany Trump, Kimberly Guilfoyle, Rudy Giuliani, Enrique Tarrio, George Papadopoulos, Jack Posobiec y Roger Stone. El periodista de Politico, Kyle Cheney, ofreció la lista completa en un tuit.

El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-CA), eligió desde el principio a los representantes Jim Banks (R-IN) y Jim Jordan (R-OH) para presidir el Comisión. Sin embargo, estos republicanos no convenían a Pelosi y su poder dictatorial en la Cámara baja, bloqueó las elecciones de McCarthy. En su lugar, Pelosi eligió a Liz Cheney (R-WY) y Adam Kinzinger (R-IL), ambos, fanáticos, “nunca trumpistas”.

Este amplio abuso de poder, por parte de los demócratas, busca, no determinar si hubo una actividad subversiva organizada en la violación del Capitolio. La investigación exhaustiva del FBI determinó enfáticamente que no fue así. Las detenciones de más de 570 presuntos participantes en el evento del 6 de enero, sólo han arrojado 40 cargos de participación en disturbios relacionados y 170 cargos por agredir a un oficial de policía. Sin embargo, no se han presentado las acusaciones de “sedición” y “crimen organizado”, cargos legales necesarios para calificar la falsa etiqueta de “insurrección” que los teóricos de la conspiración de la izquierda y los operativos demócratas han estado difundiendo contra los conservadores, los partidarios de Trump y el propio Trump. Ni siquiera uno.

El Partido Demócrata está violando todos los ámbitos moral e institucionalmente permisibles de un gobierno republicano. Su persistencia en buscar cualquier vía posible para impedir que los conservadores puedan participar en la vida pública, a pesar de las determinaciones de la principal agencia policial del país y del Departamento de Justicia, es pura persecución política. Son cosas que ocurren en los regímenes autoritarios. Ahora están ocurriendo en los Estados Unidos de Biden/Harris.  

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