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La Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe explícitamente el trato bárbaro y bizarros de los presos. Inspirándose en los derechos civiles de la Carta de Derechos inglesa (1689), el texto reza en el caso americano “No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales”.
Sin que muchos lo sepan, ya que los medios de comunicación industriales han restado importancia a esta noticia, a una distancia minúscula de la sede del Gobierno federal de Estados Unidos hay aproximadamente 1,500 personas detenidas que están siendo sometidas a normas penitenciarias que podrían equipararse a “castigos crueles e inusuales”. Para empeorar aún más las cosas, hay un trasfondo político e ideológico que guía este curso selectivo de trato inhumano a los presos en la cárcel del Distrito de Columbia (D. C.).
La alcaldesa demócrata Muriel Bowser y el gobierno local de D. C. son las entidades responsables de las nefastas condiciones que se están aplicando discriminatoriamente a los amotinados del 6 de enero recluidos en celdas de su jurisdicción legal. Los mencionados más de 1,500 reclusos están confinados en sus celdas durante 22 horas al día. De ellos, unos 300 están recluidos en régimen de aislamiento. Las autoridades de D. C. clasifican a este grupo más pequeño como sometido a una política de “permanencia médica”. Las directrices del Departamento Correccional de D. C. formulan este tratamiento de aislamiento extremo exclusivamente para los presos que tienen la condición de “depredadores sexuales”, individuos con “comportamiento agresivo”, “susceptibles de ser explotados o victimizados por otros” y/o que poseen cualquier “otra necesidad especial documentada”.
Algunos expertos en salud lo califican de “violación de los derechos humanos”. Otros, como el abogado Marty Tankleff, que representa a Edward Lang y Dominic Pezzola, dos acusados recluidos en los recintos de D. C., señalan la dificultad incluso de llevar a cabo reuniones privilegiadas entre cliente y abogado en este ambiente restrictivo. Tanklef declaró que “su capacidad de participar en su propia defensa” no se extiende a sus acusados del 6 de enero, y añadió que esta infracción, cuestionablemente inconstitucional, podría ser motivo de recurso. Transmitiendo su opinión profesional sobre las terribles condiciones a las que están sometidos sus clientes, así como los demás acusados del asedio al Capitolio de los Estados Unidos, Tanklef añadió “Esto no es normal. No es normal aislar a la gente y hacerla comer en el suelo“.
Tomando a muchos por sorpresa, incluso los senadores Elizabeth Warren (D-MA) y Dick Durbin (D-IL) han criticado el confinamiento de los acusados del 6 de enero. “El confinamiento en solitario”, declaró la senadora de Massachusetts, “Es una forma de castigo cruel y psicológicamente perjudicial“. Sin embargo, a pesar de estos raros casos de ruptura con las líneas partidistas que hoy son febrilmente ideológicas, los demócratas y los republicanos están ferozmente divididos sobre la clasificación del incidente del 6 de enero y, en un sentido más profundo, la categorización del “terrorismo doméstico” estrictamente según líneas raciales e ideológicas. En otras palabras, los actos terroristas se extienden exclusivamente a los supuestos grupos “supremacistas blancos” y/o “nacionalistas blancos”, pero no a los movimientos marxistas de izquierda como Black Lives Matter (BLM) y Antifa.
Los medios de comunicación de izquierdas han insistido, desde el primer día, en calificar la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos como una “insurrección”. La Associated Press, por ejemplo, lo ha convertido en un elemento básico de su vocabulario al referirse a este incidente. El hecho de que ni uno solo de los arrestados durante la revuelta del 6 de enero haya sido acusado de insurrección, sedición o cualquier cosa remotamente paralela a un intento de derrocar al gobierno de los Estados Unidos, no ha influido en la corrección de esta absurda clasificación de la infracción del edificio del Capitolio de los Estados Unidos como una “insurrección” por parte de los medios de comunicación de izquierdas. El punto adicional y seminal de que no se descubrieron armas de fuego entre las personas arrestadas, no ha modificado la falacia mitológica de la “insurrección”. Una insurrección sin armas sería bastante tonta.
Lo que mejor explica el abuso arbitrario de los acusados del 6 de enero en cautiverio a la espera de juicios o sentencias es la adhesión ideológica de los gobernantes. En la actualidad, los demócratas, propiedad de la izquierda, tienen el control de los poderes ejecutivo y legislativo. Potencialmente, si se salen con la suya, el judicial también podría seguir el ejemplo. La narrativa de la “insurrección” encaja con el sinsentido de la conspiración de la izquierda de la “supremacía blanca”. Esto es lo que nos dice la Teoría Crítica de la Raza marxista. Por lo tanto, los detenidos en las cárceles de D. C. relacionados con el asedio al Capitolio de Estados Unidos no son más que peones en un asunto mayor.
Si la anarquía, el malestar cívico y los problemas de insurrección fueran la preocupación del Partido Demócrata de hoy, los más de 600 disturbios del verano de 2020 de BLM/Antifa, que infligieron más de 2,000 millones de dólares en daños a la propiedad (pública y privada), 2,000 heridos entre el personal de las fuerzas del orden, cientos de heridos y decenas de muertos entre los civiles, les perturbarían. No es así. Eso es porque el terrorismo de BLM/Antifa es de inspiración comunista. Inconvenientemente para los presos del 6 de enero, no son de izquierdas y la justicia se rige hoy por la ideología.
Julio M Shiling, political scientist, writer, director of Patria de Martí and The Cuban American Voice, lecturer and media commentator. A native of Cuba, he currently lives in the United States. Twitter: @JulioMShiling // Julio es politólogo, escritor, director de Patria de Martí y The Cuban American Voice. Conferenciante y comentarista en los medios. Natural de Cuba, vive actualmente en EE UU.