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Cellebrite es una importante firma israelí que posee filiales en Alemania y Estados Unidos, y es propiedad de la empresa japonesa Sun Corporation. En el último lustro, el crecimiento de Cellebrite fue notable, abriéndose paso en el desarrollo y venta de software y hardware forense para dispositivos móviles en todo el mundo, incluyendo el famoso “Dispositivo Universal de Extracción Forense” (UFED).
El UFED fue diseñado para que los investigadores puedan conseguir información de una buena parte de los dispositivos portátiles del planeta así estos estén borrados, cifrados, destruidos o se encuentren en alguna nube informática.
Sin embargo, para Cellebrite no todo es color de rosas. La polémica también persigue a esta compañía por sus nexos con regímenes autoritarios que utilizan la tecnología diseñada por la firma para perseguir a la disidencia, según diversos informes periodístico del periódico Haaretz.
Los escándalos más grandes en torno a Cellebrite refieren a la venta de tecnología a los regímenes de Bielorrusia y China. También se denunció, aunque en menor medida, que la empresa israelí vendió sus dispositivos a Rusia, Turquía y Arabia Saudita.
El caso más reciente —y que meses atrás dio mucho de qué hablar en Israel y recientemente se empezó a difundir en Venezuela— estuvo relacionado con Venezuela, es decir, con el régimen chavista.
Según el periodista Oded Yaron, de Haaretz, «La empresa israelí Cellebrite vendió su tecnología de hackeo telefónico al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a pesar de las sanciones americanas que prohíben las exportaciones al país». Por otro lado, la firma israelí negó «con vehemencia cualquier intento de vender su nuevo sistema, capaz de permitir a los regímenes entrar en los teléfonos móviles, a la nación sudamericana».
El reportaje indicó, entre otras cosas, que el dispositivo de Cellebrite (que el régimen de Maduro pretendió comprar) «iba a ser utilizado por la unidad del CICPC, también conocida como Oficina de Investigaciones Científicas, Penales y Forenses».
La información resalta que las denuncias estuvieron ligadas al abogado de derechos humanos, Eitay Mack, quien hizo una petición a la Agencia de Control de Exportaciones de Defensa, que se encarga de supervisar exportaciones como una rama del Ministerio de Defensa en Israel, para que se analice más cerca las actividades de la empresa israelí por sus nexos con los regímenes del mundo.
De acuerdo con el artículo, el abogado exigió a la Agencia de Control de Exportaciones «que supervise a Cellebrite y sus actividades, […] debido a los planes del régimen de Maduro de comprar el avanzado sistema forense móvil UFED Touch2»
En 2016, Cellebrite anunció el software UFED Touch2 de la siguiente manera:
«Cellebrite, el líder en soluciones de extracción, decodificación y análisis forense digital, presentó hoy UFED Touch2, , la última adición a la serie UFED, líder en el sector, de la familia de soluciones forenses móviles. Con velocidad, usabilidad y portabilidad mejoradas, UFED Touch2 es una solución forense móvil integral, que permite a las fuerzas policiales, militares y de inteligencia, extraer datos de evidencia con solidez forense. El Touch2 puede extraer el contenido de dispositivos móviles hasta tres veces más rápido que el UFED Touch, permitiendo a los investigadores y examinadores acelerar las investigaciones».
Presentación del software que el régimen de Maduro adquirió
Hay relatos brillantes sobre los dispositivos desarrollos por Cellebrite. Por ejemplo, de acuerdo con el diario El País, uno de los equipos de la firma israelí fue la que logró «acceder al iPhone del terrorista de San Bernardino tras cometer un atentado en diciembre de 2015 en esa localidad de Estados Unidos. El FBI pagó a Cellebrite cerca de un millón de dólares por ese trabajo».
En otra ocasión, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil utilizó uno de los dispositivos de Cellebrite para recuperar información del iPhone 6 de la joven Diana Quer, que había desaparecido en agosto del 2016 en La Coruña, España. Cuenta el diario español que, «en este caso, se da la circunstancia de que el teléfono tenía golpes y fue localizado tras permanecer cerca de dos meses en el agua. Una vez más, Cellebrite obró el milagro y consiguió recuperar mucha información que aún se está analizando».
Las denuncias contra el CICPC por sus atropellos a los derechos humanos son diversas. De hecho, en 2019 la ONG Provea determinó que esta institución fue la «más torturada» de toda Venezuela, superando, incluso, al ejército, a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Las violaciones de derechos humanos en Venezuela no solo se remontan a denuncias de ONG nacionales como Provea, sino que también otros organismos internacionales, como la Organización Naciones Unidas (ONU), llevaron adelante misiones diplomáticas donde determinaron que las autoridades y las fuerzas del orden del régimen chavista realizaron graves violaciones de derechos humanos. Y el CICPC fue uno de los organismos señalados.
«La Misión investigó dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2,552 incidentes en los que se produjeron más de 5,000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad», se lee en un resumen de una de las misiones diplomáticas de la ONU en Venezuela fechado el 16 de septiembre del 2020. «El informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad —el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)— del 59 % de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas».
Sobre esta polémica, Cellebrite negó trabajar recientemente con el chavismo, aunque la compañía y el régimen socialista sí tienen historial de colaboración entre partes.
«Cellebrite no ha trabajado con clientes de defensa o de la policía en Venezuela desde hace varios años, y no cambiará su política con respecto al país mientras el régimen actual se mantenga en el poder», dijo la firma refiriéndose a la polémica y a la salida de Maduro del poder.
Sin embargo, «El régimen de Maduro anunció sus planes de comprar el sistema el año pasado (2019), y desde entonces ha repetido las afirmaciones en una serie de declaraciones y publicaciones oficiales», informó Haaretz.
Los escándalos de Cellebrite
Si bien es innegable que los dispositivos desarrollados por la empresa israelí han ayudado con miles de casos a las fuerzas de seguridad del mundo, también es preocupante que la empresa tenga vínculos con regímenes totalitarios que persiguen a sus ciudadanos.
De acuerdo con el reportaje de Haaretz, Cellebrite posee una imagen relativamente positiva «en términos de derechos humanos, presentándose como una empresa comprometida con altos estándares éticos a pesar de los informes de usos problemáticos de su tecnología».
No obstante, «Su imagen positiva en materia de derechos humanos ha empezado a resquebrajarse recientemente, con informes sobre su participación en Hong Kong y Bielorrusia», reseñó Oded Yaron. Por ejemplo, con respecto a Hong Kong, la administración especial a la que el régimen chino quiere violar su autonomía, diversos grupos de derechos humanos criticaron a la empresa israelí por vender su tecnología a las autoridades controladas por el Partido Comunista chino (PPCh).
Con relación al régimen Alexander Lukashenko, el periodista Yaron escribió que «las afirmaciones de que vendió su tecnología de hackeo de teléfonos móviles a Bielorrusia […] han puesto de manifiesto la implicación de la empresa con regímenes represivos y contradicen las afirmaciones de la compañía de que no hace negocios con naciones que sufren sanciones».
Por ejemplo, esta es parte de la respuesta de la empresa en relación con su supuesta implicación en Hong Kong y Bielorrusia: «No vendemos nuestra tecnología a los países que están en la lista negra del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) o que están sujetos a sanciones americanas, ni a las del Gobierno israelí o de la comunidad internacional».
Con el caso venezolano la situación va incluso más allá. Cellebrite vendió versiones más viejas del UFED al régimen de Maduro pese a que las primeras sanciones de Estados Unidos a la tiranía chavista empezaron desde 2006. Con la administración Trump, el país impuso sanciones todavía más fuertes al gobierno venezolano, a medida que el proyecto chavista se convirtió en un modelo incluso más destructivo.
Según el reportaje de Yaron, «el CICPC ya tiene lo que parece ser la versión UFED Touch Ultimate, que, según el folleto de ventas, se desarrolló en 2013. Es decir, el sistema fue vendido al actual régimen o, como mínimo, al de su antecesor, Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013». La información recabada señala que el CICPC siguió utilizando esta tecnología para actividades de hackeo en años posteriores.
La situación se torna aún más preocupante cuando, según los propios acuerdos entre Cellebrite y países terceros, la firma israelí se guarda el derecho de desactivar sus dispositivos si estos son utilizados por los gobiernos para fines que violen las leyes. Las informaciones sugieren que la empresa no ha desactivado los dispositivos utilizados en Hong Kong, Bielorrusia o Venezuela, pese a que tienen la capacidad de hacerlo a la distancia.
Lo que no queda claro de acuerdo con el reportaje de Haaretz es si la compañía viola las sanciones al trabajar con estos países o, en su defecto, al dejar que sigan utilizando los dispositivos.
La firma israelí trabaja de cerca con el FBI y el Servicio Secreto, teniendo en cuenta que varios de los países que operaron con Cellebrite están sancionados por Estados Unidos, debido a las características totalitarias de sus regímenes y sus crímenes.
En ese sentido, parece necesario seguir más de cerca los nexos con las tiranías de China, Bielorrusia y, por supuesto, Venezuela, y sobre todo, evaluar si se están violando las sanciones impuestas a espaldas del país.
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
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