En septiembre de 2014, un grupo de líderes internacionales -entre los que se encontraba el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan-, presentaron un controversial informe en Nueva York para despenalizar el consumo de las drogas y facilitar el acceso controlado a la misma.
Desde entonces hay abierto en el mundo un encendido debate sobre el tema, que acaba de actualizarse con la aprobación de la Cámara de Representantes de EE.UU. del polémico proyecto conocido como “Ley de Oportunidad, Reinversión y Eliminación de Marihuana” (MORE, por sus siglas en inglés), para despenalizar el consumo de marihuana a nivel nacional.
La propuesta de ley -aprobada en la Cámara Baja del Congreso con 228 votos a favor y 164 en contra, con pocos visos de prosperar en el Senado- ha dividido a la sociedad norteamericana, de manera que, entre partidarios y adversarios de eliminar el cannabis de la lista de sustancias controladas por el Gobierno federal, se encuentran científicos, intelectuales y políticos de todos los partidos que se debaten entre mantener los controles policiales y judiciales que se llevan a cabo desde hace décadas o despenalizar el consumo y facilitar el acceso a la misma.
Los defensores de la propuesta, entre los que se encuentran Kamala Harris y el multimillonario George Soros, se escudan en el pretexto de que su aplicación supondrá una importante fuente de ingresos para los Gobiernos en lugar de quedarse en manos de organizaciones criminales, al tiempo que reducirá los costes derivados de los arrestos y encarcelamientos asociados al cannabis.
Pero las cifras reales que las autoridades manejan desde hace seis años cuentan una historia bien diferente.
De hecho, los resultados iniciales de este experimento en aquellos estados donde ya se permite abiertamente el cultivo, la venta y el consumo de la marihuana -y que ahora lo legisladores quieren aprobar también a nivel nacional- no son del todo esperanzadores.
Desde que Colorado legalizó el uso recreacional de la marihuana, en 2014 -para intentar controlar el negocio de una sustancia que no es inofensiva- la hierba se consigue más barata en el mercado negro, lo que explica que muchos consumidores no acudan a las tiendas oficiales para no pagar impuestos. En 2014, la venta de cannabis recreativa en este estado ascendió a $44 millones en impuestos. Pero, según las estimaciones de los expertos, se esperaba que superara la cifra de $100 millones.
De esta manera, el mercado de las drogas se está convirtiendo en una mercancía de libre acceso, cuya liberalización ha permitido aflorar una economía sumergida que antes se sustentaba del tráfico ilegal, pero que ahora amenaza en convertirse también en un lucrativo negocio que abarca más sectores de la sociedad, a costa de extender todavía más el problema sanitario.
¿Ha cambiado en seis años el mercado de drogas en Colorado con su nueva ley de marihuana? Todo parece indicar que no.
Según cifras citadas por The New York Times, el número de habitantes del estado que consume actualmente esta droga es casi el doble de la cifra para el resto de Estados Unidos, mientras que el número de adultos que consumen marihuana ha ido aumentado de manera considerable desde la legalización.
Legalizar no disminuye el consumo
A juzgar por los hechos, el remedio ha sido peor que la enfermedad, con el riesgo añadido de haber abierto una peligrosa puerta que facilita la incursión al consumo de otras drogas mucho más dañinas para la salud como la heroína y la cocaína, despenalizadas ya en Oregón.
La perspectiva de un largo y complejo proceso de adicciones a los estupefacientes hace que muchos ciudadanos, a veces, no puedan decidir por sí mismos cuándo y cómo terminar con la dependencia a una sustancia que posee un elevado potencial de adhesión y dependencia física o psicológica. En este sentido, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas del Gobierno de EE.UU. ha advertido que “algunas investigaciones apuntan a que el uso de marihuana es probable que induzca al uso de otras sustancias lícitas e ilícitas”.
Votar a favor de la despenalización de la marihuana no garantiza en absoluto que la violencia criminal asociada a la industria y al tráfico ilegal que la soportan vayan a desaparecer. Por el contrario, no hay una sola jurisdicción en EE.UU. que esté libre de semejante plaga después de haber legalizado el consumo de las drogas.
De hecho, la diferencia entre los Estados donde el cannabis está penalizado y aquellos donde es legal, consiste en que en unos su adquisición se lleva a cabo en condiciones clandestinas, generalmente criminales y muy riesgosas para el comprador, y en los otros se permite su consumo con todas las garantías policiales, legales y sanitarias. Una olla a presión difícil de controlar, lo que podría parecer una solución momentánea del problema pero que en realidad constituye un agravamiento a largo plazo de este drama humanitario.
El propio gobernador del estado de Colorado, el demócrata John Hickenlooper, quien se opuso desde el principio a que la marihuana fuera aprobada en referendo popular en 2012, ha reconocido la existencia de una serie de irregularidades administrativas en torno a la fiscalidad de la industria. Pero sobre todo, ha expresado su decepción por los resultados ambiguos en cuanto al descenso del consumo de cannabis en Colorado, incluyendo el riesgo de corrupción por el uso extensivo de dinero en efectivo por los empresarios del sector.
La llegada masiva de personas a las salas de urgencia del “University of Colorado Health” por motivos de salud relacionados con el consumo de marihuana ha puesto el foco de atención en un fenómeno de dimensiones epidémicas que comienza a preocupar a las autoridades sanitarias del país.
Es el caso del doctor Andrew Monte, especialista en Toxicología Médica y Urgencias de este centro hospitalario, quien describe el cuadro clínico característico de estos pacientes: vómitos severos, desorientación, estados de deshidratación y alucinaciones tras consumir marihuana en exceso.
El camino es sin duda complejo y nadie quiere aventurarse en hacer pronósticos muy optimistas.
El debate entre los que favorecen la legalización y sus detractores se centra en analizar las secuelas del aumento del consumo en la salud de los consumidores. Lo que sí queda claro es que desde que arrancó la venta recreativa de marihuana en el estado de Colorado, los hospitales reportan cifras más altas de casos de salud mental derivados de enfermedades relacionadas con este producto, sobre todo en los más jóvenes.
Otra de las cosas que más preocupa a los profesionales de la salud que trabajan para combatir la adicción a las drogas en EE.UU. es el hecho de que en los últimos años los negocios de marihuana se concentraban solo en las grandes ciudades o autopistas. Ahora están creciendo también de manera preocupante en los entornos rurales.
Anticipándose a los problemas causados por el abuso de estas sustancias altamente adictivas, algunas familias se han marchado ya de Colorado en busca de estados menos permisivos con el consumo de la marihuana. Sheila Vakharia, una de las directoras de “Drug Policy Alliance” (DPA), una ONG vinculada al entorno del controvertido inversionista George Soros y que impulsa cambios en la estrategia sobre el consumo de cannabis, ha reconocido que las soluciones para enfrentar una crisis de esta envergadura son diversas y van más allá de las típicas soluciones mágicas.
Todavía está por demostrar que la legalización suponga una mejora desde el punto de vista de la violencia y deterioro social asociados a la criminalidad. No se puede pasar por alto que la marihuana es una droga adictiva que acarrea a los jóvenes traumas y conflictos psicológicos irreversibles, y que además atañe al orden y a la seguridad de las sociedades.
Por lo pronto, el escenario del debate solo ha conseguido desplazarse de las cárceles a los centros de salud. El objetivo es intentar un cambio de modelo que permita reducir el problema a una escala más manejable sin estigmatizar al usuario, pero los hechos demuestran todo lo contrario.
Según la tesis de liberales y los sectores de izquierda, despenalizar la marihuana controlaría el tráfico de la droga, reduciría su consumo, engrosaría dinero a las arcas públicas, disminuiría al mercado negro, bajaría los índices de criminalidad, tranquilizaría a millones de adictos y garantizaría los derechos civiles y la libertad individual.
La posición de los sectores conservadores y también de muchos líderes demócratas es totalmente distinta. Legalizar el acceso a las sustancias psicoactivas acrecentaría los problemas de salud pública con una enorme incidencia en síntomas depresivos, pensamientos y comportamientos suicidas, cáncer y patologías cardiovasculares, cuyos gastos sanitarios serían inmensamente superiores a la recaudación de impuestos; sustentaría las ambiciones mercantilistas de sectores privados, se convertiría en una amenaza política muy seria para la convivencia con toda la criminalidad asociada, bajaría el rendimiento escolar, aumentaría el riesgo de lesiones por accidentes de tránsito y propiciaría la destrucción de las familias.
Libertad y seguridad
El debate está abierto. La opción entre libertad y seguridad, entre el derecho de consumir una droga altamente perturbadora y la persecución del bien común, podría quedar superada en circunstancias como la provocada por esta propuesta ley de carácter federal.
Las nuevas implicaciones jurídicas emanadas de la legalización de las drogas no reducirán los efectos perversos para la salud de los que la consumen, pero tampoco conseguirá asfixiar financieramente a las mafias que tanta violencia generan. La envergadura del problema va mucho más allá del fracaso de la política represiva y que puede encontrarse en la exploración de nuevas alternativas que reduzcan las fuentes asociadas al tráfico ilegal y al ejercicio de políticas populistas.
La cuestión clave es determinar si estamos ofreciendo demasiada prevalencia al derecho al consumo de las drogas frente a otros derechos, y si es razonable para rehabilitar unas miles de vidas, tomar medidas que nos lleven a una crisis económica, social y sanitaria de magnitud inusitada y que puede afectar a millones de personas.
De continuar el aumento del consumo de marihuana, los expertos advierten sobre la posibilidad de que en un corto plazo los cárteles que hoy venden droga ilegalmente en EE.UU. se conviertan en empresas acreditadas del comercio internacional, con el riesgo añadido de que terminen siendo una temible fuente de corrupción para descomponer la vida política y las instituciones democráticas.
Sin duda, la polémica en torno a la legalización de la marihuana mantiene preocupados a varios sectores de opinión en EE.UU. que han llegado a considerar la transformación del negocio del consumo de estupefacientes -que floreció durante décadas atrás-, en una industria multimillonaria que funciona bajo presión política para conseguir intereses particulares creados en torno a ella.
En cualquier caso, el rastro de corrupción y sangre es demasiado dramático como para no intentar encauzar este asunto con alternativas más realistas que una liberalización regida únicamente por las reglas del juego político y del mercado, con el pretexto de ejercitar métodos de rehabilitación y el acceso controlado al consumo que a la larga comprometen seriamente la salud y la seguridad de los consumidores.
Juan Carlos Sánchez, journalist and writer. His columns are published in different newspapers in Spain and the United States. He is the author of several books and is preparing the essay "Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces" // Juan Carlos es periodista y escritor. Sus columnas se publican en diferentes diarios de España y EE.UU. Autor de varios libros, tiene en preparación la obra de ensayo “Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces”
Pésimo articulo, obviamente el autor tiene su agenda anti marihuana y lleno de mucha ignorancia respecto a esta planta. Esta es una medicina, comprobada que es segura y nada equipara al daño que realmente causa y es el narcotráfico que se deriva de la ilegalidad. Legalizando y controlando, manteniendo precios competitivos hará que desaparezca el mercado negro que ofrece cannabis de dudosa procedencia y no nunca ofrece la misma calidad de la medicina que obtendríamos en un dispensario legal.
Resumiendo se produce más daño manteniendola ilegal que legalizandola.