La administración Trump prohibió a inversionistas americanos invertir en una “lista negra” de empresas chinas proveedoras tecnologías militares o de control social que Beijing usa para oprimir a su propia población y exportar su tecno-totalitarismo. Las 48 empresas en esa lista negra incluían a los principales operadores de red de China, China Telecom, China Unicom y China Mobile, junto al fabricante de cámaras de vigilancia Hangzhou Hikvision Digital Technology y al conglomerado de energía y químicos Sinochem.
Buena parte de esas empresas no cotizan en las principales bolsas americanas, pero están en fondos indexados de grandes financieras americanas como Vanguard y BlackRock. Poco antes de la prohibición americana, Beijing comprometió fuertes sumas en comprar en la Bolsa Shanghái acciones de empresas de la lista negra de Washington.
Pero la administración Biden no ha dejado de relajar sistemáticamente las sanciones de la administración Trump sin que Beijing ceda en algo a los intereses comerciales o geoestratégicos de Washington. De hecho, Beijing ha respondido a la relajación de sanciones de Washington con creciente agresividad geopolítica, en declaraciones como las del general Wei Fenghe ministro de Defensa chino, quien advirtió recientemente a Washington que Beijing “no dudará en iniciar una guerra” para controlar Taiwán, mientras el subsecretario del Tesoro de la administración Biden, Wally Adeyemo revelaba que administración Biden está considerando reducir aranceles sobre los productos chinos en busca de una reducción de precios a corto plazo, para luego abordar a largo plazo la competencia desleal de Beijing.
De hecho, las grandes financieras americanas que siguieron comerciando las acciones chinas de la lista negra en nombre de sus clientes fuera de los Estados Unidos y distribuyendo esos dividendos a clientes americanos recibieron de la administración Biden, poco antes de la fecha límite para deshacerse de esos activos, una discreta notificación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) confirmando que no serían castigados por conservar esos valores.
El asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien había explicado la orden ejecutiva de Trump como un mecanismo “para proteger a los inversionistas americanos de invertir involuntariamente capital en mejorar las capacidades del Ejército Popular de Liberación y los servicios de inteligencia de la República Popular China”. Y en junio de 2021, la administración de Biden aumentó a 59 el número de empresas en la lista negra, eliminando algunas y agregando otras, mientras que aclaraba en un comunicado de prensa de la Casa Blanca el alcance de su política de sanciones a empresas chinas que comprometieran la seguridad o los valores democráticos de Washington y sus aliados.
Las FAQ’s actualizadas del Departamento del Tesoro dejaron muy claro el alcance de esa política revelando que no hay penalización alguna para los inversores americanos que mantienen esos activos tras del período de gracia que concluyó en junio de 2022. El Departamento del Tesoro se limitó a señalar a esos inversionistas que ya no podrían comprar más de esas mismas acciones o vender las que conservaron sin la aprobación de la OFAC.
Y aunque el Departamento de Comercio investiga la queja de Auxin, un proveedor nacional de paneles solares, sobre el que Beijing emplearía la exención de aranceles a panes solares provenientes de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam para eludir las sanciones que ya existen en su contra, las exenciones se sostienen por lo que el director ejecutivo de Auxin, Mamun Rashid, declaró que la Casa Blanca ha “abierto completamente la puerta a los intereses especiales financiados por China para derrotar la aplicación justa de la ley comercial americana”.
La administración Biden acompaña un fuerte discurso en el que promete acciones contra la estrategia comercial de manipulaciones mercantilistas del comercio de Beijing y su “capitalismo” de apoyo estatal a privilegiadas corporaciones “privadas” asociadas al Partido Comunista y al Estado chino con acciones concretas totalmente contrarias a las que promete.
La política real de Biden ante Beijing ha sido de sistemática reducción de sanciones sigilosamente reveladas por las agencias federales americanas. Y Beijing entiende cada relajación de sanciones de Washington como otra muestra de debilidad a la que responde con mayor agresividad geopolítica y comercial.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros