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No, no es broma. En la República Argentina, la semana pasada se llevó a cabo el “primer foro para alcanzar la Justicia Menstrual”. Del mismo participaron 100 mujeres entre ellas funcionarias nacionales y provinciales, diputadas y senadoras nacionales, concejalas, dirigentes políticas, cooperativistas y activistas. Es decir, un conjunto de mujeres que viven del Estado y de los impuestos del “contribuyente”.
El encuentro se desarrolló en el “Salón Sur” de la Casa Rosada y contó con la asistencia de representantes de “Jefatura de Gabinete” y de ocho de los 21 ministerios que tenemos en el país: “Economía”, “Salud”, “Desarrollo Social”, “Desarrollo Productivo”, “Educación”, “Seguridad”, “Ambiente”, “Desarrollo Sostenible” y, finalmente, el ministerio de “Mujeres, Géneros y Diversidad”. Entre otros organismos gubernamentales.
El motivo de la reunión fue para tratar el “factor de desigualdad que implica la menstruación” y en esa misma línea plantearon “iniciativas para revertir la situación que afecta no sólo la economía sino la salud, la educación y el trabajo de las mujeres y personas menstruantes”. (Será motivo de otro análisis lo de “personas menstruantes”).
Lo que equivaldría a decir que el Estado logró zambullirse sin objeción alguna en nuestras bragas. Establecer que el proceso natural que mes a mes se desarrolla en el cuerpo femenino se trata de un asunto por el cual el Estado debe hacerse cargo, ya deja de ser lo que es (un proceso natural de la mujer) para convertirse en un asunto político, algo que no sólo politizará nuevamente en la sociedad civil, sino que además será utilizado como bandera de los “logros” que hayan concebido bajo un Gobierno izquierdista como el de Alberto Fernández. Victorias que se esfumarán a lo largo de este artículo.
Una medida irrisoria para el común denominador la población mundial, pero no para los argentinos ni para los venezolanos. Ambos países -que mantienen una relación simbiótica desde hace ya varios años-, se ocupan con mucho cuidado de los ámbitos que no sólo son propios de la sociedad civil, sino que, en este caso, pertenecen a las esferas más íntimas del cuerpo femenino porque esta vez sí se trata del propio cuerpo.
Bajo la excusa de que “las toallitas, tampones y copas menstruales representan un costo económico extra en mujeres y personas que menstrúan”, vamos a tener al Estado interfiriendo también en estos asuntos.
La “Cuarentena Social Preventiva y Obligatoria”, ¿no existe?
Otro de los argumentos para defender la intromisión del Estado en la ropa interior femenina, es que “las más afectadas son quienes poseen menores recursos y, al no poder acceder a estos productos, se ausentan de la escuela o de sus puestos de trabajo, o recurren a alternativas para gestionar su menstruación que pueden afectar su salud”. Según el foro “1 de cada 10 niñas no asiste a la escuela durante la menstruación. Las chicas pobres que no pueden comprar toallitas no van a la escuela de la vergüenza”.
En Argentina no se asiste formalmente a clases presenciales desde mediados del mes de marzo cuando el presidente Fernández declaró la “Cuarentena Social Preventiva y Obligatoria”, para todo el territorio nacional. Con lo cual, el cese de actividades presenciales en las instituciones educativas se mantiene hasta el día de hoy y los alumnos tienen virtuales desde su hogar en todos los escalafones de enseñanza. Pero quitando la cuestión circunstancial producida por una pandemia, en realidad lo que hay que decir y no se dice es que: 6 de cada 10 niños son pobres ¿Qué niño o adolescente pensaría en asistir al colegio con el estómago vacío?
“Desde el punto de vista económico, gastamos entre $ 1,898 y $3,805 pesos por año para gestionar la menstruación. Para muchas puede resultar poco, pero no para aquellas que representan el 10 % más pobre de la población y que gana alrededor de $4,350 pesos. Es decir, que en un hogar pobre con dos mujeres que menstrúan, se gasta anualmente el equivalente a casi un mes entero de ingresos”, sostuvo Mercedes D’Alessandro, la directora nacional de “Economía y Género”, un área que forma parte del ministerio de “Economía” de la República Argentina.
Si bien esas cifras que cita la directora son tremendamente alarmantes, la obligación es preguntarnos por qué existe un 10 % pobre de la población y que, además, gana 4,350 pesos (43.11 dólares, en cotización oficial -es decir, la cotización que establece el Gobierno-), mientras un funcionario estatal (como ella) con el cargo de director nacional, (como ella), percibe $ 120,000 pesos mensuales (1,359 dólares, a cotización oficial). Eso es lo que verdaderamente debería ser el tópico principal del foro.
El centro de dicho foro, bajo esa lógica cautelosa y protectora propuesta por personajes como D’Alessandro, respecto a la salud femenina de las mujeres en Argentina, quizás debería ser el hecho de preguntarse por la brecha salarial que existe entre un empleado público y uno que no lo es. O también, podría preguntarse sobre la necesidad de tratar esta temática cuando el 48 % del país está sumergido en la pobreza.
De la “Justicia Social” a la “Justicia Menstrual”, problemas de Gobiernos populistas
Otra de las declaraciones de la trabajadora estatal fue que: “Durante la pandemia, el ingreso [monetario] de las mujeres disminuyó y muchas perdieron su empleo. En este sentido, destacó que hubo una reducción del precio de los tampones en más del 75 % y casi del 40 % para las toallitas, ya que estos productos fueron introducidos en la canasta de “Precios Cuidados”.
En otras palabras, sería así: gracias a las políticas de encierro masivo que tomó el Gobierno de Alberto Fernández de la que ella forma parte, debido a la pandemia, tras no poder trabajar muchas mujeres perdieron su puesto de trabajo porque el mismo Gobierno dictaminó que no podían llevar el pan a la mesa, pues debían quedarse en su casa. Pero al mismo tiempo hubo una reducción del precio de elementos de higiene femenina tras incluir dichos productos en la “Canasta Básica”, (un grupo de alimentos necesarios para la supervivencia de una familia promedio del país que rigurosamente deben mantener un precio establecido por el Gobierno, ya que es una medida “paliativa” de pobreza).
Cuando se dan cuenta por sí mismas que ellas son el problema
Es que, además, en el foro también sentenciaron que “Según datos relevados por la Dirección de Economía, Igualdad y Género el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos que adquieren las personas menstruantes representa unos 328 millones de pesos de la recaudación” (3,694,941 de dólares a cambio oficial), indicó la titular de la “Unidad de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación” Mercedes Roviralta.
También mencionó que “una de las medidas en las que trabajamos es en la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual, toda vez que son una fuente de desigualdad de trato impositivo en la canasta de salud e higiene de las personas menstruantes”. En ese sentido, “eliminar el impuesto sería una herramienta para mejorar la equidad”, finalizó.
Lo que equivale a decir que: hay que financiar o subsidiar lo que ya está siendo subsidiado por el Estado y al mismo tiempo bajar los impuestos de esos productos en particular. Una especie de “Kramer Vs Kramer”. Mientras tanto, en este plan maquiavélico en el que el Gobierno se mete en tu cuerpo, y un grupo de vividoras estatales se reúnen en pos de poder conseguirlo planteando ideas no sólo ilógicas sino diametralmente opuestas entre sí, el kilo de carne en el país de las vacas cuesta $ 700 y no porque el productor lo venda caro, sino porque en ese precio, el 41.3 % son impuestos (IVA) introducidos por este mismo Gobierno y de los cuales cobran sus sueldos. Son inimputables.