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Aunque la actual sea la más peligrosa hasta ahora, los Estados Unidos no ha sido ajeno en su historia a previas colusiones de los grandes negocios con el poder político bajo una agenda ideológica izquierdista común. El New Deal se impuso así. Y es bueno recordarlo, porque lo que pretende imponer la administración Biden-Harris es justamente un Green New Deal todavía más costoso e intervencionista que el original.
Las luchas del corporativismo
Como Gates —el primero y más influyente del Cartel de Sylicon Valey— hoy, fue antes Rockefeller —y los intelectuales y tecnócratas progresistas (los hermanos Fosdick, por ejemplo) que subsidió– la clave del New Deal. En cuanto a la influencia de los grandes negocios el New Deal fue un desplazamiento de los Morgan de la posición de primera influencia corporativa en que estuvieron hasta la segunda década del siglo pasado, por una coalición corporativista —que adoptó la ideología progresista— entre los Rockefeller, los Harriman y bancos de inversión como Kuhn Loeb y Lehman Brothers, entre otros.
Por eso el Comité Asesor de Negocios del Departamento de Comercio —clave para el New Deal— fue tan influido por hombres de Rockefeller como Walter Teagle, cabeza de la Standard Oil de Nueva Jersey. El crecimiento del gasto, las regulaciones intervencionistas y la deuda, junto a la creciente influencia socialista en la academia y la prensa, se iniciaron entonces. Y la clave fue la Seguridad Social, con su pistoletazo inicial de 1934, cuando el presidente Roosevelt comisionó la selección del Comité de Seguridad Económica que redactó la legislación del sistema de Seguridad Social.
La selección del comité correspondió a la Secretaria de Trabajo, Frances Perkins, el director de la Administración Federal de Ayuda en Emergencias, Harry Hopkins, y el secretario de Agricultura, Henry A. Wallace. Perkins, a cargo de la secretaría que tendría más jurisdicción en seguridad social, fue quien defendió el proyecto en las audiencias del Congreso.
Pero Arthur Altmeyer, previo administrador del sistema de apoyo al desempleo de Wisconsin fue el hombre del corporativismo progresista para una seguridad social a medida del interés de los grandes negocios. Altmeyer fue además director de la división de cumplimiento laboral de la Administración para la Recuperación Nacional. Cumplimiento que, junto a la captura de rentas del enorme gasto del propuesto, eran los principales intereses de los grandes negocios en todo aquello.
Aunque Altmeyer intentó nombrar presidente del CSE a Bryce Stewart, director de investigación del Industrial Relations Councilors IRC, creado a principios de la década de 1920 por Rockefeller, Stewart prefirió un papel más discreto como consultor del CSE. Así que Edwin E. Witte, fue nombrado secretario Ejecutivo del CSE y quedó a cargo de nombrar a los demás miembros. Pero por recomendación directa del presidente Roosevelt, Altmeyer consultó esos nombramientos para la CSE con Swope, Teagle y John Raskob de DuPont y General Motors.
No de otra forma elaboran la lista de propuestos a Roosevelt para un Consejo Asesor del CSE, integrado por empresarios, sindicalistas y ciudadanos. Junto a Swope, Folsom y Teagle, el consejo incluyó a Morris Leeds, presidente de Leeds & Northrup y miembro de la izquierdista American Association for Labor Legislation AALL, fundada por Commons y financiada por Rockefeller; Sam Lewisohn, vicepresidente de la Miami Copper Company y antiguo presidente de la misma AALL; y como figura académica al demócrata liberal sureño Frank Graham, presidente de la Universidad de Carolina del Norte.
Mientras en el Consejo Técnico del CSE, Altmeyer colocó a Murray Webb Latimer, J. Douglas Brown y Barbara Nachtried Armstrong. Latimer, fue presidente del Consejo de Jubilaciones Ferroviarias, empleado de larga data del IRC y autor de su estudio de pensiones industriales. También era miembro de la AALL y trabajaba en la administración de seguros y planes de pensiones de la Standard Oil de Nueva Jersey, la Standard Oil de Ohio y la Standard Oil de California. J. Douglas Brown encabezó el Departamento de Relaciones Industriales de Princeton, creado por el IRC. Y fueron ellos quienes diseñaron el plan de pensiones de la Seguridad Social de los Estados Unidos.
Corporativismo anti-competitivo
Brown afirmó abiertamente ante el Comité Financiero del Senado en 1935 que la principal ventaja de las pensiones de jubilación forzosas sería estandarizar costes laborales mínimos en toda la industria, para proteger al empresario progresista que ofrecía pensiones de la competencia del que no lo hacía. Su legislación incrementó por la fuerza los costes laborales al empresario no progresista. Lo que pagaron finalmente directa o indirectamente consumidores y contribuyentes. La casi totalidad de la grandes empresas respaldaron aquello. Mientras la fallida resistencia la encabezaron organizaciones de pequeñas empresas como la National Association of Manufacturers y la National Metal Trades Association.
Brown se concentró en que ningún empresario escapara a las cotizaciones de planes de pensiones para jubilación. Principal preocupación de los grandes negocios progresistas. Y motivo de su apoyo a una seguridad social federal forzosa. Las grandes empresas ya estaban comprometidas voluntariamente en costosas pensiones de jubilación para sus empleados. Únicamente mediante el Gobierno federal y la legislación, podrían forzar a pequeñas empresas a pagar costosos programas similares, arrebatándoles la ventaja competitiva de un costo de mano de obra más bajo, sin necesariamente pagar salarios inferiores a los grandes negocios.
Finalmente, en 1934 la secretaria Perkins pidió a Paul Rauschenbush, el cabildero de la AALL en Washington, redactar una propuesta de ley de Seguridad Social que fue la base de la que finalmente se aprobó. Así que no se asombre, amigo conservador, de ver a grandes negocios adoptando la cultura de la cancelación y financiando el terrorismo urbano de Antifa-BML. Hoy es peor, pero no es nuevo. Lo que buscan a cualquier costo, hoy como ayer, es librarse de competidores más eficientes y usar sus alianzas políticas para capturar rentas en la gran burbuja de gasto del Green New Deal. Y hoy como ayer, el peligro es que el coste termine siendo la destrucción de la República y el fin de la democracia americana.
Guillermo Rodríguez is a professor of Political Economy in the extension area of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at Universidad Monteávila, in Caracas. A researcher at the Juan de Mariana Center and author of several books // Guillermo es profesor de Economía Política en el área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila, en Caracas, investigador en el Centro Juan de Mariana y autor de varios libros
Para los que piensan que todo lo que se predijo eran solo “teorías de conspiración”. No, conspiración pura y dura y no es la primera verz.Ahora incluso peor con una China comunista que quiere erigirese en dictador mundial.