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El presidente Joe Biden visitó este jueves el Congreso para presentar un nuevo paquete de gasto reducido, valorado en unos 1,75 billones de dólares, con el que espera conseguir el apoyo de las alas moderada y progresista del Partido Demócrata.
El plan mantiene las inversiones en el clima y la educación infantil que estaban previstas en el proyecto inicial de 3,5 billones de dólares, pero deja fuera la garantía de una baja familiar y de maternidad pagada a nivel nacional, y enfría las expectativas de un plan de regularización para los inmigrantes indocumentados.
“Todo el mundo está de acuerdo con esto”, aseguró Biden a los periodistas al llegar esta mañana al Congreso para reunirse con los demócratas, en un intento de llegar con ellos a un acuerdo antes de salir en unas horas de viaje a Roma para participar en la cumbre del G20.
Sin embargo, el senador demócrata Dick Durbin dijo a periodistas que hay “mucha incertidumbre” sobre si el nuevo plan conseguirá unir a las facciones del partido, y está por ver si el ala progresista aceptará un proyecto que recorta a la mitad el gasto.
El paquete, anunciado este jueves por la Casa Blanca, mantiene una inversión de 555.000 millones de dólares para el clima.
Otros 400.000 millones se destinarán a la educación gratuita para los niños de entre 3 y 4 años, los dos años previos al ingreso a la escuela primaria; y 200.000 millones más permitirán ampliar un año más los créditos fiscales para los americanos de menores ingresos que tienen hijos.
También incluye inversiones en seguros médicos y vivienda asequible, pero deja fuera un pilar clave de lo que había sido la agenda de Biden, la garantía de una baja remunerada por maternidad o paternidad.
El plan de la Casa Blanca deja la puerta abierta a añadir otros 100.000 millones de dólares que se destinarían a inmigración, pero todo apunta a que irían a parar a gastos de visados y no a la regularización de millones de indocumentados, como querían inicialmente los demócratas.
La financiación del plan de gasto de Biden se basa en la imposición de una tasa del 15 % para las grandes empresas.
Asimismo, aumenta un 5 % los impuestos para las personas con ingresos superiores a 10 millones de dólares; y 3 % adicional para las de más de 25 millones de dólares.
Penaliza, por otro lado, con un 1 % la recompra de acciones por parte de las grandes empresas.
Queda fuera, finalmente, la propuesta de aplicar impuestos a los multimillonarios, quienes ganan más 100 millones de dólares al año o cuyos activos están valorados en más de mil millones de dólares.
