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¿AMLO seguirá los pasos de Nicaragua? Hace unos meses, la pregunta habría parecido ociosa y de mala fe, después de todo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no ha actuado con el autoritarismo que caracteriza al régimen de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y condenado internacionalmente por su creciente persecución de los liderazgos opositores, a los que encarcela con pretextos muy poco creíbles.
Curiosamente, uno de los pocos gobiernos del continente americano que no ha denunciado las prácticas dictatoriales del régimen de Daniel Ortega es… sorpresa… el Gobierno de López Obrador, y ahora queda más claro por qué.
La respuesta al misterio es que, por lo visto, AMLO seguirá (probablemente) los pasos de su colega nicaragüense, persiguiendo a sus rivales políticos y encarcelando a quienes pudieran convertirse en candidatos de la oposición en las próximas elecciones presidenciales del 2024.
Anaya lanza la voz de alerta
El pasado 21 de agosto, Ricardo Anaya (del centro derechista PAN), quien quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales del 2018 y encabeza todas las encuestas para repetir como candidato de la alianza opositora en 2024, acusó directamente a López Obrador de manipular expedientes para encarcelarlo e impedirle llegar a la boleta electoral.
En un video de casi 8 minutos, Anaya explicó, en sus propias palabras, que López Obrador lo “quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines”, es decir, falsos, que el gobierno utilizaría para respaldar las acusaciones de corrupción que el operador político Emilio Lozoya ha lanzado en contra del panista, quien añade: “López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”.
Esa primera parte de su declaración quizá suene a la clásica estrategia política de victimizarse para incrementar su popularidad, pero Anaya va más allá del comentario genérico y hace acusaciones muy específicas contra la Fiscalía General de la República.
Una vez más, en sus propias palabras, Anaya explica que “se dieron cuenta de que el expediente, como todo lo que hace este gobierno, estaba hecho con las patas, y de que iban a hacer el ridículo”. Entonces, “para no hacer el ridículo hicieron una porquería: cambiaron la declaración de Lozoya. O sea, alteraron el expediente. Antes decía que me habían dado dinero cuando yo era diputado a cambio de mi voto, el 8 de agosto de 2014. Pero se dieron cuenta que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México”.
Además explicó que saldrá de México y se refugiará en Estados Unidos, donde aprovechará para tener eventos con la comunidad de migrantes mexicanos que viven en dicho país, ya que si se queda en México “me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en 3 años”.
Ante la denuncia, López Obrador respondió ese mismo día que no tiene “nada que ver con la percusión que supone Ricardo Anaya”, insistió en que no es su fuerte la venganza y señaló que si Ricardo Anaya es inocente, “que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad”.
¿AMLO seguirá los pasos de Nicaragua?
Al día siguiente se confirmó que efectivamente hay una orden para que Anaya se presente a una “audiencia inicial” vía remota y concluir en el reclusorio norte de la Ciudad de México, por los supuestos delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, que podrían resultar en una condena de hasta 30 años de prisión.
Así que el intento de encarcelarlo es real. Ahora, siguen otras dos preguntas clave:
¿La acusación contra Anaya se refiere a un delito real o es una patraña política? No podemos garantizarlo, pero es notorio que la acusación apesta a un invento politiquero. El acusador es Emilio Lozoya (el ultracorrupto operador político de Enrique Peña Nieto) quien fue extraditado a México, pero no pisó la cárcel a cambio de “cooperar con las investigaciones”, lo que traducido al castellano significa: “a cambio de acusar a quienes le ordene el régimen”.
Lozoya lanzó acusaciones directas contra diversos líderes y operadores de la oposición, incluyendo a Ricardo Anaya, a quien se señala de recibir casi 7 millones de pesos como pago por aprobar la reforma que modernizó la industria eléctrica. Sólo que hay dos problemas: 1) Anaya ni siquiera era diputado cuando supuestamente se realizó el pago y 2) La reforma eléctrica siempre fue una bandera del PAN y del propio Anaya. Eso de sobornar gente para que apoye lo que de todos modos apoya es, cuando menos, sospechoso.
¿AMLO está detrás de la acusación? Teóricamente la Fiscalía General de la República es autónoma y no depende del presidente. Sin embargo, en la práctica es evidente que no ocurre así. El fiscal “autónomo” es Alejandro Gertz Manero, cuya cercanía al proyecto político del presidente López Obrador es evidente. Para cualquiera con más de dos neuronas es obvio que la mano detrás del proceso contra Anaya sale directamente de los cavernosos pasillos de Palacio Nacional.
Entonces, sí, hay cada vez más señales de que AMLO seguirá los pasos de Nicaragua, amedrentando y arrestando a opositores incómodos. El 23 de agosto López Obrador le añadió la cerecita de cinismo a este coctel malsano, declarando que “no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente… cuando se es luchador social… se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”.
Así que, por lo visto, el gobierno de México pretende “fortalecer” a los opositores poniéndolos tras las rejas. Y quiere empezar con Anaya.
Gerardo Garibay Camarena, is a doctor of law, writer and political analyst with experience in the public and private sectors. His new book is "How to Play Chess Without Craps: A Guide to Reading Politics and Understanding Politicians" // Gerardo Garibay Camarena es doctor en derecho, escritor y analista político con experiencia en el sector público y privado. Su nuevo libro es “Cómo jugar al ajedrez Sin dados: Una guía para leer la política y entender a los políticos”