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Los demócratas tienen dos armas para ganar elecciones, crear y movilizar clientelas electorales y manipular la mecánica del proceso electoral a su favor. Tras las elecciones de 2020 diversos estados promulgaron leyes para garantizar la integridad electoral. Arizona, Texas y Florida prohibieron la financiación privada de las oficinas electorales. Otros revisaron los límites de recolección de boletas por correo y fortalecieron la custodia estas y de los buzones.
Los gobernadores de Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, Michigan y Luisiana vetaron toda legislación que restringiera o prohibiera la financiación privada de elecciones. Un gigantesco y bien financiado aparato izquierdista de litigios atacó todas las reformas electorales posteriores a 2020 en tribunales federales y estatales. Ahora están bloqueando las reformas en los tribunales.
Arizona legisló para garantizar que únicamente ciudadanos se registren como votantes, e inmediatamente demandó la organización Mi Familia Vota. Kansas antes había intentado exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante. Demandó la ACLU y un juez federal falló en su favor en 2018. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia, la Corte Suprema no tomó el caso y los contribuyentes de Kansas pagaron los costos judiciales.
En Florida un juez federal anuló el paquete legislativo de integridad electoral SB90, aprobado tras las elecciones de 2020. La SB90 estableció que los buzones de entrega de boletas por correo fueran monitoreados para garantizar la seguridad de las boletas, prohibió que terceros interactuasen con los votantes a menos de 150 pies de buzones o casillas, redujo la validez de las solicitudes de voto por correo de dos elecciones a una y requirió que las solicitudes de boletas por correo incluyeran información de verificación del votante.
El Juez Mark E. Walker dictaminó que el requisito de proteger los buzones tendría impacto discriminatorio en los votantes negros, la prohibición de relacionarse con los votantes cerca de un buzón infringiría la primera enmienda y limitar la validez de solicitudes de voto por correo de dos elecciones a una elección violaría la Ley de Derechos Electorales, porque los votantes negros usan el voto por correo. También concluyó Walker que proporcionar parte del número de seguro social para solicitar boletas por correo perjudicaría más a los votantes blancos que a los votantes negros; y aceptó la legalidad del requisito.
Mi Familia Vota demandó la SB90 en Florida junto a la League of Women Voters of Florida Education Fund Inc, League of Women Voters of Florida Inc., Black Voters Matter Fund Inc. y Florida Alliance for Retired Americans Inc. Son organizaciones que se declaran “no partidistas”, pero la Florida Alliance for Retired Americans, según InfluenceWatch.com, sería una fachada de sindicatos dedicada impulsar la agenda progresista de izquierda a nivel local. Los registros federales señalan que están financiados por la AFL-CIO, el sindicato de trabajadores postales, SEIU y Amalgamated Transit Union.
¿Por qué es preocupante? Pues recuerde el papel de la burocracia sindical en la amplia “campaña en las sombras” de 2020 para ocultar información crítica, llegando a censurar medios en las grandes redes sociales, modificar las reglas e influir en los oficiales electorales y financiar, proteger y justificar saqueos incendiarios, entre otras cosas orgullosamente reveladas por la cómplice revista Time.
Hablando de “participación electoral” en 2020 cientos de millones de dólares en dinero privado financiaron todo eso. Ahora la administración Biden empleará al gobierno federal para promover la “participación electoral” en 2022, movilizando a todas las agencias federales por el voto de “comunidades históricamente marginadas” –un eufemismo para referirse a grupos raciales–.
Biden ya propuso un fondo federal de $10 mil millones para expandir las inyecciones de efectivo a las oficinas electorales, del tipo de las del 2020, por una década. También solicitó otros $5 mil millones para que Servicio Postal expanda el voto por correo. Aunque obtenga menos, se trata de cantidades que hacen insignificantes montos como los $300 millones de dólares que Mark Zuckerberg gastó en “participación electoral”, para que ocurriera lo que ocurrió en 2020. Todo junto señala el enorme riesgo de una nueva y mucho mayor “campaña en las sombras” contra una ola roja en 2022.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros