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YA HA PASADO más un año desde el 20 de junio de 2021 en que Nizar Banat, un activista palestino de derechos humanos de Cisjordania fue asesinado a golpes por policías de la Autoridad Palestina (AP). Un año en el que el asesinato de Banat y sus denuncias de la corrupción de la AP no fueron noticia para la prensa internacional. Ni fue noticia que por el asesinato de Banat estallaran protestas de palestinos en Ramallah contra el Gobierno de Mahmoud Abbas y la policía de la AP reprimiera brutalmente a los manifestantes y encarcelara a los que detuvo.
Pese a que los periodistas extranjeros que cubren el conflicto palestino-israelí saben que un importante activista de derechos humanos palestino fue asesinado a golpes por agentes de la policía palestina y han escuchado repetidamente de diversas fuentes que el asesinato habría sido ordenando desde los niveles más de altos de la Autoridad Palestina, prefirieron “ver a otro lado” ante el asesinato de Banat.
La administración Biden también decidió “ver a otro lado”, ya que el asesinato de Banat no estaba en la agenda de la reunión entre Biden y el presidente de la AP Mahmoud Abbas el 15 de julio en Belén, pese a que pedir explicaciones a Abbas sobre la liberación de los 14 oficiales de la AP acusados del secuestro y asesinato de Banat habría mejorado un poco la maltrecha imagen de Biden.
El director de la oficina de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (PICHR) en el sur de Cisjordania, Farid al-Atrash, recordó que antes del asesinato ya le habían disparado a la esposa e hijos de Banat, sin que nadie fuera arrestado por eso, y que Banat afirmó que “estaba siendo perseguido”. La PICHR reveló en un comunicado que la orden de liberación de los oficiales acusados la dictó el fiscal militar de la Autoridad Palestina, e hizo “un llamado a la autoridad judicial palestina para acelerar el juicio de los acusados y garantizar justicia para Nizar Banat, su familia y amigos”.
También “vieron a otro lado” los periodistas internacionales en la zona durante las protestas de los palestinos contra la liberación de los oficiales de la AP que habrían asesinado a Banat y no consideraron noticia la represión de la AP contra los palestinos que protestaron nuevamente en Ramallah para exigir justicia por el asesinato de Banat y prefirieron no escuchar el hermano del activista de derechos humanos asesinado cuando afirmó que fue Abbas quien dio la orden de liberar a los presuntos asesinos.
Sin que la prensa internacional se diera por enterada, Amnistía Internacional afirmaba en un reciente comunicado que: “La justicia sigue siendo esquiva un año después de la muerte de Nizar Banat, un activista palestino que murió poco después de ser arrestado y brutalmente agredido por las fuerzas de seguridad palestinas en junio de 2021”.
Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África afirmó que “un juicio militar viciado de 14 agentes de seguridad de bajo rango no traerá justicia” y agregó que era “necesario un juicio civil siguiendo estándares internacionales, no solo una cortina de humo para proteger a los de arriba. Es fundamental que las personas que dieron órdenes de arrestar a Nizar Banat sin motivo legal y que supervisaron el asalto, también sean recluidas”.
La misma prensa internacional que miró a otro lado ante el asesinato de Banat y la represión de la AP a los palestinos que exigían justicia para él, lanzó una campaña internacional, encabezada por el New York Times, el Washington Post, la CNN y la agencia Associated Press, acusando a Israel por el asesinato de la periodista palestina Abu Akleh, cuando cubría enfrentamientos armados en Cisjordania, entre el Ejército israelí y terroristas de la Jihad Islámica Palestina, financiada por Teherán. Akleh cayó trágicamente en el fuego cruzado, ni los militares ni los terroristas le disparaban a ella. A Banat lo secuestraron y asesinaron a golpes policías del Gobierno de Abbas, no el de Israel, por eso “miró a otro lado” la prensa internacional de una izquierda antisemita.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros