Read in English
Los fiscales argentinos Diego Luciani y Sergio Mola son objeto de una enorme presión en el juicio que se adelanta contra la expresidente y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. No solo se trata este de un caso judicial; la señalada intenta convertirlo en uno político al afirmar que “es un juicio contra el peronismo”.
Para el politólogo Marcos Novaro, el argumento del lawfare del que Cristina ha echado mano, es una desventaja para ella por estar en el poder y porque los resultados de la gestión no son para nada exitosos.
Pero vayamos a lo estrictamente judicial. “Cristina Kirchner y sus allegados habrían defraudado al fisco argentino con 5,321 millones de pesos argentinos (cerca de 926 millones de dólares). Esto, analizando las irregularidades de las 51 obras que Lázaro Báez, empresario de la provincia de Santa Cruz, habría ganado en licitación”, ha reseñado el diario La Tercera.
Luego de nueve largas audiencias en las que se mostraron documentos, conversaciones de WhatsApp, contratos públicos y licitaciones, Luciani indicó sobre la “matriz de corrupción”: “La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”. Los cargos que se le imputan a la expresidenta son los de asociación ilícita y fraude al fisco.
Pero lo que seguramente Luciani nunca imaginó, fue la campaña que el juicio desataría por parte del Grupo de Puebla y la Internacional Progresista para exonerar a priori a Cristina Kirchner, aunque existan numerosas pruebas en su contra. Lo que buscan dichas organizaciones es acusar a Luiciani y al sistema judicial argentino de ser “instrumentos de la derecha” para incriminar a la “compañera Cristina”.
De acuerdo con una nota difundida por la agencia oficial argentina, Telam, “El Grupo de Puebla lamenta y rechaza la guerra jurídica (lawfare) que se está llevando a cabo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos, en una declaración firmada por 26 dirigentes políticos de América Latina”. Manifiestan, además, que se “confirma la tendencia riesgosa pero lamentablemente común a otros casos en América Latina contra expresidentes como Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Dilma Rousseff, con un común denominador: las retaliaciones por su labor del lado del progresismo”.
Llama la atención que todos los casos mencionados por el Grupo de Puebla están ampliamente documentados, siendo uno de los más emblemáticos el de Evo Morales, basado en el fraude que el líder cocalero perpetró en las elecciones presidenciales bolivianas de 2019, el cual fue puesto al descubierto por un equipo de expertos y posteriormente verificado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Y es que para el Grupo de Puebla no importa si Cristina Kirchner, Lula, Correa, Morales y Rousseff son inocentes o culpables, sino que pertenecen a su logia; y por tanto deben ser defendidos por el resto de los miembros. Pero cuando se trata de sus adversarios, el Grupo los señala como culpables (aunque sean inocentes), por el solo hecho de no formar parte del clan.
Otro tanto hizo la Internacional Progresista cuando el pasado 24 de agosto difundió una carta firmada por cuatro presidentes en ejercicio, quienes opinaron que Cristina Kirchner era objeto de una “injustificable persecución judicial” con el objetivo de “implantar un modelo neoliberal”.
Increíblemente, la carta también está firmada por el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien, en lugar de defender el sistema judicial de su país en contra de las indebidas injerencias extranjeras, se puso al lado de Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Gustavo Petro para atacar a sus compatriotas jueces y fiscales.
No contento con eso, el mandatario argentino en el programa de televisión A Dos Voces, y en lo que constituye para algunos analistas una clara amenaza, expuso la idea de que al fiscal Luciani podría pasarle lo mismo que le sucedió al fiscal Nisman “que se suicidó”, cuando la sospecha generalizada es que fue asesinado por la investigación que llevaba a cabo en contra de la actual vicepresidenta.
Así las cosas, este sábado 27 de agosto el kirchnerismo llevó a cabo unas manifestaciones violentas para protestar por el juicio a Cristina. ¿El socialismo del siglo XXI busca que se haga justicia o defender a sus miembros por encima de la razón, la verdad y las leyes? En cierta manera, estas manifestaciones también constituyen una amenaza velada en contra quienes llevan el caso de Cristina incluyendo, por supuesto, al fiscal Luciani.
Los sectores democráticos de Iberoamérica deben reaccionar con contundencia frente a las presiones de los socialistas dentro y fuera de Argentina, para lograr que actúe la justicia e impedir que se instale la impunidad.
Nitu Pérez Osuna es una reconocida periodista venezolana en el exilio. Por muchos años fue una de las caras principales del canal de noticias más importante de su país, hasta que fue vendido a aliados de la dictadura chavista, por lo que fue despedida. Nitu Pérez Osuna es perseguida política de Nicolás Maduro y se ha dedicado a denunciar, no solo a la dictadura de su país, sino a los regímenes socialistas de todo el continente.