Pekín, 16 dic (EFE).
La Fiscalía de la ciudad meridional china de Shenzhen acusó hoy formalmente a una decena de ciudadanos hongkoneses que presuntamente intentaron cruzar la frontera en agosto de este año con la intención de escapar a Taiwán.
Según informó hoy la Fiscalía en un comunicado, dos personas han sido acusadas de organizar una operación para “cruzar la frontera de manera ilegal”, y otras ocho por intentar cruzarla.
Al margen, otras dos personas menores de edad recibirán audiencia a puerta cerrada.
En total, 12 hongkoneses se encuentran detenidos en Shenzhen desde el 23 de agosto de 2020 después de que la Guardia Costera de la provincia suroriental china de Cantón les arrestara a bordo de una lancha motora.
Los guardacostas de Cantón informaron el 23 de agosto de que, tras interceptar la lancha, arrestaron a más de diez personas “sospechosas de cruzar la frontera de manera ilegal”.
La Fiscalía detalló que uno de los pasajeros se apellida Li, y el diario hongkonés South China Morning Post aseguró que se trata de Andy Li, un conocido activista local que fue detenido por supuesta confabulación con fuerzas extranjeras y blanqueo de dinero antes de ser puesto en libertad bajo fianza dos días después.
Li formó parte de la misión de observación electoral puesta en marcha para los comicios de distrito de noviembre de 2019, en los que arrasaron los candidatos prodemócratas.
Fuentes policiales citadas de forma anónima por el diario hongkonés sospechan que Li sea “un miembro clave de un grupo llamado ‘Fight for Freedom, Stand with Hong Kong'”, que habría realizado llamamientos en favor de sanciones internacionales a la excolonia británica por la imposición china de una controvertida ley de seguridad nacional.
Desde la aprobación de esa ley, el pasado 30 de junio, se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de varios destacados activistas hongkoneses.
Algunos de ellos, como Nathan Law, han optado por el exilio para tratar de evitar represalias por actividades que, bajo la nueva legislación, podrían ser constitutivas de delito.
La nueva ley establece penas de hasta cadena perpetua para supuestos de “secesión, subversión contra el poder estatal (cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos del régimen comunista), actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional”.
