Read in English
La democracia, esa expresión de la soberanía popular en el marco de una república, necesita categóricamente del Estado de derecho. Cuando la igualdad ante la ley se hace añicos, las sociedades libres se desbocan. El caso de Thomas Alexander Starks, un miembro de Antifa de Lisbon, Dakota del Norte, es un ejemplo que pone de manifiesto cómo se están aplicando diferentes matices de justicia en el sistema judicial americano.
El 21 de diciembre de 2020, Starks intentó irrumpir violentamente en la oficina del senador republicano John Hoeven, de Dakota del Norte, utilizando un hacha. Este acto vandálico fue captado por una película de circuito cerrado de televisión. El 19 de abril de 2021, el asociado de Antifa se declaró culpable ante una Corte Federal del cargo de destrucción de propiedad gubernamental. Esto se produjo después de una investigación realizada por la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Policía de la Capital de los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Fargo y la Oficina del Sheriff del Condado de Cass. A pesar de las pruebas concluyentes en este caso, así como de la admisión de culpabilidad por parte del agresor, no se aplicaron a Starks las penas de prisión obligatorias en delitos como este.
Las directrices federales exigían que el agente de Antifa pasara un mínimo de diez a dieciséis meses en la cárcel. En lugar de ello, el subversivo de extrema izquierda que empuñaba el hacha solo recibió una orden de libertad condicional y una multa de restitución de 2,784 dólares. El extremista de Dakota del Norte no fue condenado a prisión. ¿Cómo pudo ocurrir esta parodia de justicia? La pregunta plantea que, de hecho, los factores ideológicos parecen guiar ahora un sistema judicial de dos niveles.
Hay cargos pendientes de destrucción de propiedad gubernamental contra los americanos que participaron en el incidente del Capitolio del 6 de enero. Están detenidos en las cárceles del Distrito de Columbia. Muchos, si no la mayoría, han sido sometidos a duras condiciones carcelarias, como el aislamiento y otros castigos crueles que no cumplirían las normas internacionales de derechos humanos.
Esta contradicción moral refleja un prejuicio ideológico que favorece a los que infringen la ley y se adhieren a las cosmovisiones que suscribe la izquierda. Cuando uno considera cómo el Partido Demócrata actual, la administración Biden-Harris, los medios de comunicación industriales y la clase oligárquica woke han etiquetado maliciosamente la transgresión del Capitolio como una “insurrección”, nos damos cuenta de hasta dónde ha llegado la perversión marxista postmoderna del lenguaje y los conceptos.
La mayoría de los intrusos del 6 de enero fueron culpables de allanamiento ilegal. Un grupo mucho más pequeño se enfrenta a cargos por destrucción de la propiedad del gobierno. Nadie ha sido acusado de sedición. No se encontró a ninguna persona que llevara un arma. La hipocresía es grande. Sin embargo, la indignación de este episodio no se detiene en la narrativa que la izquierda quiere transmitir. El propio sistema de justicia americano está sufriendo graves grietas en su capacidad para ofrecer un proceso en igualdad de condiciones y emitir veredictos dignos del Estado de derecho.
El activista de Antifa que intentó irrumpir en la oficina del senador de Dakota del Norte en Fargo con un hacha, no solo salió prácticamente impune, sino que recibió el apoyo de los miembros del Partido Demócrata de su estado. El Partido de la Liga Democrática-No Partidista de Dakota del Norte, la filial local del Partido Demócrata nacional, hizo que su presidenta Kylie Oversen, la representante del Comité Ejecutivo del Partido Ellie Shockley y la candidata a vicegobernadora en 2012, Ellen Chaffee, contribuyeran económicamente al fondo de defensa de Starks.
El miembro de Antifa nunca ocultó su agenda radical. De hecho, Starks hizo gala de su adhesión a los objetivos anarco-comunistas. El Post Millennial pudo establecer la conexión entre el activista de ultraizquierda y su uso de las redes sociales. Utilizando en Facebook el seudónimo “Paul Dunyan”, una evidente imitación de Paul Bunyan, el legendario leñador gigante del folclore americano, Starks revelaba constantemente su radicalidad.
Ser un orgulloso militante del grupo terrorista doméstico fue algo que Starks nunca negó. Tampoco ocultó la intención de hacer la guerra a los “fascistas” (en realidad a cualquiera que no sea socialista) y “cazarlos“. El subversivo de Antifa habló de cometer un incendio provocado e incluso se jactó descaradamente de que el FBI le devolvió su hacha, la misma arma que utilizó en el crimen. ¿Dónde estaban las “normas comunitarias” de Facebook?
Un miembro de un grupo terrorista doméstico antisistema, que junto con Black Lives Matter llevó a cabo una revuelta violenta contra la república americana en la primavera y el verano de 2020, cometió un crimen contra un edificio del gobierno, que supuestamente conllevaba una condena por mandato federal. La libertad condicional y una pequeña multa fue todo lo que se impuso. Además, el hombre del hacha de Antifa de Dakota del Norte dejó que el mundo supiera, a la vista de las redes sociales, dónde estaba su mente psicótica todo el tiempo. Mientras esto ocurría, el equivalente a los presos políticos de la izquierda americana, los acusados del 6 de enero, están siendo maltratados judicialmente. Esto es una afrenta grave a la justicia y socava el modelo republicano de gobierno.
Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.