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Por Brad Polumbo
Millones de americanos han pasado dificultades económicas desde el estallido de la pandemia de COVID-19 en marzo. Pero un nuevo informe revela que, en lugar de ayudar a los verdaderamente necesitados, el gobierno de California envió hasta 31,000 millones de dólares, en dinero de los contribuyentes y destinados a la “ayuda por el COVID-19” a estafadores y redes de delincuencia.
El “estado dorado” ha pagado la asombrosa cantidad de 114,000 millones de dólares en prestaciones por desempleo ampliadas desde que comenzó la crisis la pasada primavera. De esa suma, los funcionarios han confirmado que el 10 % es fraudulento. Eso supone 11,400 millones de dólares perdidos definitivamente por el fraude. El estado ha identificado otro 17 % de los fondos pagados como potencialmente fraudulentos, lo que significa que hay unos 20,000 millones más en pérdidas sospechosas.
“La realidad es que California no contaba con suficientes medidas de seguridad para evitar este nivel de fraude”, declaró la secretaria de la Agencia de Desarrollo Laboral de California, Julie Su.
“Mientras millones de californianos solicitaban ayuda, redes criminales internacionales y nacionales trabajaban sin descanso tras bastidores para robarse las prestaciones de desempleo utilizando sofisticados métodos de robo de identidad”, admitió Su.
En un ejemplo particularmente atroz de lo fácil que era jugar con el sistema, el estado dorado envió aproximadamente 1,000 millones de dólares a delincuentes que actualmente están entre rejas en cárceles y prisiones y que presentaron solicitudes falsas. El problema del fraude en California es especialmente flagrante, pero no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia nacional.
Contexto: El fraude relacionado con el COVID-19 ha sido un problema nacional
En respuesta al brote de COVID-19, el gobierno federal amplió rápidamente el sistema de prestaciones por desempleo en la “Ley CARES” de marzo. Abrieron las prestaciones de desempleo a vastas categorías de nuevos trabajadores y enjuagaron el sistema con pagos federales en efectivo además de las prestaciones existentes a nivel estatal.
Esto se hizo con la benigna intención de ayudar a las personas necesitadas y de hacer llegar el dinero de ayuda a los que tenían dificultades. Pero creó un sistema roto en el que la asistencia social pagaba más que el trabajo para el 70 % de los desempleados, desincentivando la recuperación económica. Y los programas de asistencia social, ampliados apresuradamente, se convirtieron rápidamente en el sueño de los estafadores y en un objetivo atractivo para los delincuentes.
Desde el rapero “Nuke Bizzle”, que supuestamente robó 1.2 millones de dólares y escribió una canción en la que se jactaba de ello, hasta un fraude como el del anillo nigeriano-sí, en serio- que causó estragos en el sistema del Estado de Washington, rápidamente empezaron a surgir ejemplos escandalosos de fraude con el desempleo con el COVID-19. En total, el gobierno perdió 36,000 millones de dólares por fraude en 2020. (¡Y eso es sólo el fraude del que tenemos conocimiento!) Esto es más que todo el sistema de beneficios por desempleo pagado en el 2019.
Fraudes por el COVID-19 no son únicamente en California: es sistémico
Algunos podrían mirar esta situación disfuncional y culpar al COVID-19 por el caos causado o a la incompetencia singular de los funcionarios de California. Aunque ambos factores han desempeñado sin duda un papel, no pueden explicar totalmente lo que ha ocurrido aquí. El fraude desbocado es una característica, no un virus, de todos los grandes programas gubernamentales.
¿Por qué?
En la empresa privada, el afán de lucro lleva a los empresarios a limitar el despilfarro y las ineficiencias de todo tipo. Ellos ejercen una presión sobre los empleados, y a menudo son despedidos si permiten que se produzca un enorme despilfarro. En todas estas empresas privadas, los que gastan el dinero, directa o indirectamente, tienen la piel en el juego. En la administración pública ocurre lo contrario.
No hay una motivación al lucro que impulse la eficiencia. Este aspecto clave de la empresa privada se sustituye por la burocracia, que es criptonita para la productividad y la responsabilidad. De hecho, la mencionada funcionaria de California que supervisó este escándalo, Julie Su, está recibiendo un ascenso. El presidente Biden la ha nominado para servir en su administración dentro del Departamento de Trabajo.
Para no hablar de una promoción, este tipo de despilfarro y disfunción simplemente nunca ocurriría en una empresa de libre mercado a largo plazo. Cualquier empresa que se dedicara a ello perdería ante la competencia y quebraría. Por supuesto, no hay tal control sobre los burócratas del gobierno.
Un gobierno engrandecido siempre resulta en gastos de dinero e ineficiencia
En el fondo, la administración de los grandes programas gubernamentales implica inevitablemente que los burócratas desprendidos gasten el dinero de otras personas. Como explicó el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, esto, por su propia naturaleza, incentiva la ineficiencia.
Piénsalo bien.
Cuando uno compra para sí mismo con su propio dinero, tiene todos los incentivos para evitar el despilfarro, buscar ofertas y asegurarse de obtener un producto de calidad. Del mismo modo, cuando gastas el dinero de otras personas en tí mismo, una tarjeta regalo por ejemplo, sigues teniendo un incentivo para comprar con frugalidad y buscar la calidad.
Pero considere la situación contraria.
“Si gasto el dinero de otra persona en otra persona, no me preocupa cuánto es, y no me preocupa lo que obtengo”, escribió Friedman en su famoso libro Free to Choose. “Y eso es el gobierno”.
En California, acabamos de ser testigos de un ejemplo particularmente atroz de lo derrochador que puede ser un gobierno engrandecido. Sin embargo, tenga la seguridad de que en su estado también se producen fraudes e incompetencias similares.
Foundation for Economic Education (FEE)