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El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea demandar a Texas por su nueva ley que prohíbe prácticamente todos los abortos en el estado, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal.
La demanda podría llegar este mismo jueves, aunque también es posible que se aplace, según el periódico, que cita a fuentes familiarizadas con el caso.
Así Biden ha pasado en menos de una década a cambiar su postura sobre el aborto para complacer a sus bases progresistas, en el año 2015 el entonces vicepresidente declaró “Estoy dispuesto a aceptar que en el momento de la concepción es una vida y un ser humano”, para ahora cambiar radicalmente su opinión en contra de las creencias católicas que dice defender, no solo emitiendo su opinión, sino haciendo uso del poder del Gobierno Federal para torcer la voluntad de los texanos.
La nueva ley de Texas, que entró en vigor hace una semana, prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto.
Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.
El lunes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró que estaba explorando de forma urgente todas las opciones para responder a la ley de Texas, con el fin de “proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto”, legalizado por el Tribunal Supremo en 1973.
Mientras tanto, afirmó que el Gobierno planea aplicar una ley federal de 1994 que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos, y castiga a quienes causen daños materiales de forma intencionada a centros que ofrezcan servicios reproductivos.
No está claro en qué podría consistir la demanda del Departamento de Justicia, aunque se espera que se base en el argumento de que la ley de Texas interfiere ilegalmente con intereses del Gobierno federal, de acuerdo con el rotativo neoyorquino.
Expertos apuntaron que si el Departamento de Justicia quiere boicotear la ley, podría intentar restringir los fondos federales a Texas, o averiguar si hay instalaciones del Gobierno federal en Texas donde puedan practicarse abortos, dado que escaparían a la jurisdicción estatal.
La semana pasada, horas después de la entrada en efecto de la ley de Texas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió no bloquear la legislación.
