La jueza del caso de quiebras de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, declaró este miércoles nula la Ley de Retiro Digno que había sido aprobada previamente por la Cámara, el Senado y que contaba con la firma estampada del gobernador de la isla, Pedro Pierluisi.
La ley, buscaba salvaguardar las pensiones de los retirados en Puerto Rico para que pudieran contar con todo el dinero previsto tras su jubilación.
La jueza Taylor Swain llegó a la determinación luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenara derogar la Ley de Retiro Digno al Legislativo y evitar su implementación tiempo después que Pierluisi convirtiera en ley el proyecto el pasado 9 de junio.
Esta Ley para retirados, establecía un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro (FACSIR) por el cual se obtendrían los recursos necesarios y se cumplirían con las obligaciones de las pensiones del servicio público. Además, también imponía parámetros para la negociación de la deuda pública.
Por esta razón, la Junta Fiscal se opuso y demandó para anular el plan proyectado por Cámara, Senado y Gobierno, al entender que sería inconsistente con la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) y el Plan Fiscal destinado para la isla.
“La Ley le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”, había comentado el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel, sobre la Ley de Retiro Digno.
Se espera que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, el presidente del Senado, José Luis Dalmau y el gobernador Pierluisi apelen la decisión de Taylor Swain en el tribunal correspondiente, pues en anteriores ocasiones los tres políticos reiteraron que debe haber “cero recortes a los retirados”.
Anulación de la Ley de Retiro Digno trajo reacciones
La política de Puerto Rico reaccionó a la decisión de Taylor Swain y uno de los primeros en dar su punto de vista fue el abogado y miembro del Partido Nuevo Progresista, Carlos Díaz Olivo, quien dijo que no debía sorprender la decisión de la jueza, pues consideraba que era algo esperado.
Además, señaló que en el entorno del Legislativo y el Ejecutivo existía un “deseo genuino de proteger a los pensionados, pero si no hay fondos, no se iba a llegar a ningún lado”, declaró para WKAQ 580 AM.
Por su parte, el gobernador Pierluisi también habló sobre la decisión en una rueda de prensa, donde además atendió preguntas de LUMA Energy y la actualidad energética en Puerto Rico.
“La ley era claramente inconsistente con el Plan Fiscal certificado por la Junta y con la propia Ley Promesa. Así yo lo indiqué cuando firmé la ley, si ustedes se recuerdan. Por eso les digo que no me sorprende la decisión de la jueza, aunque todavía no la he leído”, declaró Pierluisi.
Además, reiteró que “lo importante para todos es mantenernos firmes en cero recortes para las pensiones y mantenernos firmes en que no se va a hacer una emisión de bonos reestructurado si existe un requerimiento de que haya recorte a las pensiones”.
Desde el pasado 1 de julio en Puerto Rico está vigente el presupuesto certificado para el año fiscal 2022 promovido y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal que es el primero que cuenta con la implantación de la Ley Promesa, en un acuerdo que contó con la aprobación de la Legislatura y fue firmado por el gobernador Pedro Pierluisi.
