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México tiene un problema grave. No es meramente la inseguridad, que en mayor o menor medida existe en todo el mundo. No es que existan “barrios bravos”, sino que el crimen está consolidando su control sobre una parte cada vez mayor del poder, la economía, la vida y la muerte de los mexicanos. El caos resultante es una amenaza regional que Washington debe tomar en serio.
México, bajo el crimen
El gobierno de López Obrador, junto con la clase política y empresarial mexicana, intenta ocultar la gravedad del problema, sobreponiéndose, presentando una cara de normalidad y disimulando que todo está bajo control, pero están engañándose a sí mismos: México está cada vez menos bajo su control y cada vez más sometido al capricho de los criminales.
Las policías municipales y estatales están rebasadas en todo el país, la Guardia Nacional impulsada por el presidente López no tiene ni los números ni la capacitación como para cumplir su objetivo de reemplazar al Ejército en la lucha contra el crimen organizado. Incluso el propio Ejército y la Marina acumulan episodios de fracaso, sometidos y humillados por milicias privadas.
La descomposición queda muy clara con dos datos del pasado viernes 6 de mayo:
- Ese día circuló en redes sociales un video grabado en el estado de Guerrero, donde, con toda la calma del mundo, un grupo de “policías comunitarios” le dicen a un integrante de la Marina que pensaban matarlo, pero no lo harían por cortesía con el presidente municipal, que también está presente en la conversación.
- También el 6 de mayo, el periódico Reforma dio a conocer que México es el cuarto lugar mundial en cuanto a delitos cometidos por el crimen organizado, solo debajo del Congo, Colombia y Myanmar.
En síntesis: el crimen está cada vez más organizado y las autoridades cada vez más sometidas a la “misericordia” y la buena onda de la delincuencia.
¿Y el pueblo? Ese no alcanza ni misericordia. La violencia ha convertido el horror en rutina a lo largo del territorio mexicano, sumando más de 400,000 asesinatos en lo que va del siglo, además de millones de asaltos, extorsiones y robos, con niveles de impunidad cercanos al 100%, ante la mirada impotente, cuando no cómplice, de las autoridades de todos niveles y partidos.
Sí, cómplice, porque el gobierno mexicano ha sido durante siglos un nido de corrupción, que va desde la más mezquina hasta la más sistematizada. Desde los policías y agentes que extorsionan automovilistas inventándoles infracciones al reglamento de tránsito, hasta los funcionarios de alto nivel que organizan fraudes a escala industrial, como el que hace unos días se destapó en SEGALMEX y que sería cercano a los $500 millones de dólares.
Esta corrupción se filtra a las redes del crimen organizado. Varios exgobernadores mexicanos han sido acusados o están en la mira de la DEA y otras dependencias del gobierno americano por su colaboración directa con redes criminales. Genaro García Luna, el jefe de la supuesta “guerra contra el narco” del presidente Calderón está en una cárcel de Nueva York, procesado por presuntamente colaborar con narcotraficantes; el exsecretario de la defensa mexicana, Salvador Cienfuegos, también fue arrestado por acusaciones de la DEA, y luego fue enviado a México en circunstancias muy poco claras.
Decenas, cientos, miles de casos más se conocen y se comparten entre susurros en los pasillos de la política y la sociedad mexicana. Juntos, dibujan la imagen de un país cada vez más frágil y cada vez más violento, donde el crimen organizado avanza sin mayor contrapeso que el de los grupos rivales, porque el gobierno mismo se ha convertido en una estructura criminal, apenas disfrazada bajo un manto de legalidad institucional, que terminará por colapsar.
El gobierno mexicano debe dejar de ser criminal
Para ello se necesita con urgencia transparencia y un sistema de procuración de justicia funcional. Solo con un gobierno relativamente limpio y con menor impunidad, las instituciones mexicanas tendrían una esperanza de victoria contra el crimen organizado.
¿El problema? Que en México no hay a la vista ninguna fuerza política capaz, no digamos de lograrlo, sino siquiera de poner en la agenda los cambios que serían necesarios.
¿Entonces? Lo que queda es el “plan B”: que cuando las cosas se pongan lo suficientemente caóticas, Estados Unidos ponga orden.
Durante la administración pasada, el gobierno americano jugó con la idea de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que brindaría un mayor margen de acción directa a sus fuerzas armadas. Ahora sabemos también que el presidente Donald Trump habría analizado la opción de lanzar misiles hacia los laboratorios de drogas sintéticas en México.
Suena drástico, imprudente y hasta contraproducente, pero también, a la luz de las noticias que se acumulan en México, suena inevitable.
Según The New York Times, en esas discusiones Trump añadió que los mexicanos “no tienen el control de su propio país”. Tiene razón. Por eso, tarde o temprano: o el gobierno mexicano se limpia, se despierta y pone un mínimo de orden, o ese orden tendrá que venir desde Washington. La alternativa es el caos.
Gerardo Garibay Camarena, is a doctor of law, writer and political analyst with experience in the public and private sectors. His new book is "How to Play Chess Without Craps: A Guide to Reading Politics and Understanding Politicians" // Gerardo Garibay Camarena es doctor en derecho, escritor y analista político con experiencia en el sector público y privado. Su nuevo libro es “Cómo jugar al ajedrez Sin dados: Una guía para leer la política y entender a los políticos”