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El presidente Joe Biden pedirá este jueves al Congreso 35.000 millones de dólares adicionales en fondos para la Policía, pese a que miembros de su partido impulsaron el movimiento para desfinanciar la Policía.
En una llamada con periodistas, una alta funcionaria de la Casa Blanca explicó que Biden solicitará al Congreso 35.000 millones de dólares adicionales a los 2.000 millones ya previamente anunciados, lo que situaría el presupuesto federal dedicado a las fuerzas de seguridad en un total de 37.000 millones de dólares.
Este dinero se destinaría a proveer más fondos a la Policía -incluyendo la contratación y formación de 100.000 nuevos agentes en todo el país- y a promover la persecución judicial efectiva de los crímenes para que evitar que los reincidentes vuelvan a la calle.
Además, Biden también propone endurecer las penas por el tráfico del opiáceo fentanilo y pide al Congreso que legisle para que las plataformas de comercio electrónico como Amazon verifiquen la información de los vendedores y sean sancionadas si en ellas se venden productos robados.
El presidente sugiere también la creación de un plan financiado con 15.000 millones de dólares (parte de los 37.000 millones) para que las ciudades y los estados del país desarrollen estrategias para prevenir el crimen violento y reduzcan el trabajo de la Policía identificando situaciones no violentas que no requieran de su participación y puedan solventarse mediante un trabajador social.
En los últimos meses, los demócratas han tratado de desvincularse al máximo del movimiento “Defund the Police” y han tratado de reforzar su imagen como aliados de los cuerpos policiales, especialmente a medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre, en las que la seguridad está llamada a ser una de las cuestiones que más condicionen los comicios.
El crimen violento se ha disparado en las ciudades de Estados Unidos desde el inicio de la pandemia de covid-19 en 2020 y grandes urbes como Nueva York, Chicago y Houston han experimentado incrementos en el número de homicidios de más del 45 % respecto a antes de 2020.
En metrópolis como Los Ángeles o San Francisco, el aumento de robos en casas y vehículos se ha convertido en uno de los principales motivos de queja de la ciudadanía, y ha desatado iniciativas populares para echar a los fiscales de ambas ciudades al considerarlos demasiado tolerantes con el crimen.
En el caso de San Francisco, los electores ya echaron al fiscal Chesa Boudin en junio; y en Los Ángeles está ya en marcha el proceso contra el fiscal George Gascón.
