La pretendida posición de algunos gobiernos populistas de regular en nombre de la seguridad el ámbito de la libertad de expresión, y más concretamente, su variante utilitaria sobre el derecho a la información encuentra en John Milton una apropiada respuesta.
Milton, que defendía en su “Aeropagítica” que el libre intercambio de ideas y opiniones es un requisito necesario para el progreso del conocimiento y para la búsqueda de la verdad, advirtió en 1644: la verdad no acepta imposiciones ni puede ser objeto de censura y para ello es necesario que las ideas de los hombres fluyan libremente, sin ningún tipo de trabas.
Locke, que fue también lectura decisiva para Thomas Gordon y John Trenchard, era el tipo de fuente ilustrada que contribuía a vertebrar el imaginario político del pensamiento libertario y la difusión de ideas sin criterios taxativos o control previo, en razón a su contenido.
El caso concreto del poeta inglés sería suficiente para demandar mayor interés en las aproximaciones al estudio de las prácticas intervencionistas en las libertades ciudadanas por parte de grupos de poder.
Tanto en la concepción de que el acceso a la verdad exige la libre circulación de las ideas como en la visión de que sólo mediante la libertad de prensa puede garantizarse ese derecho, Thomas Jefferson es continuador del pensamiento miltoniano.
El estudio del concepto de la libertad de expresión que plantea uno de los principales ideólogos de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, permite ilustrar el desencuentro que Jefferson señala entre libertad de información y expresión, en la medida en que el propio Gobierno no facilite al pueblo los más amplios canales informativos. La defensa de los secretos oficiales, según Jefferson, es incompatible con la transparencia del Poder, requisito imprescindible del sistema democrático.
Al calor de ese debate, el derecho a la libertad expresión dejó de ser una utopía para convertirse en la Primera Enmienda de la Declaración de Derechos.
Ese patrimonio sagrado de derechos fue convirtiéndose con el pasar de los años en un sólido pilar de las libertades del pueblo norteamericano, seriamente amenazado en los últimos años por grupos de poder mediático, al servicio de élites políticas que a través de la censura informativa pretenden reescribir la historia y dividir de nuevo a los estadounidenses en dos bandos irreconciliables.
La libertad bajo amenaza
El pasado 12 de agosto, el presentador Tucker Carlson, de la cadena Fox News, comenzó su programa televisivo con una estremecedora frase: “Los líderes políticos en las ciudades de Estados Unidos han abandonado a los ciudadanos que juraron proteger y los dejaron a merced de actos violentos”. Se refería a la mutación que habían experimentado muchas ciudades del país, convertidas en verdaderos campos de batallas, como consecuencia de los disturbios violentos tras la muerte del ciudadano negro, George Floyd.
“Solo en Nueva York, cientos de miles de personas, posiblemente un millón de personas, huyeron de la ciudad… pero nuestra clase política apenas dijo una palabra”, señaló Tucker quien calificó de “extraño” que los principales medios de comunicación no divulgaran el alcance de la violencia en curso y el posterior éxodo de las áreas urbanas de Estados Unidos.
Los políticos y los grandes medios de prensa, sin embargo, no son los únicos que se han lanzado a regular la libertad de expresión y la profesión periodística en Estados Unidos. Los gigantes tecnológicos se encargaron en los meses previos a las elecciones, de censurar todas las noticias que podían dañar la reputación de Biden.
Concretamente, el pasado mes de octubre, a escasos días de las elecciones, Facebook y Twitter bloquearon el vínculo a un artículo explosivo del diario New York Post que revelaba nuevos datos sobre la supuesta trama de corrupción que vincula al presidente electo Joe Biden y su hijo Hunter Biden, en tratos preferenciales con Ucrania.
Este brutal recorte de la libertad de información tuvo su efecto inmediato en el resultado de las elecciones. Según una encuesta del Centro de Investigación de Medios realizada por The Polling Company, si todos los votantes de Biden hubiesen conocido el trasfondo de esta historia, sus votos se hubiesen inclinado por Trump.
Indignado por la evidente existencia de sesgos ideológicos en las plataformas de medios sociales, el senador Ted Cruz señaló: “¿Creen que el mayor ataque contra la libertad de expresión de la historia moderna ha generado alguna crítica por parte de los demócratas?
Un incidente similar ocurrió, en pleno conteo de votos, cuando Jack Dorsey, CEO y cofundador de la red social Twitter, eliminó un tuit de Donald Trump para evitar que llegase a los más de 87 millones de usuarios que siguen al presidente norteamericano.
Trump publicó un comentario en la citada red social que hacía referencia al presunto robo de las elecciones. “Nunca les permitiremos que lo hagan. Los votos no se pueden emitir después de que las urnas están cerradas”, refiriéndose a los comicios de Pensilvania. El tuit duró apenas segundos. La empresa Twitter circunscribió de inmediato el acceso al contenido y rehuyó compartir la publicación.
A través del apagón informativo, los medios afines al Partido Demócrata silenciaron a los partidarios de Trump. Resultado: el 34 % de los votantes de Biden no sabían que el presidente había sido censurado por Twitter y Facebook.
El menosprecio más llamativo hacia la primera enmienda de la Constitución lo protagonizó el propio Dorsey, quien negó ante la comisión judicial Senado de Estados Unidos las malas prácticas de su compañía sobre derechos de información, uso sectario de datos, censura o fraudes en línea.
Soborno y censura
El senador republicano, Ted Cruz, acusó al CEO de Twitter de practicar métodos informativos dictatoriales: ¿Quién demonios le ha elegido a usted para decidir sobre qué pueden informar los medios de comunicación y qué es lo que los americanos tienen derecho a escuchar?”, fue la pregunta que Cruz le reservó a Dorsey. “Si es por no conocer la fuente, en ese caso sería el fin de la libertad de la prensa y de la profesión del periodismo”, precisó el senador republicano.
Los expertos señalan que ahora son más frecuentes estos ataques a la libertad expresión e información y sostienen que lo perturbador es que los líderes institucionales no utilizan la ley para evitarlos. La estrategia es revertir el mensaje de que la censura no existe y etiquetarla como una teoría conspirativa más.
Ha sido el caso de muchos medios de tendencia progresista que hasta intentaron encubrir el hecho de que las empresas tecnológicas censuraran a los conservadores. “Los republicanos y los medios de comunicación de derecha han estado muy contentos con la narrativa de que las empresas de medios sociales están censurando a los conservadores, independientemente de los hechos”, declaró Oliver Darcy, reportero senior de CNN.
Recientemente, la secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se refirió al informe “Axios” que revela la relación sentimental del senador demócrata, Swalwell con la presunta espía china, Christine Fang, cuando él era miembro del consejo de la ciudad de Dublín, California.
El informe señala que Fang podría haberle ayudado a recaudar fondos para su campaña de reelección en 2014. Mientras el político californiano mantenía esta dudosa relación durante años, Swalwell se convirtió en uno de los principales instigadores del engaño de la colusión de Rusia.
Sin embargo, una gran parte de la sociedad no se ha enterado. McEnany destacó que las poderosas cadenas ABC, NBC, MSNBC y CBS habían silenciado la noticia, mientras que CNN le dedicó tres minutos y 16 segundos.
La historia de Swalwell pasó también inadvertida para The New York Times, uno de los diarios que lideró la narrativa de colusión entre la campaña de Trump y el Kremlin, y por la que ganaría el Pulitzer.
La obsesión de los grupos de poder tecnológico por controlar lo que se difunde es patológica. Una de las principales preocupaciones de los analistas al respecto es que desde los medios y las plataformas de internet se trate de justificar el ejercicio de una censura en toda regla, con el pretexto de la utilización de filtros que se aplican a los contenidos informativos. En la opinión pública norteamericana incluso existe el temor de que ese criterio pueda ser utilizado como excusa para un espionaje masivo a las personas.
El miércoles pasado, Trump vetó la “Ley de Decencia en las Comunicaciones” de 1996, aprobada por la Cámara y el Senado, por no incluir la derogación de la sección 230 que ofrece protecciones legales a los gigantes tecnológicos.
El soborno de periodistas, el papel predominante de las redes en la política, la distribución controlada de noticias y la injerencia de los partidos políticos en los medios tiene mucho que ver con la corrupción de los criterios profesionales y éticos de los periodistas. Los sistemas de evaluación de contenidos requieren códigos deontológicos y procedimientos abiertos y plurales, distanciados de los condicionamientos políticos, para asegurarse de que los derechos fundamentales estén protegidos.
Hace algunos años, Aaron Swartz, guardián de la libertad en los medios digitales, advirtió sobre el peligro que supone que en diversos espacios de la red se limite lo que se publica. Lo llamó “tiranía corporativa” y puso como ejemplo a Facebook.
Deslindar los diferentes escenarios profesionales y establecer las reglas de juego implica una obligación del Estado de derecho, precisamente para que el ejercicio de la libertad de expresión no quede viciado por el uso inconstitucional, cuando no criminal en estos casos en los que la instrumentalización y manipulación informativa ha llegado a niveles nunca vistos.
Juan Carlos Sánchez, journalist and writer. His columns are published in different newspapers in Spain and the United States. He is the author of several books and is preparing the essay "Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces" // Juan Carlos es periodista y escritor. Sus columnas se publican en diferentes diarios de España y EE.UU. Autor de varios libros, tiene en preparación la obra de ensayo “Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces”