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El Juramento Hipocrático, cuyo origen se remonta a la antigua Grecia, tiene 2,000 años de antigüedad y es el texto moral y ético por excelencia de los profesionales médicos. En este juramento se establece un principio básico: «no hacer daño». Dicho principio, según un estudio realizado por los doctores Matthew P. Robertson y Jacob Lavee, se ha estado violando en China de forma sistemática al ejecutar a presos para extraer órganos vitales, como sus corazones.
Robertson y Lavee, en su estudio «Ejecución por obtención de órganos: Incumplimiento de la regla del donante muerto en China», afirman que encontraron pruebas, en artículos publicados en chino, de que en el gigante asiático se extrajo órganos de presos vivos matándolos durante las operaciones.
En el estudio se explica de forma preocupante que, en la actualidad, China es el segundo país del mundo con mayor número de trasplantes, solo por detrás de los Estados Unidos, donde se realizaron 39,000 trasplantes en 2020. No obstante, investigaciones señalan que en el gigante asiático se llevan adelante más trasplantes de los anunciados oficialmente (incluso por encima de Estados Unidos) con tiempos de espera mucho más cortos que en cualquier otro lugar del planeta.
«Los hospitales de la República Popular China (RPC) siguen anunciando tiempos de espera para trasplantes de semanas mientras que en Estados Unidos los tiempos de espera se miden en meses y años», se lee en el estudio. «Los hospitales siguen anunciando los órganos a los turistas de trasplantes con sitios web en inglés, ruso y árabe. Las autoridades chinas dicen ahora que realizarán 50,000 trasplantes para 2023, supuestamente todos de donantes voluntarios».
China no muestra datos reales
El problema es que la opacidad de las autoridades chinas hace que su información no cumpla con requerimientos básicos para asegurar que esa cantidad de órganos se están obteniendo de forma ética y respetando la dignidad humana.
El estudio, basado en los datos recabados entre cirugías de trasplante realizadas entre 1980 y 2015, explica el contexto histórico, que jamás existió «un sistema de donación voluntaria» (como sí existe ahora en ese país desde 2015) y, además, había «muy pocos donantes voluntarios». Por lo que organizaciones de derechos humanos internacionales descubrieron que la mayoría de los «donantes» de órganos en China son prisioneros de diferentes estatus (penados a muerte, políticos o simplemente condenados por el sistema judicial).
Según Robertson y Lavee, pese a que evidentemente las donaciones se obtuvieron de presos, los documentos que examinaron decían muy poco o «nada sobre la identidad de los donantes y no identifican a los donantes como presos».
El hallazgo más relevante de su análisis, basado en 120,000 publicaciones médicas que examinaron usando palabras clave y una serie de herramientas para dividirlos y facilitar su lectura, identificó descripciones de procedimientos irregulares donde los médicos chinos se convirtieron en verdugos de supuestos «donantes».
Los ejemplos plasmados en el informe, detallados en el apartado de resultados, revelan prácticas que violan la ética médica por parte de los cirujanos que realizaron las operaciones, lo que sugiere que estas personas todavía estaban vivas durante todo el procedimiento.
En total, Robertson y Lavee identificaron 71 procedimientos irregulares realizados en 56 hospitales de 33 ciudades de 15 provincias chinas; en ellos participaron 348 profesionales médicos o investigadores.
¿China sigue sacándole órganos y corazones a presos vivos?
Desde hace varios años, organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, denunciaron a China por su controvertido sistema de trasplante de órganos que se ha convertido en una atracción casi turística para los extranjeros que necesitan órganos en cortos períodos de tiempo. Las graves acusaciones pusieron al gigante asiático contra la espada y la pared y, por ello, en 2015, las autoridades prohibieron el uso de órganos de prisioneros ejecutados creando un sistema de donaciones voluntarias.
A partir de allí, los cirujanos chinos mejoraron su reputación ante sus homólogos internacionales y el sistema de trasplantes de órganos chino empezó a ser mucho más aceptado en todo el mundo.
No obstante, Robertson y Lavee señalan que esto es un problema, pues la comunidad internacional en ningún momento se ha encargado de verificar la palabra de China confiando ciegamente en que la prohibición por ley basta para disminuir una práctica que viola la dignidad humana y las normas médicas más básicas aceptadas internacionalmente.
«La comunidad internacional de trasplantes parece satisfecha con los avances de la RPC y no se preocupa por la aparente falsificación de los datos oficiales», se lee en el estudio. «Aunque en China se están produciendo más donaciones voluntarias que nunca, todavía no hay datos fiables sobre la verdadera magnitud de las reformas. Tampoco está claro si los presos del pabellón de la muerte y los presos de conciencia siguen siendo utilizados como fuentes de órganos y en qué medida».
«Dada la falta de sanciones y de rendición de cuentas por la obtención de órganos de presos en el pasado, los fuertes incentivos financieros para continuar con dicha actividad y la dificultad de los observadores externos para detectarla, no está claro por qué los hospitales chinos dejarían de participar en este lucrativo comercio», añadieron los doctores, quienes además denunciaron que, luego de la prohibición de la utilización de órganos de presos ejecutados, se dejaron de publicar artículos médicos como los que analizaron para su estudio y fueron publicados por décadas.
«El artículo médico más reciente que hemos encontrado se publicó en 2015. Hay varias explicaciones posibles para esto», denuncian los doctores. «La más benigna es que el programa de reforma efectivamente dejó de utilizar a los prisioneros y, por tanto, estos abusos. Otra posibilidad es que se deba a que los activistas e investigadores de derechos humanos de base sacaron a la luz las violaciones del DDR en septiembre de 2014, y que los funcionarios de la RPC estén atentos a las percepciones internacionales».
El estudio señala la posibilidad de «que se hayan dado instrucciones a las revistas médicas gestionadas por el Estado para que dejen de publicar tales detalles, y esto podría explicar la ausencia de tales admisiones el pasado 2015».
Emmanuel Alejandro Rondón is a journalist at El American specializing in the areas of American politics and media analysis // Emmanuel Alejandro Rondón es periodista de El American especializado en las áreas de política americana y análisis de medios de comunicación.
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