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El camino de Estados Unidos hacia el autoritarismo está siendo cincelado con fuerza sobre la república. Los primeros 100 días de la administración Biden-Harris no dejan lugar a dudas de su intención. La deconstrucción de Estados Unidos está en marcha.
La sociedad civil, un componente intrínseco de la democracia, se está volviendo impotente. Con una prensa activista partidista, un imperio empresarial woke y una oligarquía tecnológica tiránica, todos en connivencia y funcionando como un gobierno paralelo no elegido, con el objetivo de implementar el unipartidismo, ha pasado su primer trimestre.
Mediante una variedad de métodos como las directivas y órdenes ejecutivas, el activismo abierto en el proceso legislativo, los pronunciamientos desde el púlpito presidencial y la sincronización connivente con las instituciones que solían componer una sociedad civil vibrante, pero que hoy constituyen el régimen gobernante, la república constitucional de Estados Unidos está siendo desnaturalizada y transformada en una réplica posmoderna de la “democracia” ateniense con fundamentos socialistas.
Un paradigma hacia el autoritarismo
Para ser claros, lo que estamos presenciando no es simplemente un nuevo esquema de redistribución expansiva del Estado de bienestar social. El propio Biden categorizó el ambicioso objetivo que se persigue, cuando dijo: “Quiero cambiar el paradigma”.
La maquinación de transmutación sistémica de la izquierda americana tiene dos frentes. Uno, es la aplicación inmediata de políticas afines al dogma neomarxista permeable, que puede detectarse más fácilmente como la ideología de política identitaria. Esto acelerará e impondrá la hegemonía cultural. El otro frente es hacer permanentes los medios con los que pueden aferrarse al poder absoluto que necesitarán, para llevar a cabo plenamente esta estratagema deconstructiva.
La primera Orden Ejecutiva del presidente, firmada el primer día de su mandato, nos hizo saber, por si había alguna duda, hacia dónde se dirigiría la nueva administración. La Orden Ejecutiva para el Avance de la Equidad Racial no trataba de la igualdad ni del avance de los derechos civiles. En cambio, se trataba de establecer la “equidad” racial. Hay una diferencia asombrosa en los dos conceptos en conflicto (igualdad frente a equidad). El principio de equidad sostiene la falacia presupuesta de la Teoría Crítica de la Raza (TCR), una rama marxista que considera que la república americana ha albergado un sistema racista opresivo que sostiene una clase supremacista blanca dominante.
Para aprovechar esta “injusticia” percibida, hay que avanzar en la desigualdad como una cuestión de aplicación sistemática, lo que a efectos prácticos sería un supremacismo negro variante. La aplicación de esta versión del siglo XXI de la religión secular de “liberación” negra tendrá efectos devastadores sobre las libertades civiles, religiosas, económicas y políticas.
Biden disolvió la Comisión 1776, un proyecto orientado a la enseñanza de los valores patrióticos americanos y la educación cívica coherente con la historia de Estados Unidos, por decreto ejecutivo en su segundo día en la Casa Blanca. En su lugar, el Departamento de Educación ha emitido la directiva de conceder subvenciones a las escuelas e instituciones públicas de educación básica, condicionadas a la adaptación del plan de estudios de adoctrinamiento de la TCR.
Hay una amplia gama de legislaciones tentativas apoyadas por Biden-Harris, además de las directivas para los empleados federales, que permitirían institucionalmente y a nivel nacional, que los entendimientos marxistas de las relaciones raciales en los Estados Unidos inocularan el sistema educativo, las Fuerzas Armadas, los empleados federales, la formación en “diversidad” de las empresas privadas, y en general, el ámbito cultural.
H. R. 5, apoyada con entusiasmo por el presidente, impone la Ideología de Género y la Teoría Crítica Queer, ambas extensiones de la visión del mundo de la Teoría Crítica del marxismo cultural, en una amplia gama de instituciones y sectores sociales. Esto diezmaría la libertad religiosa, así como la libertad de expresión, al criminalizar su incumplimiento. Hay que señalar que la TCR, a través de la teoría de la “interseccionalidad”, desarrollada por Kimberlé Crenshaw, ha establecido un puente que aproxima estas visiones fragmentadas de la sociedad totalmente a los principios de la política de identidad.
H. R. 350, otro proyecto favorito de Biden-Harris, denominado inapropiadamente como proyecto de ley de “terrorismo doméstico”, pretende silenciar al electorado conservador centrándose exclusivamente en los grupos de “supremacía/nacionalismo blanco”, mientras ignora y apacigua el rampante terrorismo de izquierdas de “Black Lives Matter” y “Antifa”. Si se aprueba, dictará las dosis permitidas de libertad de expresión tolerada y se basa en nociones de TCR.
La ley de ayuda a la pandemia, titulada “Plan de Rescate Americano”, tiene un precio de 1.9 trillones de dólares. Se trata principalmente de un rescate para las políticas fracasadas de los estados azules y otros proyectos de barril de cerdo, ya que solo asigna el 10 % para el alivio real del Covid. El plan de infraestructuras pendiente de Biden-Harris y su derroche de 2.25 trillones de dólares sería un maquillaje de socialismo verde bajo el disfraz de infraestructuras, con sólo un 5 %, según la Fundación Heritage, destinado a infraestructuras.
La tercera iniciativa demócrata de gran calado presupuestario (1.8 trillones de dólares), el Plan de las Familias Americanas, es en realidad un brutal mecanismo de eliminación de la riqueza y de aumento de los impuestos, revestido de prebendas redistributivas centradas en la desviación de la guerra de clases.
La destrucción del derecho constitucional de portar armas es también un punto focal de la izquierda. Biden-Harris han hecho de esto un tema vehemente. La H. R. 127 no es más que una de las medidas que está apoyado por el presidente con el propósito de neutralizar la Segunda Enmienda ¿Cómo puede la izquierda, ahora en el poder, afianzar estas políticas antiamericanas?
Repitiendo las anomalías e irregularidades de las elecciones de 2020, el izquierdismo puede esperar seguir siendo elegido. La H. R. 1 nacionalizaría las elecciones, perpetuaría las relajaciones de la integridad del voto, y anularía el Artículo II, Sección 1, Cláusula 2, de la Constitución de los Estados Unidos. Esto pisotearía la autoridad de las legislaturas estatales para redactar y modificar las leyes electorales.
La H. R. 51, al convertir a D. C. en un estado si se aprueba, daría a los demócratas dos votos adicionales en el Senado. La comisión Biden/Harris para llenar la corte, busca la recomendación para la ampliación de cuatro jueces más, asegurando así que la agenda socialista no será revocada por motivos constitucionales por la Corte Suprema.
Los primeros 100 días de la presidencia más izquierdista de la historia americana, han sido un ataque nuclear a América, aunque sigiloso. Las Big Tech, los medios de comunicación y el capitalismo woke se están asegurando de que este golpe socialista permanezca deformado en la etiqueta falsamente referida de la política “liberal”. No hay nada liberal con Biden-Harris.
Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.