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El caso Biden vuelve como un bumerán contra los demócratas

Al candidato presidencial demócrata, Joe Biden, el anzuelo de la corrupción, le ha alcanzado de lleno

Esta estrategia de ocultación de Biden para vulnerar el deber de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas daña a la democracia, a la imagen internacional de EE.UU. y a la confianza de la ciudadanía en la política.

La trama de corrupción con Ucrania vuelve a sorprender a la opinión pública norteamericana. Esta vez, por una serie de correos electrónicos que revelan que Hunter Biden presentó en 2015 a su padre, Joe Biden, a un alto ejecutivo de la firma ucraniana de gas natural “Burisma Holdings” para obtener beneficios personales.

Al candidato presidencial demócrata el anzuelo de la corrupción le ha alcanzado de lleno. Los documentos, filtrados por el diario “New York Post” y que están siendo analizados por el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, ponen al descubierto presuntos amaños urdidos por el hijo de Biden bajo la cobertura de quien entonces era vicepresidente de EE.UU.

El espectáculo es bochornoso y vuelve a golpear la credibilidad del Partido Demócrata. Pero Biden no sabe lo que es dar explicaciones. Ni, por lo visto, le importa. Sus evasivas durante sus debates presidenciales para ocultar estos posibles delitos de tráfico de influencia y abuso de poder en negocios turbios de su hijo con organizaciones mafiosas internacionales, es solo la última de una serie de maniobras para mermar la calidad de la democracia en EE. UU.

Desde que el gobierno de Donald Trump declaró el “estado de emergencia nacional” debido al Coronavirus, Joe Biden se ha dedicado a encubrir los lazos corruptos de su familia con oligarcas extranjeros; ha atacado la independencia legislativa tras exigirle al Senado que postergue la votación sobre la candidata a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett; se ha negado a colaborar con la Comisión de Seguridad Nacional y el Comité de Seguridad en el caso Flynn dificultando la labor de los legisladores; ha manipulado de manera partidista la gestión de la crisis del Coronavirus en una estrategia de confrontación política para desgastar al adversario; mantiene una agenda opaca de concesiones con el ala radical de su partido y está legitimando con su silencio a organizaciones filocomunistas que practican el terrorismo urbano como Black Lives Matter y Antifa.

A las puertas de unas cruciales elecciones, el aspirante presidencial demócrata debería estar más allá de toda suspicacia en cuanto a su credibilidad política y comportarse como uno de los principales líderes en la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.

Pero no ha sido así. Las investigaciones de las tramas que afectan a su familia empiezan a encontrar terrenos más consistentes para los jueces y más turbios para el ex vicepresidente.

La Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que investiga los casos de corrupción en los que pudiera estar implicada la familia de Joe Biden, hizo público un informe que revela una posible actividad criminal relacionada con transacciones entre Hunter Biden, su familia y sus asociados con ucranianos, rusos, kazajos y chinos.

La documentación presentada por los senadores Ron Johnson (Wisconsin) y Chuck Grassley (Iowa), fruto de una investigación de varios meses, revela que Hunter Biden recibió millones de dólares de origen extranjero como resultado del entramado de sociedades y empresas que urdió durante el período en que su padre fue vicepresidente de los Estados Unidos.

Los entresijos de este presunto caso de corrupción, con Ucrania como telón de fondo, han tenido que ser divididos en diferentes piezas debido a la complejidad del mismo y al número de personas implicadas. Los investigadores consultaron más de 45.000 páginas de registros del gobierno de Barack Obama y han entrevistado a ocho funcionarios en calidad de testigo relacionados con el caso.

En 2014, Hunter Biden pasó a formar parte de la empresa ucraniana de gas, Burisma Holdings, propiedad del oligarca y expolítico ucraniano Mykola Zlochevsky, quien enfrentaba en ese momento una investigación por lavado de dinero. Sospechosamente, sin apenas experiencia en el sector de gas natural, Hunter firmó un acuerdo por 50.000 dólares al mes con la citada empresa de energía, formando parte de su comité de dirección durante cinco años.

Entre 2015 y 2016, el subjefe interino de la misión diplomática de EEUU en Kiev, George Kent, trasladó sus preocupaciones a los funcionarios de la oficina del vicepresidente Joe Biden, alertando sobre un posible conflicto de intereses con relación al papel de su hijo en Burisma.

El gobierno de Obama optó por desestimar las advertencias de Kent. Un día después de que Hunter se uniera a Burisma en mayo de 2014, el hijastro del secretario de Estado, John Kerry, Christopher Heinz, le envió un correo electrónico a su padre sobre el nombramiento del hijo de Biden como vicepresidente de la junta. Heinz era socio comercial de Hunter Biden en la empresa Rosemont Seneca, aunque Kerry aseguró posteriormente desconocer que Hunter formara parte de la junta de Burisma.

El escándalo saltó en 2016 cuando Joe Biden -enviado especial de Obama para manejar las relaciones con Ucrania- forzó al gobierno de ese país para que despidiera al fiscal superior Viktor Shokin, quien ese momento investigaba a Burisma Holdings por sus opacas operaciones comerciales. El propio Biden reconoció que había amenazado al presidente ucraniano, Petro Porosehnko, con anular mil millones de dólares en garantía de crédito de Estados Unidos, si no despedían a Shokin.

En abril de ese mismo año, Viktor Shokin fue destituido y apartado de la investigación. Es inimaginable que Joe Biden no estuviera al corriente de lo que pasaba. Algunos analistas han ido más lejos en sus análisis al asegurar que Hunter, con el fin de favorecer los intereses de la empresa Burisma, podría haber estado usando las mediaciones de su padre para presionar a Ucrania en el aumento de la producción de gas natural.

Según la documentación publicada por el diario “New York Post” la pasada semana, Joe Biden, a petición de su hijo, sostuvo una reunión con Vadym Pozharskyi, Presidente Ejecutivo de Burisma, en Washington, D.C. La cita se menciona concretamente en un correo electrónico de agradecimiento que Pozharskyi envió a Hunter Biden el 17 de abril de 2015, un año después de que éste asumiera su puesto en la junta directiva de Burisma. “Estimado Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a su padre y pasar [sic] un tiempo juntos. Es realmente [sic] un honor y un placer”.

En un asunto gravísimo por parte de Joe Biden en el uso inconstitucional de las instituciones públicas al servicio del abuso de poder, el “New York Post” recuerda que esta reunión tuvo lugar menos de un año antes de que el exvicepresidente de EEUU presuntamente presionara a los funcionarios del gobierno de Ucrania para que despidieran al fiscal Viktor Shokin.

Según explica la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y el Comité de Finanzas del Senado, la investigación ilustra “hasta qué punto los funcionarios del gobierno de Obama ignoraron las evidentes señales de advertencia cuando el hijo del vicepresidente se unió a la junta directiva de una empresa que era propiedad de un oligarca ucraniano corrupto”.

La presunta implicación de la administración de Obama en este caso de enriquecimiento ilícito de una empresa ucraniana de dudosa reputación en perjuicio de los intereses del Estado resulta verdaderamente digna de una república bananera, operada en la sombra de un país que debe liderar la estrategia geopolítica internacional.

Las prueban reunidas por la Comisión del Senado acreditan indicios suficientes para enjuiciar a Joe Biden por favorecer a la red clientelar que conectaba a su hijo con una vasta red financiera de ciudadanos y gobiernos extranjeros.

Pero la trama de “Burisma” no es un caso excepcional. El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y el Comité de Finanzas del Senado rastrea también un presunto delito de cohecho y tráfico de influencia, en el que podría estar implicado Joe Biden. Según la Comisión, existen pruebas documentales de que su hijo, Hunter Biden, fue uno de los nueve directores de BHR, empresa de capital privado, respaldada por el gobierno y el Partido Comunista de China.

El informe deja constancia de que en diciembre de 2013 Hunter voló a bordo del Air Force Two con el entonces vicepresidente Biden al país asiático. El viaje sirvió para que Jonathan Li, director ejecutivo de Bohai Capital -futuro socio de Rosemont Seneca-, estrechara la mano de su padre. En 2015, la empresa BHR se unió a Aviation Industry Corporation of China (AVIC) para adquirir Henniges, considerada la mayor inversión china en activos de fabricación de automóviles de EE. UU., según reza la investigación.

Amparándose en excusas legalistas, el equipo de campaña de Biden ha acusado al senador Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, de impulsar “una teoría de la conspiración de extrema derecha que ha sido refutada durante mucho tiempo”.

Por su parte, el Partido Demócrata ha condenado y ha presionado en contra de los esfuerzos que lleva a cabo la Comisión para investigar a Biden. El intento del exvicepresidente de tapar los hechos como “secreto de Estado” no durará eternamente. Las acusaciones contenidas en el citado informe se basan en registros financieros no partidistas, conocidos como ‘Informes de Actividad Sospechosa (SAR), elaborados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Por eso la mentira representa un doble descrédito para quienes pretender actuar a la desesperada bajo un engaño masivo.

De momento y sin indicios de criminalidad concluyentes, Joe Biden ha ido sorteando con subterfugios, con estrategias dilatorias, con aparentes tácticas de regeneración y transparencia como la que protagonizó recientemente su hijo tras anunciar que abandonaba la empresa “Burisma” para no interferir en la candidatura de su padre a la presidencia. Pero lo cierto es que el cariz que están dando las investigaciones, una vez que se aproxima la vía judicial, apuntan a un cerco que rodea políticamente al candidato presidencial y que podrían invalidar su carrera política.

Los errores de Joe Biden y el Partido Demócrata en estos supuestos casos de corrupción son muchos. De confirmarse la veracidad de los documentos, nos encontraríamos ante una serie de tramas de corrupción institucional creadas bajo el consentimiento de la administración de Obama, sobre la que se cierne un conjunto de supuestas responsabilidades penales y políticas.

Pero toda esta situación de descrédito para EE.UU. parece que no es suficiente. Joe Biden y el Partido Demócrata ambicionan más, y por eso aumentan la tensión sobre las instituciones democráticas.

Refiriéndose a los correos electrónicos revelados por el “New York Post”, Adam Shiff, uno de los legisladores demócratas que lideró el juicio político contra Trump, ha recurrido a la teoría de la conspiración para vincular la correspondencia encontrada en la computadora de Hunter Biden como parte de una campaña de difamación proveniente del Kremlin.

El Director Nacional de Inteligencia, John Ratcliffe, ha cargado contra Shiff y ha puesto en duda la credibilidad del presidente del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara, asegurando que la computadora portátil Hunter Biden y los correos electrónicos “no forman parte de una campaña rusa de desinformación”. “No hay inteligencia que lo respalde”, ha señalado.

Los estadounidenses no deben aceptar esta forma de actuar que está protagonizando el Partido Demócrata, porque es una descomposición del poder político y del orden constitucional.

Es peligroso utilizar la mentira como arma arrojadiza contra el adversario. Pero más peligroso aún es hacer del engaño un método sistémico de destrucción de la calidad democrática, que deja a Biden en una posición incompatible con la autoridad política y moral que se exige para el ejercicio de su cargo.

Atrincherado en la falsa autoridad moral de la izquierda, Biden rehúye la frase “ley y orden” para no ofender a grupos como “Antifa” y “Black Lives Matter”, da carta de naturaleza a los líderes demócratas que buscan desmantelar a la policía, y utiliza de forma partidista la tragedia causada por el Coronavirus, polarizando a la opinión pública -apoyado en la maquinaria sectaria de los medios de comunicación afines-, incapacitando al partido demócrata como interlocutor para un proceso de reconstrucción necesaria, más pendiente del pulso ideológico, de la corrección política y de la propaganda que de colaborar con el gobierno para combatir el Covid-19. Es ésta una despreciable manera de hacer política que el electorado no parece dispuesto a perdonarle.

El caso Biden vuelve como un bumerán contra los demócratas. La historia y el buen nombre de este partido podrían verse muy afectados. Esta estrategia de ocultación para vulnerar el deber de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas daña a la democracia, a la imagen internacional de EE.UU. y a la confianza de la ciudadanía en la política.

Es crucial que, respecto a los casos de tráfico de influencia y abuso de poder, Biden, explique en sus próximas apariciones televisivas qué sabía de los negocios de su hijo, a partir de cuando tuvo conocimiento de los mismos y qué hizo al respecto para evitarlo. De lo contrario, su nombre quedará irremediablemente asociado a uno de los peores casos de corrupción de la democracia en EE. UU.

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