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Por Simon Hankinson*
The Free Dictionary define un “tejido de mentiras” como “una serie de afirmaciones falsas hechas para ocultar deliberadamente la verdad”.
Bajo esta definición debería incluirse una copia de la “Actualización sobre la seguridad y preparación de la frontera suroeste antes del levantamiento del Título 42 por orden judicial” del Departamento de Seguridad Nacional.
En él, la administración Biden-Harris se exime de toda responsabilidad por el desastre sin paliativos en la frontera sur de Estados Unidos, culpando en su lugar a las condiciones globales y al Congreso.
Pero lo cierto es que el presidente Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas son dueños tanto del caos actual como de lo que ocurra después del 21 de diciembre, cuando ya no puedan utilizar el Título 42 para expulsar a inmigrantes ilegales extranjeros.
He aquí las mayores mentiras de la “Actualización”:
1. La culpa es del Congreso
Biden pide a los legisladores 3.500 millones de dólares de emergencia para que el DHS se ocupe de la frontera. El presidente del Comité de Asignaciones de Seguridad Nacional del Senado, el demócrata por Connecticut Chris Murphy, afirma con poca sinceridad que “todavía hay un montón de republicanos que están alentando el caos en la frontera… ” y que él solo quiere “asegurarse de que tenemos suficiente dinero para dejar que los guardias fronterizos hagan su trabajo”.
De hecho, los agentes de la Patrulla Fronteriza no están haciendo su trabajo porque Mayorkas los tiene actuando como oficinistas para procesar y poner en libertad condicional a miles de inmigrantes ilegales a la semana. Si alguien quiere caos, es la administración Biden, que lo está utilizando para extorsionar al Congreso con dinero y concesiones radicales.
El memorando afirma que “a falta de una acción del Congreso para promulgar una reforma integral de la inmigración” (en la que incluyen la amnistía) y “crear un sistema de asilo justo, rápido y operativo”, habrá hacinamiento en las instalaciones y liberación masiva de extranjeros ilegales “desde la custodia del DHS a las comunidades sin el apoyo de ONG [organizaciones no gubernamentales] u otros patrocinadores”.
Eso es un chantaje. Los miles de millones adicionales que Biden quiere se destinarían a la maquinaria migratoria de Mayorkas para procesar y poner en libertad condicional a millones de inmigrantes, no para mantenerlos fuera del país o detener el flujo de drogas asesinas.
2. Estaba roto cuando lo encontramos
En la “Actualización” del DHS, la administración Biden afirma que heredó un “sistema de inmigración roto y desmantelado”. Esto es una falsedad patente. Bajo la Presidencia de Donald Trump, los cruces de inmigrantes ilegales se redujeron significativamente. En 2019, el peor año de Trump, hubo solo un tercio de los encuentros fronterizos que en el año fiscal 2022.
3. “El DHS ha estado ejecutando una estrategia integral… para asegurar nuestras fronteras y construir un proceso de inmigración seguro, ordenado y humano”
Error. Aunque la mayoría de los medios de comunicación nacionales no lo dicen, el flujo de inmigrantes ilegales, drogas, delincuentes conocidos y sospechosos de terrorismo ha alcanzado niveles históricos.
En el año fiscal 2021 hubo más de 1,7 millones de encuentros con extranjeros ilegales. En el año fiscal 2022 fueron 2,4 millones, y en lo que va del año fiscal 2023 se han producido más de 500.000. Esto no incluye los encuentros en los puertos de entrada legales, o más de un millón de “fugitivos” que se colaron en USA sin ser inspeccionados.
La avalancha de humanidad en la frontera ha desviado al DHS de su deber de interceptar a los extranjeros ilegales y el contrabando. Incluso The New York Times y The Washington Post informan cómo las muertes por fentanilo están afectando a comunidades de todo el país. Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, todo ese fentanilo llega a través de México.
Además, el proceso de inmigración de Biden no es “seguro”, porque al menos 557 migrantes murieron cruzando la frontera ilegalmente en 2021, y más de 800 murieron en el año fiscal 2022. No es “ordenado”, como se puede ver en las imágenes diarias de los medios de comunicación de miles de extranjeros cruzando la frontera ilegalmente a pie. No es “humano” para los ciudadanos americanos cercanos a la frontera, cuyas granjas y pueblos se llenan de un flujo rotativo de indigentes, ni para los inmigrantes ilegales, que se someten a robos, violaciones y asesinatos para traspasar nuestras fronteras.
4. No es culpa nuestra
La “Actualización” del DHS afirma que “el aumento de la migración… está en consonancia con tendencias globales más amplias”. Claro, la “inestabilidad económica y política” en lugares como Venezuela y Nicaragua hace que la gente quiera irse, pero la razón por la que realmente lo hacen es la alfombra de bienvenida extendida por la administración Biden al dejar entrar a todo el mundo y abusar del poder de libertad condicional para dejarles quedarse.
En 2022, la migración a Estados Unidos está causada por el mal Gobierno, la mala gestión económica y el aumento de la población desempleada. Sin embargo, en lugar de reconocer esa realidad, el DHS de Biden trata a millones de migrantes económicos como si fueran los pocos miles que huían del comunismo en 1952.
El régimen de Biden asume que toda persona que solicita la admisión en USA es un probable solicitante de asilo, a pesar de que el 90 % no tiene un “temor fundado de persecución”, como dice la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
5. No podemos hacer nada
Error. La administración tiene poderes existentes bajo la ley de inmigración de USA, así como programas probados como los Protocolos de Protección de Migrantes con México y los Acuerdos de Cooperación de Asilo con países centroamericanos que podrían haber mantenido a la mayoría de los potenciales solicitantes de asilo fuera de USA mientras se les daba el debido proceso.
En su lugar, el DHS los traslada lo más rápidamente posible a manos de ONG activistas amigas y los introduce en el país. Retiró a los agentes de la Patrulla Fronteriza de la frontera para que sellaran los documentos de libertad condicional. Construyó un Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste y más de 10 campamentos de tiendas de campaña para aumentar la capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de USA para alojar a los migrantes, y luego “duplicó… la capacidad para transportar a los no ciudadanos” con “cientos de vuelos y rutas de autobús por semana” para llevarlos dentro de USA y “a la siguiente etapa de su proceso de inmigración con la debida rapidez”, según la “Actualización”.
El DHS ha concedido más de 225 millones de dólares a ONG en subvenciones de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para alojar a extranjeros ilegales, comprarles billetes de avión y autobús a donde quieran ir y proporcionarles otro tipo de asistencia. Los extranjeros liberados casi nunca son expulsados. El DHS pide miles de millones más para hacer lo mismo.
6. La “Actualización” afirma que el DHS pretende “consecuencias claras” para aquellos que entren ilegalmente, y aquellos “incapaces de establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos” serán “rápidamente expulsados”
Esta es la mayor mentira de todas.
El DHS afirma que en el año fiscal 2022 “más de 1,4 millones de extranjeros fueron expulsados en virtud del Título 8 o expulsados en virtud del Título 42, más que cualquier año anterior”, pero hubo más de 2,7 millones de encuentros en la frontera, un récord histórico. Incluso si se admite que algunos encuentros se repitieron, el propio DHS admite que más de un millón de extranjeros ilegales fueron liberados en USA en el año fiscal 2022. En el año fiscal 2022, solo 69.019 extranjeros fueron deportados.
La política migratoria de Biden consiste en permitir que millones de personas entren en Estados Unidos y soliciten asilo, a pesar de la escasa probabilidad de que cumplan los requisitos, y luego negarse a deportar a quienes fracasen en el proceso. Esto otorga a millones de personas la residencia permanente de facto en Estados Unidos, una usurpación del poder del Congreso y una injusticia tanto para los inmigrantes legales que esperan en la cola como para los contribuyentes americanos que asumen los costes. El Congreso no debería financiarlo.
*Simon es investigador principal del Border Security and Immigration Center de The Heritage Foundation.
Este artículo forma parte de un acuerdo entre El American y The Heritage Foundation.
