China ha recibido múltiples denuncias y sanciones por las constantes violaciones a los derechos humanos de disidentes y minorías musulmanas en algunas regiones del país. Además de la censura, las violaciones al debido proceso y desapariciones, China usa el trabajo forzado como medio de control político y aprovechamiento económico.
La investigación publicada en el reciente informe del Adrian Zenz, experto en Xinjiang y el Tíbet, y publicada por la prensa, revela que «la escala de trabajo forzado en China es mucho mayor» de lo que gobiernos y organizaciones de derechos humanos han denunciado.
La región de Xinjiang produce más del 20 % de algodón del mundo y el 84 % de China. Zenz destaca que las regiones que corresponden a la región administrativa de Xinjiang dependen en gran medida de la recolección manual.
En el informe se «estimó que 570.000 personas pertenecientes a un gran número de minorías: Aksu, Hotan y Kashgar» fueron obligadas a trabajar en la recolección de algodón y añade que «los programas laborales en otras regiones de minorías étnicas, así como el trabajo en prisión, probablemente agregarían cientos de miles a la cifra».
Las revelaciones se produjeron cuando la Corte Penal Internacional (CPI) le confirmó a los medios que no tenía jurisdicción para investigar acusaciones de crímenes de lesa humanidad y genocidio en Xinjiang, debido a que China no es signataria del Estatuto de Roma.
Este año, Estados Unidos impuso sanciones y restricciones a la importación de algodón a los proveedores de Xinjiang, sin embargo, organizaciones de derechos humanos le han sugerido a la administración Trump investigar y sancionar el algodón de otras regiones de China.
Trabajo forzado, la campaña china para alivio de la pobreza
El traslado de mano de obra rural a la industria hace parte del plan del gobierno chino para impulsar la economía y reducir la pobreza.
Informes de prensa pusieron en duda desde un comienzo dicho plan pues como se evidencia en el informe de Adrian Zenz, se trata de coaccionar a los ciudadanos tibetanos, uigur y otras minorías musulmanas en Xinjiang para pertenecer a los programas del gobierno.
Los planes laborales hacen parte de la propaganda de Beijing en los medios estatales como «brillantes ejemplos de cómo el Gobierno ayuda a millones de personas pobres a trabajar». Los investigadores informaron que artículos de prensa local contienen pistas sobre la naturaleza coercitiva del programa. «Los trabajadores trasladados a menudo son enviados lejos de sus hogares, obligados a vivir en las fábricas y sometidos a una formación ideológica».
La propaganda además amenaza a las asociaciones religiosas ilegales como es el caso de los practicantes de Falun Gong. También envía mensajes políticos destinados a quienes participen en «actividades que cambian pensamientos y comportamientos».
Esto ante el temor del Partido Comunista de que se desaten protestas similares a las ocurridas en el Tíbet, o que los ciudadanos se vean influenciados por las ocurridas en EE. UU., Hong Kong o Tailandia.
Las violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno chino a las poblaciones minoritarias, incluido el internamiento masivo de personas en campos de reeducación, la esterilización forzada de mujeres, la vigilancia tecnológica y humana, ha sido denominado por EE. UU. como genocidio cultural.
Según Rushan Abbas, fundador de la organización de derechos humanos Campaign for Uyghurs (Campaña para los uigures), el régimen chino «normalizará la esclavitud de los uigures y también llevará a cabo un monitoreo a gran escala y un control de la natalidad forzoso».
China niega las acusaciones y dice que los campos son centros de formación profesional necesarios para combatir el extremismo religioso. Según The Guardian, el Gobierno confirmó que alrededor de 1,29 millones de personas pasaban por los centros cada año.
CPI impedida para actuar en China
En lo transcurrido de 2019 y 2020, los uguries exiliados le han entregado evidencia a la CPI y le han pedido que investigue crímenes de lesa humanidad y genocidio en Xinjiang. La Corte se negó a la investigación arguyendo que china no es dignataria de la CPI.
Sin embargo, según la prensa, la CPI tampoco encontró «ninguna base para proceder sobre acusaciones separadas de deportaciones forzadas, que el grupo ugurie había dicho que ocurrieron en Tayikistán y Camboya, ambos signatarios de la CPI».
CNN informó que la oficina de Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, ha dejado el expediente abierto, lo que significa que la corte podría abrir el caso siempre que se presenten más pruebas. En declaraciones a The Guardian, Rodney Dixon, abogado principal de la CPI contra China, dijo que su equipo «proporcionará evidencia muy relevante en los próximos meses».
Según la organización Freedom House, la persecución por parte del Partido Comunista de China a las minorías étnicas en Xinjiang es severa. La organización informa que aproximadamente un millón de personas «son sometidas a detención extralegal en centros de reeducación política» y «decenas de miles condenados a penas de prisión por los tribunales sin el debido proceso».
Camilo Bello is a consultant focused on Asia Pacific studies and has experience in strategic management. He has studied law in Colombia and is currently pursuing studies in language and history at National Taiwan Normal University. He has collaborated with Students for Freedom in Hong Kong and Taiwan // Camilo es consultor enfocado en estudios de Asia Pacífico y experiencia en gestión estratégica. Cuenta con estudios en Derecho en Colombia y actualmente se encuentra realizando estudios en lenguaje e historia en National Taiwan Normal University. Colaborador de Estudiantes por la Libertad en Hong Kong y Taiwán