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La “Protecting the Right to Organize Act”, también conocida como la Pro Act, iría incluida en el plan de infraestructura del presidente Joe Biden. Grupos de izquierda como “Los Socialistas Democráticos de América” y el “Partido de las Familias Trabajadoras” han apoyado la medida, llamando por teléfono a los votantes registrados en los estados con senadores moderados del Partido Demócrata y de esta forma presionar para conseguir los votos necesarios.
Si la Pro Act se incluye dentro del plan de infraestructura y se planea que pase por el procedimiento de reconciliación, no es improbable que tenga el mismo destino que la propuesta de incluir el aumento del salario mínimo a $15 la hora en el plan de estímulo.
Mitch McConnel y el Partido Republicano plantearon en una rueda de prensa que se opondrán al plan de infraestructura de Biden. En ese sentido, el líder de la minoría del Senado afirmó que el plan de Biden: “es el camino incorrecto”.
Para McConnell: «Antes de la pandemia, teníamos la mejor economía en 50 años. No deberíamos aumentar los impuestos bajo la apariencia de un proyecto de ley de infraestructura y enviar nuestra economía en la dirección equivocada».
La inclusión de la Pro Act solo traerá una férrea oposición por parte del Partido Republicano y es posible que prevenga a muchos demócratas moderados de votar a favor del plan de infraestructura.
¿Qué contiene la Pro Act?
La Pro Act les garantiza a los empleados del sector privado el derecho a organizar sindicatos, entablar negociaciones colectivas y tomar acciones como huelgas. Además, el acta prohíbe a los empleadores intervenir para evitar la sindicalización y anula las leyes estatales del “derecho al trabajo”, lo que obligaría a todos los empleados a pagar determinadas cuotas requeridas por los sindicatos para su financiación y mantenimiento, incluso si los trabajadores no desean ser parte o aportar al sindicato.
La Pro Act también prohíbe a las compañías entablar “audiencias captivas”, lo que significa que ya no se podrá convocar a reuniones con el personal para llegar a acuerdos que los disuadan de sindicalizarse.
Bajo la Pro Act, la Junta Nacional de Relaciones Laborales podría multar a las compañías acusadas de “prácticas laborales injustas” e intermediar en las disputas, en el caso de que empleadores y sindicatos no lleguen a un acuerdo.
El sistema de votación también se modificaría sustancialmente, pues les permitiría a los sindicatos sostener elecciones sin el consentimiento de la compañía en la que trabajan y habilitaría, además, el sufragio por email o a través de balotas electrónicas.
Por otro lado, la confidencialidad del voto quedaría eliminada bajo la Pro Act, pues, en caso de que el sindicato pierda alguna votación, este puede acusar al empleador de interferir en las votaciones y develar quién votó en contra de los proyectos favorecidos por el sindicato.
De igual manera, la Junta Nacional de Relaciones Laborales podría descartar las elecciones y reconocer la decisión del sindicato, si la mayoría de los empleados firman las balotas antes de votar. Este proceso, conocido como “control de balota”, produce que los trabajadores sean vulnerables a la intimidación, ya que los sindicatos podrían revisar si se vota a favor o en contra de sus medidas.
La economía digital tampoco quedaría a salvo de la Pro Act
La Pro Act también regulará las prácticas de la economía digital, pues permite que los contratistas de este tipo de compañías, como Uber o Door Dash, se sindicalicen en caso de cumplir ciertas condiciones, ya que consideraría a estas compañías como empleadores y no meramente contratantes de servicios independientes.
En caso de aprobarse la Pro Act, usaría los mismos lineamientos de la ley californiana conocida como A.B.5 para determinar si los contratistas de compañías de apps pueden ser considerados como empleados.
La A.B.5 asume que los contratistas son empleados de las compañías de aplicaciones, a menos que estas logren probar bajo un test denominado ABC que:
- El contratista es libre de prestar servicios sin control o dirección de la compañía.
- Las labores que el contratista está desempeñando se encuentran por fuera del foco de negocios de la compañía.
- El contratista se dedica habitualmente a una ocupación o negocio establecido independientemente de la misma naturaleza al trabajo realizado para la compañía.
En caso de que la Pro Act pase el debate en el Senado, se impondrían los lineamientos de la ley californiana en toda la nación, lo que obligaría a las empresas de economías colaborativas (como Uber, por ejemplo) a iniciar largos procesos legales para determinar si sus usuarios son contratistas o empleados.
Por si fuera poco, la Pro Act obliga a los empleadores a revelar si han recibido asesoría jurídica en materia de sindicalización en caso de que haya una disputa entre el sindicato y la compañía, una acción que violaría completamente la confidencialidad entre abogado y cliente.
En definitiva, la Pro Act genera un cambio total en las actuales leyes del trabajo y beneficia puramente a la fuerza sindical, que por el momento representa menos del 10.5 % de la población activa en los Estados Unidos.
Economist, writer and liberal. With a focus on finance, the war on drugs, history, and geopolitics // Economista, escritor y liberal. Con enfoque en finanzas, guerra contra las drogas, historia y geopolítica