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Las auditorías electorales son necesarias en una república para garantizar la integridad del sistema, la validación de la legitimidad política y la promoción de la armonía social. Una sociedad libre acepta acatar ordenadamente las reglas del juego si no se considera que éstas están amañadas.
La democracia representativa, el único modelo auténtico y sostenible de soberanía popular, impone enormes expectativas sobre un reflejo exacto de la voluntad del pueblo. Los atajos sesgados para el ascenso político en los que el fraude u otros métodos indirectos para intentar influir en los resultados electorales están presentes, deben ser una prioridad nacional para contrarrestar este enemigo del principio del autogobierno. La auditoría electoral no debe ser tachada de partidista ni temida como un monstruo politizado.
Las auditorías electorales como sistema de transparencia
Debe establecerse claramente la distinción entre una auditoría y un recuento. La primera es un enfoque integral, multifacético y orgánico para el mantenimiento de la pureza electoral. Como en cualquier investigación mecánica, los auditores (estatales o independientes) buscan defectos que podrían producir o produjeron resultados electorales cotizados. Este último es el proyecto específicamente dirigido a reexaminar las papeletas. La noción de recuento de votos suele llevarse a cabo en un entorno muy sensible al tiempo y el grado o la minuciosidad del recuento depende de las leyes estatales y/o de las normas de la junta electoral.
Actualmente, existen auditorías, de cierto grado, en cuatro estados: Arizona, Georgia, Michigan y New Hampshire. De ellos, las auditorías que más llaman la atención son las de Georgia y Arizona. Ambos estados resultaron cruciales para la victoria de Biden-Harris en 2020. En Georgia, el expresidente Trump perdió el Estado del Melocotón por unos 12,000 votos. En Arizona, la cifra fue de poco más de 10,000. Si Wisconsin, otro estado perdido por Trump por un escaso 0.63 % o unos 20,000 votos, hubiera sido llevado por el 45º presidente, junto con Georgia y Arizona, el recuento del colegio electoral habría quedado empatado, entregando la decisión de las elecciones presidenciales de 2020 al Congreso.
La premisa de estas auditorías no es anular los resultados pronunciados y certificados de las elecciones presidenciales de 2020. Dejando a un lado todas las anomalías e irregularidades rampantes, eso es un asunto resuelto. Los dos partidos autorizados que ordenaron las auditorías han establecido que, independientemente de los hallazgos, la elección de 2020 no se anularía. Por lo tanto, esto no debería ser un debate partidista. Sin embargo, a juzgar por los titulares de los medios de comunicación industriales, como Associated Press, uno creería que los resultados de las auditorías podrían enviar a Biden-Harris un aviso de desalojo para que abandonen la Casa Blanca.
Arizona comenzó su auditoría de los 2.1 millones de papeletas y 400 máquinas electorales del condado de Maricopa el 23 de abril. Ordenada por los poderes de citación del Senado del Estado del Gran Cañón, la búsqueda de la Cámara Alta intenta asegurarles a los ciudadanos de Arizona que el sistema electoral, si falló, ejerció la diligencia postelectoral y muy probablemente impondría ajustes a las leyes y normas electorales del estado.
En Georgia, el juez del Tribunal Superior del Condado de Henry, Brian Amero dictaminó el 21 de mayo que cerca de 145,000 papeletas de voto en ausencia del Condado de Fulton deben ser desprecintadas y sometidas a una auditoría. Curiosamente, incluso el secretario de Estado, Brad Raffensperger némesis de Trump durante el recuento en Georgia, estuvo de acuerdo en que esta decisión judicial impulsaba la transparencia. Inmediatamente después del fallo, subrayó que “el condado de Fulton tiene un largo historial de mala gestión electoral que, comprensiblemente, ha debilitado la fe de los votantes en su sistema. Permitir esta auditoría proporciona otra capa de transparencia y compromiso ciudadano”.
Entre las consideraciones para la acción de Georgia estaba un estudio de diciembre de 2020 de John Lott, un exasesor principal del Departamento de Justicia, titulado “Una prueba simple para el alcance del fraude electoral con los votos en ausencia en las elecciones presidenciales de 2020: Datos de Georgia y Pensilvania”. En él, el análisis de Lott concluía que alrededor de 380,000 “votos en exceso” (votos inválidos o ilegales) se decantaron por Biden en ambos estados pendulares.
Las auditorías electorales están diseñadas para desarraigar las imperfecciones electorales del proceso del sistema, desbrozando los síntomas en busca de las causas. La insistencia de los demócratas en institucionalizar, a nivel federal, el muy laxo sistema de voto por correo que ha dado lugar a que la mitad del país crea que tiene un presidente y un vicepresidente ilegítimos, es razón suficiente para aplaudir este mecanismo de control.
De cara al futuro, los proyectos de ley como el H. R. 1 y el S. 1 no deberían tener ninguna consideración. Quizás esto explique la obsesión de la prensa de izquierda por atacar a cualquiera que cuestione lo ocurrido en las elecciones de 2020.
Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.