Por Zack Smith y Charles Stimson
George Soros debe estar sintiendo el calor del aumento de los índices de criminalidad.
El multimillonario de izquierdas ha escrito recientemente una columna de opinión en The Wall Street Journal en la que explica por qué apoya financieramente a los fiscales progresistas. Con un lenguaje de perogrullo carente de sustancia, Soros afirma que los “fiscales reformistas” tienen una agenda que promueve la seguridad y la justicia y son “populares y eficaces”.
Eso es absurdo, como venimos escribiendo desde hace años.
Su intento de defender su plan de sustituir a los verdaderos fiscales por fiscales sin escrúpulos queda desmentido por los hechos. Sus fiscales comprados y pagados fomentan la anarquía, perjudican a los residentes respetuosos de la ley (especialmente a las minorías), expulsan a las empresas de las ciudades y desmoralizan a la policía al tratarla como a los delincuentes.
Sus fiscales afirman lo contrario, por supuesto. Insisten en que no perseguir categorías enteras de delitos: no pedir fianzas, negarse a añadir mejoras en las sentencias, liberar de la cárcel a delincuentes convictos empedernidos y negarse a procesar a delincuentes juveniles violentos en los tribunales de adultos; así como ignorar los robos en tiendas, la posesión de drogas y la prostitución (entre otros delitos) son políticas sólidas que no contribuyen a los picos de delincuencia.
Mienten.
Los índices de delincuencia, incluidos los violentos, han descendido en general durante los últimos 30 años, pero los índices de encarcelamiento alcanzaron su punto máximo en 2008, mucho antes de que aparecieran Soros o sus fiscales “reformistas”.
¿Por qué? Porque los fiscales genuinamente progresistas, en colaboración con otras partes interesadas, crearon los tribunales de violencia doméstica, los tribunales de drogas, los tribunales de veteranos, los centros de justicia familiar y otras innumerables alternativas al encarcelamiento que son compasivas, crean responsabilidad y ofrecen oportunidades con los incentivos adecuados para que los acusados recuperen sus vidas cambiando su forma de pensar y sus comportamientos.
Sin embargo, si alguien no completase estos programas, los fiscales aún podrían solicitar el encarcelamiento.
La delincuencia violenta se concentra geográfica y demográficamente en los centros urbanos, muchos de los cuales están presididos por fiscales sin escrúpulos, en los que los miembros de las minorías de esas comunidades son víctimas de forma desproporcionada, llegando a constituir la mayoría de las víctimas de homicidio.
Como señala Rafael Mangual, del Manhattan Institute, en su reciente libro Criminal (In)Justice: What the Push for Decarceration and Depolicing Gets Wrong and Who It Hurts Most, aunque los afroamericanos constituyen el 13,4 por ciento de la población, “constituyeron más del 53 por ciento de las víctimas de homicidio del país en 2020”.
En otras palabras, las políticas de estos fiscales están perjudicando a los mismos individuos a los que se supone están ayudando.
Para ayudar realmente a esas personas —y a sus comunidades en su conjunto—, los fiscales deberían buscar fianzas y penas de prisión adecuadas para los acusados que sean peligrosos.
La idea de que unas penas de prisión adecuadamente largas no ayudarán a proteger a las comunidades es una tontería. Los estudios demuestran que cuanto más larga es la pena de prisión, menor es la tasa de reincidencia.
De hecho, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos publicó en junio un informe sobre un estudio en el que se constató que “las probabilidades de reincidencia eran menores para los delincuentes federales condenados a más de 60 meses de prisión en comparación con un grupo de delincuentes que recibían sentencias más cortas […] Las probabilidades de reincidencia eran aproximadamente un 29 por ciento más bajas para los delincuentes federales condenados a más de 120 meses de prisión”.
Los autores también descubrieron que “las probabilidades de reincidencia eran aproximadamente un 18 % menores para los delincuentes condenados a más de 60 meses hasta 120 meses de encarcelamiento”.
No exigir fianza a los delincuentes violentos también provoca un aumento de la delincuencia. Eso es de sentido común.
Además, en el principal documento académico sobre el tema, dos profesores de derecho analizaron un estudio sobre la reforma de la fianza en el condado de Cook (Illinois), que supuestamente demostraba que las leyes de fianza laxas no repercuten en la tasa de criminalidad, y descubrieron, en contra de las conclusiones del estudio, que los cambios de la “reforma de la fianza” en el condado de Cook “parecen haber provocado un aumento sustancial de los delitos cometidos por las personas en libertad provisional en el condado de Cook”.
Su análisis también descubrió que “el número de acusados en libertad por cometer nuevos delitos aumentó un 45 %”. Peor aún, se estima que el número de personas en libertad provisional acusadas de cometer nuevos delitos violentos aumentó en un 33 %.
No es de extrañar que la opinión pública se esté cansando de las políticas radicales de estos fiscales sin escrúpulos y de los estragos que causan. Los votantes de la ciudad progresista de San Francisco han destituido recientemente al fiscal de distrito Chesa Boudin. Su sucesor se ha comprometido en responsabilizar a los delincuentes sin dejar de ofrecer programas de tratamiento alternativo, como los tribunales de drogas, a las personas que lo necesiten, algo que los fiscales llevan haciendo desde hace muchos años.
Irónicamente, después de que los votantes destituyeran a Boudin, uno de los representantes de George Soros se opuso a que el Washington Free Beacon llamara a Boudin “mimado de George Soros”, tratando de poner distancia entre Soros y el fallido fiscal.
Un problema similar ocurrió cuando escribimos sobre la ahora derrotada (y acusada por el gobierno federal) fiscal Marilyn Mosby. Un representante de Soros se puso en contacto y objetó nuestra caracterización de ella como una fiscal respaldada por este, ya que nunca contribuyó directamente a su campaña, a pesar de que realizó numerosos viajes pagados por grupos financiados o inspirados por el magnate.
El movimiento de los fiscales corruptos opera bajo dos principios relacionados, a saber, que todo el sistema de justicia penal es racista y que la única manera de hacer frente a ese supuesto racismo es la ingeniería inversa y el desmantelamiento del sistema actual mediante la elección de fanáticos procriminales y antivíctimas también.
Con el dinero o el apoyo de Soros y sus amigos ricos afines, candidatos como George Gascon (Los Ángeles), Larry Krasner (Filadelfia), Kim Foxx (Chicago), Kim Gardner (San Luis) y otros han sido elevados a sus cargos y han impuesto sus programas procriminales a un electorado desprevenido.
Las consecuencias han sido previsibles y mortales.
Los fiscales son los guardianes del sistema de justicia penal. Los aproximadamente 2,300 fiscales de distritos elegidos en nuestro país tienen el solemne deber de hacer cumplir la ley y de hacerlo de forma justa, compasiva y sin favoritismos.
Esto no debería ser una cuestión de izquierda o derecha, azul o roja, demócrata o republicana. O apoyas la ley y el orden y la igualdad bajo la ley, o apoyas un experimento social radical que hasta ahora ha llevado al caos y la miseria.
Este artículo apareció originalmente en heritage.org y forma parte de un acuerdo de colaboración.
