El desmedido cierre de la economía colombiana forzó al impopular presidente Iván Duque a proponer una profundísima reforma fiscal. Aunque desaconsejada, y rechazada por su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, Duque decidió mantener el proyecto.
La pandemia sumió a Colombia en una crisis económica sin precedentes. Uno de los cierres más largos del mundo devino en la quiebra de más de 500 mil empresas y en que 2,8 millones de personas cayeran en la pobreza. Por ello, el Gobierno puso sobre la mesa el proyecto para recaudar millones de pesos de los bolsillos de los colombianos sin siquiera considerar la reducción del gasto estatal. Un error letal.
El proyecto fue el detonante de una insurrección. El 15 de abril la propuesta llegó al Congreso y el 28 de abril cientos de personas tomaron las calles de las principales ciudades de Colombia. Los manifestantes, a partir de una exigencia legítima y de una disconformidad justificada por un terrible manejo de la pandemia, trancaron las calles. Pero lo que empezó como una protesta pacífica degeneró en el caos más absoluto: autobuses y estaciones de policías incineradas; bancos, tiendas y supermercados saqueados; las principales vías de acceso a varias ciudades bloqueadas, lo que provocó una durísima escasez de medicamentos y alimentos. Más de 30 personas han muerto y cientos de civiles y policías han resultado heridos.
Aunque Duque no resistió la presión y retiró la propuesta tributaria, y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció, las manifestantes continuaron en las calles, ahora con otras exigencias: la retirada de un proyecto de ley de reforma sanitaria, la introducción de un ingreso mínimo garantizado y el fin de la erradicación forzosa de cultivos de cocaína. La verdad es que, en la medida en que el Gobierno ceda, se ensanchará la lista de demandas.
La prensa internacional ha decidido cubrir Colombia de una manera irresponsablemente distorsionada. De un día para otro, un país democrático, próspero y en crecimiento, pasó a ser, según los medios internacionales, una cruel dictadura de derecha, que viola derechos humanos y ha oprimido a su gente desde hace años. Nada más lejos de la realidad.
Además, la prensa internacional ha decidido voluntariamente ignorar la realidad de las calles de Cali o Bogotá: tomadas por civiles violentos, las protestas han terminado transformándose en terrorismo urbano. Manifestantes han intentado quemar vivos a policías, han destruido cientos de millones en propiedad privada y pública; y han bloqueado las ciudades, provocando muertes por escasez de medicamentos o urgencias médicas.
La popularidad del presidente Duque se hunde aceleradamente y mientras tanto la extrema izquierda, apoyada por grupos narcoterroristas como las FARC o el ELN, alienta las manifestaciones.
Gustavo Petro, líder izquierdista y antiguo insurgente, es el hombre a temer: sin duda será el mayor beneficiado de esta terrible crisis en Colombia, una de las peores de su historia moderna.
Debemos alertar responsablemente que hoy en Colombia ya no protestan contra la reforma tributaria, que sabiamente fue retirada por el presidente Duque. Las manifestaciones han continuado porque la extrema izquierda aspira a tomar por la fuerza lo que jamás ha logrado por los votos. Es claro que hoy presenciamos en Latinoamérica un peligroso intento por derribar un Gobierno que, aunque impopular, fue elegido democráticamente y el próximo año entregará el poder, como le corresponde. Esas son las reglas del juego.
Colombia arde. Y lo peor que podría ocurrir es que, como advierte The Economist, el legado de Duque sea el primer presidente socialista de la historia de Colombia —y el país, en manos de la extrema izquierda, terminará inundando a Estados Unidos con una nueva ola de inmigrantes, justo como ha pasado con otros regímenes socialistas en la región.
Las manifestaciones pacíficas deben ser protegidas, pero cuando se vuelven útiles a la extrema izquierda y a grupos criminales, estamos hablando de una insurrección condenable.
The Editorial Board