La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, radicó este lunes en la Cámara de Puerto Rico el Proyecto 1070, que pretende multar a todos los establecimientos que apliquen vacuna contra COVID-19 a menores de edad sin el consentimiento de los padres.
Burgos Muñiz explicó que el proyecto estipula sanción económica de $10,000 a las personas naturales involucradas en vacunación obligatoria en menores sin permiso.
Según la política, propuso el proyecto de ley “con el fin de proteger a los menores y los derechos parentales” de los habitantes de la isla.
“El proyecto propone la imposición de daños estatutarios por la cantidad de diez mil dólares ($10,000) a toda persona natural que suministre una vacuna contra el COVID-19 a un menor de edad sin el consentimiento escrito de al menos uno de sus progenitores con patria potestad o su tutor legal”, expresan las declaraciones escritas.
El texto asegura que aquellas empresas, establecimientos o corporaciones que permitan dicha inoculación no autorizada deberán pagar daños estatutarios por una cifra de 20,000 dólares.
Por otra parte, Burgos Muñiz se refirió al proceso de vacunación en Puerto Rico como un proceso de “desconfianza” luego que el Ejecutivo impusiera cargas con la “intención de obligarlos a vacunarse (a la población)”.
“Mi proyecto surge de la desconfianza que ha manifestado el pueblo en lo referente al proceso de vacunación que está llevando a cabo la rama Ejecutiva. Hemos visto cómo el Gobernador ha impuesto cargas muy onerosas a los no vacunados con la intención de obligarlos a vacunarse so pena de enfrentar sanciones en sus trabajos (…) Nos preocupa como la rama Ejecutiva pueda atender la vacunación de menores ante la posible autorización, por parte de la FDA, del uso de la vacuna de Pfizer en menores de 5 a 11 años. Por esta razón nos toca prevenir”, comentó.
La representante manifestó su respaldo a los padres en la defensa del derecho que estos ostentan a asistir a sus hijos en sus decisiones médicas.
“Ante las reiteradas violaciones a derechos civiles por parte del Ejecutivo, no vemos porque confiarle al gobernador y al secretario de Salud el bienestar y la salud de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Precisamente, son los padres quienes deben asistir a sus hijos en la decisión de aceptar o rechazar la vacuna contra el COVID-19″, declaró Burgos Muñiz.
“Como legisladora y ciudadana, rechazo categóricamente cualquier intromisión indebida del Estado, y de cualquier tercero, con el derecho de los menores a contar con el consejo y autorización de sus padres en lo que respecta a decisiones médicas. Los padres siempre contarán con mi apoyo en la defensa de todas las obligaciones y derechos enmarcados en la figura de la patria potestad. Nuestros hijos no pertenecen al Estado ni a las farmacéuticas”, concluyó la también presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes.
Esta no es la primera vez que Burgos Muñiz se involucra en un proyecto similar. Meses atrás, introdujo una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para ir en contra de la vacunación obligatoria, impuesta por el Ejecutivo y el Departamento de Salud a través de una orden ejecutiva y posteriormente, radicó también en tribunales una orden para que jefes y patronos evitaran solicitar el certificado de vacunación para ejercer trabajos.
