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Por Brad Polumbo
El presidente Biden hizo campaña promoviendo la moderación y la “vuelta a la normalidad”. Sin embargo, en el frente regulatorio, la administración Biden ha sido mucho más agresiva que las administraciones anteriores, tanto republicanas como demócratas. Al menos, esa es la conclusión de un nuevo informe del American Action Forum (AAF), de tendencia centro-derecha.
Los analistas Dan Goldbeck y Dan Bosch revisaron el primer año del presidente Biden en el cargo. Descubrieron que, a través de acciones reguladoras y órdenes ejecutivas, esta administración impuso más de 201,000 millones de dólares en costos regulatorios y 131 millones de horas en nuevo papeleo anual a los americanos.
Eso representa casi 40 veces más costos cargados que durante el primer año del presidente Trump. Sin embargo, en una comparación quizás más acertada de presidentes del mismo partido, el informe encuentra que los gastos regulatorios de Biden son incluso tres veces mayores que los incurridos durante el primer año de Obama.
¿Por qué se dispararon los gastos regulatorios de Biden? Bueno, la AAF señala que el aumento masivo bajo Biden fue impulsado en gran medida por una regulación excesivamente cara relacionada con las normas de emisión de gases de efecto invernadero para los automóviles. Este ejemplo pone de manifiesto por qué los americanos deberían preocuparse por todo esto. Después de todo, ¿no fueran estas regulaciones impuestas a las empresas?
No tan rápido.
Aunque el papeleo puede regular oficialmente a General Motors, son los clientes quienes en última instancia llevan gran parte de esta carga multimillonaria a través de precios más altos. Al perseguir su agenda “verde” a través de la reglamentación, la administración Biden está imponiendo impuestos ocultos/indirectos a las familias americanas.
Sin embargo, como muestran los datos de la AAF, este no es un asunto único de la presidencia de Joe Biden. Aunque fluye y refluye bajo diferentes presidentes, el Estado regulador sigue creciendo y expandiéndose. Los americanos deberían ser muy conscientes de que estas incursiones tienen un costo directo para ellos, aunque su factura fiscal no aumente en papel.
Cuando pasamos por alto estos costos porque la carga superficial recae en las empresas, somos víctimas de una falacia común y no examinamos adecuadamente las acciones de nuestro gobierno.
Este error es lo que Henry Hazlitt denominó “la falacia de pasar por alto las consecuencias secundarias”. En Economics in One Lesson (La economía en una lección), condenó con razón “la persistente tendencia de los hombres a ver solo los efectos inmediatos de una política determinada, o sus efectos solo en un grupo especial, y a descuidar la indagación de cuáles serán los efectos a largo plazo de esa medida no sólo dentro de ese grupo especial sino en todos los grupos”.
Así que, sí, es comprensible que las últimas regulaciones añadidas al Registro Federal no capten naturalmente la atención de la mayoría de los americanos. Pero todos deberíamos preocuparnos por la carga invisible que el gobierno federal impone al público con cada nueva norma, regulación y dictado que a los burócratas se les ocurra.
Foundation for Economic Education (FEE)