Tras ser nominada por Trump y con el visto bueno del Senado, Amy Coney Barret ha sido confirmada con 52 votos a favor y 48 en contra, nueva magistrada de la Corte Suprema.
Barret sucede a la jueza Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida, nominada en 1993 por Bill Clinton y cuyo paso por la más alta instancia judicial del país estuvo marcada por su condición de juez y parte a la hora de defender una agenda politizada a favor de la igualdad de género, el aborto, los “derechos de los homosexuales“.
Las maniobras de los demócratas para torpedear la nominación de la nueva jueza, condicionada por los intereses partidistas, rozaron la hipocresía y la temeridad política. El senador demócrata, Chris Coons llegó a plantear que en lugar de la nominación de Coney Barret había que centrarse en el COVID-19. Por su parte, Mazie Hirono, senadora por Hawaii, le reprochó a Barret utilizar durante sus intervenciones en el Senado el término «preferencia sexual». “Permítanme aclarar que «preferencia sexual» es un término ofensivo y desactualizado… la comunidad LGBTQ debería estar preocupada con razón si usted tuviera que defender su derecho constitucional a casarse”, dijo Hirono.
Es necesario conocer las razones que han impulsado al gobierno de Trump -y al Partido Republicano- a llevar a cabo esta elección en un momento de crucial importancia histórica donde la justicia debe defender a toda costa su independencia y prestigio.
El hecho de que corresponda al presidente hacer la propuesta para ocupar la vacante en el Alto Tribunal no impide que, una vez aprobada, la magistrada actúe con criterios estrictamente emanados de la ley y no del oportunismo político.
La Corte Suprema de los Estados Unidos – sumo intérprete de la Constitución- es el máximo ente jurisdiccional del país. A partir de un Acto Judicial de 1869, la integran nueve miembros con cargos vitalicios sin que haya habido desde entonces alguna enmienda constitucional que cambie su configuración.
No existen normas que impidan que un juez sea nombrado y ratificado en el año de las elecciones presidenciales, y es por esta razón que quince veces en la historia del país un magistrado ha ocupado una vacante en un año electoral, siempre y cuando el presidente y la mayoría del Senado estén de acuerdo políticamente en su nombramiento.
En realidad, el asalto al Tribunal Supremo, y al sistema judicial en general, es un objetivo que la izquierda lleva trabajando desde hace tiempo.
En la década de 1930, el presidente Franklin D. Roosevelt trató de agregar de manera arbitraria más jueces al Alto Tribunal para sacar adelante su proyecto de corte socialista conocido como “New Deal”. La propuesta fue tan controversial que hasta la propia jueza Ginsburg, de perfil liberal, reconoció en 2019 que la propuesta de Roosevelt pudo haber convertido al Ato Tribunal en una entidad partidista.
A partir de los años sesenta, el Partido Demócrata ha intentado ejercer un férreo control sobre el Tribunal Supremo para desnaturalizar la doctrina constitucional y conseguir el control ideológico de la justicia.
La llegada en 1993 del primer Gobierno de Bill Clinton impulsó a los demócratas a modificar el sistema para socavar el peso de las doctrinas conservadores en el acervo de la carrera judicial. Pero con Obama esta ofensiva de instrumentalización política para acabar con la separación de poderes llegó a su punto límite.
Precisamente, el papel de la juez estrella de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, se centró en apuntalar jurídicamente las órdenes de la administración de Obama, y con una destreza poco común consiguió elevar a la categoría de ley temas de reivindicación social que no estaban amparados por la Carta Magna.
El caso más reciente de este activismo judicial tuvo lugar en 2016, tras la muerte del juez Antonin Scalia, en 2016, cuando Obama intentó nombrar, nueves meses antes de las elecciones, a un quinto juez de corte liberal para cambiar la mayoría en el Alto Tribunal, 5 a 4 a su favor. Pero el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, se opuso al entender que un nombramiento que generaba serias dudas respecto a la independencia del poder judicial, no era vinculante con los intereses de su partido en la Cámara Alta.
En la lógica intervencionista de los demócratas, la Corte Suprema representaba una pieza clave para materializar las prioridades de su agenda liberal. Y de la actitud conciliadora y servil de sus magistrados dependía la consecución de sus objetivos políticos.
El primer paso era conseguir más cuota de representación en la Corte Suprema. En 2013, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, activó la llamada «opción nuclear» para poder confirmar jueces a las cortes. El partido, liderado por Obama, establecía un precedente histórico al alterar las reglas operativas de la Cámara Alta, en vigor durante más de 200 años, para garantizarse con solo 51 votos una mayoría simple.
Entonces, Obama no aspiraba a un modelo de democracia representativa con separación de poderes, sino a una fórmula en la que el poder ejecutivo desmontara la independencia de jueces y fiscales. Por tanto, su plan formaba parte de una operación de desajuste institucional del tercer poder del Estado, más allá de la coyuntural nominación en 2016 del juez Merrick Garland, vetada por los republicanos en el Senado.
A partir de este momento, se han pervertido por ambos partidos los términos de la representatividad que corresponde a la carrera judicial. En 2017, cuando los demócratas trataron de bloquear el nombramiento del juez conservador, Neil Gorsuch, la nueva mayoría republicana en el Senado apeló a la «opción nuclear» para facilitar la carrera del magistrado al Supremo. Gorsuch fue confirmado por 54 a 45.
La ofensiva de los demócratas nunca cesó, y con la penetración del gobierno de Obama en las instituciones, se dieron a la tarea de estudiar posibles reformas que le permitiera ejercer un control parlamentario-político sobre las designaciones de los magistrados.
La idea del empaquetamiento de la Corte Suprema (Court packing) ha ganado adeptos en el ala radical del partido, después que la aprobación de la jueza Amy Coney Barret representa una cómoda mayoría conservadora en el Alto Tribunal.
El pasado mes de octubre, el gobernador de Montana, Steve Bullock, reconoció estar abierto a ampliar el número de magistrados en el Tribunal Supremo con el pretexto de contrarrestar los nombramientos hechos por los republicanos, propuesta que tiene el visto bueno de destacados líderes demócratas en el Congreso, entre ellos Joe Biden -de manera solapada-, Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar.
Barret rompe todos los esquemas
¿Qué puede significar para los republicanos la consolidación de una clara mayoría de jueces conservadores en el máximo tribunal? Resarcir asuntos que se consideran medulares para potenciar valores y derechos individuales frente a posiciones colectivistas o estatistas, revertir la sentencia que legalizó el aborto, avanzar en una reforma sanitaria responsable en contra del desastre de la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (conocida como Obamacare) o frenar el Green New Deal.
La incorporación de Barrett como magistrada de la Corte Suprema se produce en un momento en que Estados Unidos afronta una crisis institucional, ideológica, política y social sin precedentes en la historia reciente del país. Por ello, en contra de la manipulación política que presenta falazmente al partido republicano como culpable del asalto a la Corte Suprema, lo único que se espera es que los magistrados apliquen la ley sin favoritismo, desde la más absoluta independencia profesional.
La prensa suele identificar a los profesionales conservadores con la caricatura perpetrada por sus adversarios ideológicos. Barret rompe todos los esquemas. Admiradora del juez Scalia, célebre por su integridad y por su respeto a la justicia, Barret es conocida por apoyar el “textualismo” o la interpretación de la ley de acuerdo con su espíritu y no con su conveniencia política. Pero por encima de todo, se le admira por ser una “originalista”, lo que significa que cree que la Constitución debe ser interpretada como la redactaron los “Padres Fundadores“, algo que los demócratas recelan porque va en contra de su agenda progresista.
“El trabajo de los senadores es conseguir sus metas políticas”, indicó Barrett en su discurso de confirmación en la Casa Blanca. “De hecho, sería una negligencia para los senadores dejar de lado los objetivos políticos. Por el contrario, el trabajo de un juez es resistirse a sus preferencias políticas. Sería una negligencia ceder a ellas. Los jueces no se presentan a las elecciones. Por lo tanto, no tienen fundamento para afirmar que sus preferencias reflejan las del pueblo”, apuntó.
La democracia gana calidad y credibilidad con nombramientos como el de Barret que persiguen desligar a la Corte Suprema de criterios puramente partidistas que, si bien han sido habituales en muchos gobiernos, en este caso han resultado particularmente discrecionales.
La votación de Coney Barret supone un refuerzo moral de la judicatura contra la campaña de intimidación a la independencia judicial instada desde el Partido Demócrata. Pero también frente a la insistente estigmatización ideológica que se hace de cada magistrado.
Eso explica el empeño de los jueces por sacudirse el cuño de sectarismo que le endosa la opinión publica en la atmósfera política tan polarizada en la que vive el país.
Respeto a la ley, Amy Coney Barret, no se equivoca
En su célebre distinción entre igualitarismo y libertad, Tocqueville advirtió que el amor desmedido por la igualdad condiciona a que los hombres renuncien a vivir libremente. El poder no les roba sus derechos, son ellos los que los trasfieren. La sociedad se homogeneiza tanto para las opiniones como para las leyes.
La izquierda norteamericana, supuesta reinventora de la democracia participativa, practica un doble rasero con la justicia. Cuando se trata de una ley que va contra el multiculturalismo, el aborto, el control de armas, el calentamiento global o el matrimonio homosexual el juez en cuestión no está cualificado para desempeñar su profesión.
Pero cuando algún miembro del Alto Tribunal propone temas de enorme calado como la protección del Colegio Electoral, el derecho a la vida o la amenaza del adoctrinamiento en las escuelas, los demócratas advierten de inmediato que se trata de perversas injerencias de la ideología conservadora en la Corte.
El respeto de la ley es la base fundamental del Estado de derecho. Y su cumplimiento no obedece a las creencias o consideraciones del funcionario público que las aplica desde una interpretación oportunista de la Constitución y sobre la base de la discriminación jurídica y el adoctrinamiento sectario.
Las hemerotecas suelen poner las cosas en su sitio. La mitad de los jueces conservadores nominados a la Corte Suprema en EE.UU. actúan con arreglo a ley y a la Constitución. En el caso de los demócratas, existen sospechas reales de presión política que reflejan que en las más altas instancias de la judicatura un número considerable de los jueces liberales nominados se aprovechan de la toga que visten para apoyar políticas partidarias.
Tal vez la excepción más notable de independencia judicial fue la de Byron White, quien si bien fue uno de los jueces divergentes iniciales en Roe v. Wade también se puso al lado de los jueces más moderados en contra de la agenda progresista de Kennedy y de otros casos penales controversiales a lo largo de su carrera. Pero no ha sido el único. Earl Warren, juez conservador nombrado por Dwight Eisenhower, fue un magistrado progresista de la corte. Mientras que John Roberts, elegido por George Bush, fue quien permitió que prosperara la polémica reforma sanitaria de Barack Obama.
La separación de poderes -que Montesquieu dejó como herencia- es uno de los rasgos distintivos de las democracias plenas. Desde el principio mismo de la fundación de EE.UU. han existido diferencias ideológicas y partidistas en el seno de la Corte Suprema. Los debates entre Thomas Jefferson y John Marshall, en un ambiente de respeto e independencia institucional, pertenecen al patrimonio judicial en EE.UU. Por ello es vital para la salud democrática del país que los líderes políticos respeten la buena fe de los jueces y no reduzcan su ideario profesional a un ejercicio de mero partidismo o al aparente capricho del presidente de turno que los nombró.
En ningún otro lugar como la judicatura el corporativismo supone la negación misma de la profesión, en tanto la independencia del Poder Judicial exige que los jueces no estén condicionados a otros dictados que los que impone la ley.
No se equivoca Amy Coney Barret cuando asegura que «la separación del deber de la preferencia política es lo que distingue al Poder Judicial de los tres poderes del gobierno. Un juez declara su independencia no solo del Congreso y del presidente, sino también de las creencias privadas que de otro modo podrían influenciarle».
Un principio que deberá utilizar la nueva jueza de la Corte Suprema para luchar sobre todo contra una izquierda radical, manipuladora, populista y vanidosa que se cree poseedora no sólo de la verdad ideológica, sino también de la solidaridad, la justicia social y hasta del espíritu de las leyes.
Juan Carlos Sánchez, journalist and writer. His columns are published in different newspapers in Spain and the United States. He is the author of several books and is preparing the essay "Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces" // Juan Carlos es periodista y escritor. Sus columnas se publican en diferentes diarios de España y EE.UU. Autor de varios libros, tiene en preparación la obra de ensayo “Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces”
Fantastico articulo enhorabuena.
Muy buen artículo..creo que tiene razón en todo lo que plantea.