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Autobuses transportan migrantes a escondidas a centros de caridad, confiscar propiedades

Biden incumple su promesa de no confiscar propiedades para el muro fronterizo

El dominio eminente es una violación directa de los derechos de propiedad, independientemente para qué se utilice

Por Patrick Carroll

El pasado 20 de enero, el presidente Biden emitió una proclamación en la que decía que su gobierno detendría la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México durante 60 días para determinar si era necesario confiscar tierras para continuar con el proyecto. Los 60 días pasaron sin que se tomara una decisión, y ahora un juez federal  emitió una orden judicial con la cual le da luz verde al gobierno para confiscar para el muro los terrenos privados de una familia.

“La tierra de la familia Cavazos es el objetivo de uno de los 140 casos activos que continúan bajo la Administración Biden”, dijo en un comunicado el Proyecto de Derechos Civiles de Texas. “Al menos 114 de estos casos han progresado desde la fecha límite de pausa proclamada por el presidente el 21 de marzo de 2021”.

Esto pone a los Cavazos en una situación difícil. Como informó ValleyCentral.com:

José ‘Fred’ Cavazos, el propietario de las tierras, tiene 71 años y está discapacitado, pero dice que el gobierno le está imponiendo la obligación de desalojar el terreno.  

“Me van a dejar solo para que derribar ese granero”, dijo Cavazos.  

Otro asunto es que Cavazos se gana la vida alquilando los terrenos y a la familia le preocupa que no puedan volver a entrar.

El abogado de la familia, Ricky Garza, se mostró especialmente consternado. “Ayer fuimos testigos de una traición al compromiso de la Administración Biden de terminar la construcción del muro fronterizo”, dijo. “En la corte federal, la pausa del presidente en la construcción del muro fronterizo no tiene sentido sin una acción inmediata del Departamento de Justicia para desestimar estos casos”.

De hecho, el que estos casos sigan adelante va directamente en contra de lo que Biden había prometido en la campaña electoral. “No se construirá ni un metro más del muro durante mi administración”, dijo en agosto. “¿Y las confiscaciones de las tierras?”, le preguntaron. “Fin, fin, fin, alto, hecho, terminado”, respondió. “No lo voy a hacer. Retiren las demandas. Estamos fuera. No vamos a confiscar las tierras”.

La familia Cavazos son sólo las últimas víctimas de una doctrina legal muy antigua y perniciosa: el dominio eminente.

El término se remonta al filósofo del derecho del siglo XVII, Hugo Grotius, quien utilizó la frase dominium eminens, que en latín significa “señorío supremo”. En su libro de 1625 Sobre el derecho de la guerra y la paz, Grotius describió el principio de la siguiente manera:

“La propiedad de los súbditos está bajo el dominio eminente del Estado, de modo que éste o quien actúe por él puede utilizar e incluso enajenar y destruir dicha propiedad, no sólo en caso de extrema necesidad… sino con fines de utilidad pública”. Su único calificativo era que “cuando se hace esto, el Estado está obligado a compensar la pérdida a los que pierden su propiedad”.

En Estados Unidos, el dominio eminente debe satisfacer tres criterios especificados en la Quinta Enmienda:

  1. La toma de posesión debe ser para “uso público”
  2. El Estado debe pagar una “compensación justa”
  3. La expropiación debe seguir el debido proceso legal

A pesar de que James Madison trató de ser cuidadoso en la redacción de la Quinta Enmienda para evitar darle al gobierno demasiado poder (concretamente utilizando el término “uso público” en lugar de propósito, interés o beneficio público), la ambigüedad de los términos ha permitido, por desgracia, que el gobierno utilice este poder en una amplia gama de casos.

Consideremos, por ejemplo, la frase “compensación justa”. El precedente legal establecido es definir la compensación justa como el “valor justo de mercado”, que es equivalente a lo que probablemente se vendería la propiedad si estuviera actualmente en el mercado. El problema, por supuesto, es que el valor es subjetivo. Los propietarios individuales, como la familia Cavazos, pueden tener un fuerte apego personal a su propiedad, de manera que el supuesto valor del mercado no es suficiente para compensar su pérdida.

Entonces, ¿cómo considera el gobierno los valores subjetivos del propietario? Bueno, según el Tribunal Supremo, simplemente no lo hacen, porque saben que no pueden hacerlo. Como escribió el Tribunal en el caso United States v. 50 Acres of Land, “la compensación justa debe medirse con un criterio objetivo que no tenga en cuenta los valores subjetivos que sólo tienen importancia para un propietario individual”.

La cláusula de “uso público” también se ha interpretado de forma bastante laxa, a pesar de que Madison esperaba evitar ese mismo problema. A principios de la década de 2000, por ejemplo, la ciudad de New London (Connecticut) quería utilizar el dominio eminente para expropiar una urbanización y dársela a una constructora privada como parte de un plan integral de reurbanización. Los propietarios, entre los que se encontraba la demandante principal, Susette Kelo, con su casita rosa, argumentaron que el desarrollo económico de una empresa privada no constituía un uso público.

El caso llegó al Tribunal Supremo en 2005, y en una sentencia de 5-4 el Tribunal se puso de parte de la ciudad alegando que los beneficios económicos y el potencial aumento de los ingresos fiscales eran justificaciones suficientes como para calificar el desarrollo privado de “uso público”.

Basta con decir que fue una interpretación muy creativa.

Y para colmo de males, los planes de urbanización fracasaron tras el derribo del terreno. La zona sigue siendo un terreno vacío hasta el día de hoy.

muro frontera mexico USA
En el año 2006, Biden votó a favor de la construcción de unas 700 millas de muro durante la administración Obama. Durante el Gobierno de Trump, el demócrata se volvió un firme crítico del muro fronterizo. (Archivo)

Aparte de las cuestiones jurídicas y morales, la práctica del dominio eminente también plantea problemas económicos. El principal es que esta herramienta política le permite a los gobiernos socavar los derechos de propiedad de los propietarios.

La razón por la que los derechos de propiedad son tan cruciales para el bienestar económico es que proporcionan previsibilidad para el futuro. Cuando las personas tienen derechos de propiedad seguros, se sienten seguras ahorrando sus recursos e invirtiéndolos en proyectos a más largo plazo, porque saben que podrán recoger los frutos más adelante. Estas inversiones conducen a la creación de mayor capital, como herramientas y maquinaria, lo que permite producir cosas de forma más eficiente y, por tanto, conduce a una mayor abundancia.

Sin embargo, cuando los derechos de propiedad son tenues, la gente es reacia a invertir.

Por ejemplo, supongamos que queremos construir una ampliación de nuestra casa, tal vez para alquilar el espacio o simplemente para nuestro propio disfrute. La construcción de la ampliación llevaría una cantidad considerable de tiempo y dinero, pero estaríamos seguros, de poder llevarse a cabo, de que sería un beneficio neto para uno y para los demás.

Ahora imagina que los políticos estén pensando en quitarte la casa mediante el dominio eminente. Aunque nunca lo hagan, la mera amenaza de perder tu inversión probablemente sea suficiente para disuadirte de construir la ampliación. Así, terminas destinando tus recursos a otros fines menos beneficiosos. En resumen, el crecimiento económico es restringido.

El papel fundamental que desempeñan los derechos de propiedad en la economía también se ha puesto de manifiesto en muchos estudios. El Índice de Libertad Económica del Mundo, por ejemplo, ha demostrado que los países con derechos de propiedad más fuertes superan sistemáticamente a los países con derechos de propiedad más débiles en medidas de bienestar como el PIB per cápita.

Aunque Estados Unidos tiene ciertamente derechos de propiedad mucho más fuertes que muchos otros países, el dominio eminente sigue siendo un problema omnipresente. Y, lamentablemente, los propietarios de tierras como la familia Cavazos tienen poca posibilidad de maniobra si son afectados. El Estado, después de todo, tiene la última palabra.

Supongo que por eso lo llaman “señorío supremo”.

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