Por Javier Silva Salas:
El próximo 25 de octubre se desarrollará en Chile un plebiscito en el que se decidirá entre dos alternativas: aprobar el inicio de un cambio constitucional a partir de la elección de una Asamblea Constituyente, o bien rechazar la idea de proceso constituyente y que la institucionalidad del país continúe con la vigente Carta Magna.
La crónica de cómo el país que tuvo hasta 2019 la mejor calidad de vida de Latinoamérica pasó a discutir sobre una nueva Constitución, tiene como antecedente más cercano lo sucedido hace un año, cuando el viernes 18 de octubre de 2019 culminó una protesta por el alza del 3% en el precio del pasaje de metro y dejó más de 70 estaciones dañadas o incendiadas completamente, más de 400 supermercados saqueados o incendiados, varias decenas de iglesias destruidas, y más infraestructura pública y privada también hecha añicos.
La escalada de violencia se detuvo apenas durante marzo a causa de la pandemia, pero entre octubre de 2019 y marzo de 2020 los chilenos fuimos testigos de cómo el sistema de libertades que se venía construyendo por cuarenta y cinco años fue destruido poco a poco.
La élite política, tanto la oposición (que incluye de la Democracia Cristiana al Partido Comunista, pasando por grupos chavistas y cercanos al Podemos español) así como también el oficialismo (que se autodenomina “de derecha” y que en ella convergen algunas fuerzas liberales), cedió todo ante estos ataques terroristas.
Esta élite, liderada por un ejecutivo sin capacidad de reacción y bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera, cedió la Constitución, documento que, en el caso chileno, nos protege de los abusos del Estado y promueve la vida, la libertad y la propiedad. Con todo, se podría señalar que el país tuvo una Constitución completamente liberal.
El 15 de noviembre de 2019 quedará marcado como el día en que los políticos de izquierdas y derechas se pusieron de acuerdo para poner la lápida a Chile y firmaron un documento “por la paz”, a través del cual se comprometían a iniciar un proceso constituyente. El cronograma estableció que el referéndum debía realizarse el 25 de abril de este año. Sin embargo, la paz no solo no llegó, sino que la violencia insurreccional de las semanas anteriores se consolidó. En plena época navideña, miembros de este movimiento atacaron árboles (que se instalan normalmente en las plazas para recordar el nacimiento de Cristo), al punto que muchos alcaldes decidieron no volver a hacerlo.
En los meses de enero y febrero, las protestas abandonaron la capital y los insurrectos se trasladaron a los balnearios más icónicos del país. La ciudad de Viña del Mar, que alberga todos los años un festival internacional de música, tenía como estrella principal este año al mundialmente conocido Ricky Martin. Camino al show, la comitiva que lo escoltaba, y así también su vehículo, fue atacado por las mencionadas hordas terroristas. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el artista pudo dar el concierto. Pero la ciudad sufrió: se atacaron automotoras, e incluso fue saqueado uno de los hoteles en que se alojaban personalidades y la organización del festival.
El 3 de marzo se confirmó el primer caso de contagio de COVID-19 en Chile. Aun así, el 8 de marzo, el movimiento feminista marchó bajo la consigna “Que muera Piñera y no mi compañera”.
El 11 de marzo se cumplieron dos años del gobierno del Presidente Piñera. Ese día, nuevamente hubo protestas, buses del transporte público quemados, y comercios saqueados. Para el 16 de marzo comenzaron a decretarse las primeras cuarentenas y el infame plebiscito constitucional fue pospuesto para octubre.
Así, Chile entró a una tormenta perfecta: si ya venía en una escalada de destrucción y freno económico, la pandemia no hizo más que acentuarla. A la fecha, se han perdido más de 1 800 000 puestos de trabajo (el desempleó es del 15 %) pero, si sumamos a quienes son población económicamente activa y no buscan trabajo porque saben que las posibilidades de encontrar son nulas, y si además se consideran a aquellos trabajadores que se encuentran con vínculo laboral pero no recibiendo ingresos de parte de sus empleadores, la cifra se empina por sobre el 30 %. Es decir, 1 de cada 3 chilenos hoy es un desempleado.
En los meses de pandemia, la izquierda insurreccional aprovechó para seguir avanzando en su agenda. Con el pretexto de la crisis económica, derivada de la situación sanitaria, comenzaron el desmantelamiento del sistema de capitalización individual. Con un Poder Ejecutivo que se encuentra secuestrado por las ideas de la izquierda más dura, la idea de que los trabajadores pudieran retirar sus ahorros previsionales se aprobó. La medida hizo que los chilenos, no tomando en cuenta las consecuencias para sus pensiones al jubilarse, retiraron un promedio del 44 % de sus ahorros previsionales y más de 1 700 000 trabajadores quedaron sin dinero en sus cuentas de ahorro personales para la vejez.
No se sabe con claridad cuándo pasará esta tormenta. Hoy, la actividad el país se contrajo hasta un 12 % y hay actividades económicas que están por el suelo, como la del turismo. En enero y febrero, no se recibieron tantos turistas debido a las protestas y ahora, con pandemia, el Gobierno mantiene las fronteras cerradas y no hay cómo volver a un punto en el que el turismo era económicamente viable.
El gobierno inició una agenda de irresponsabilidad fiscal: el gasto público se expandirá un 11, 4% este año y el déficit fiscal será el más alto desde la época del gobierno del socialista Salvador Allende, llegando a un 9,6 % del PIB. Ya se discute un alza de impuestos para financiar las pensiones. No hay espacio para la libertad porque el Gobierno no ha sido capaz de hacerlo.
En el plano político, todo el oficialismo se ha sumado a la opción de aprobar un cambio constitucional: hoy en Chile desde el partido comunista hasta los partidos de Gobierno buscan una nueva Constitución.
Independientemente del resultado del 25 de octubre, Chile estará por muchos años inmerso en una escalada de violencia y terrorismo. El próximo año hay elecciones presidenciales, y en las encuestas hoy lidera el candidato del Partido Comunista y lo sigue un alcalde del oficialismo que no tiene agenda ni proyecto, solo se muestra servil a la masa. Con este escenario, Chile ha llegado dos décadas tarde a la realidad del socialismo del siglo XXI.
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Javier Silva Salas es cofundador de la Fundación Ciudadano Austral.
