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Ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la moratoria de desalojo unilateral de Biden, que había sido autorizada por el CDC a principios de este mes. La Corte decidió bloquear la aplicación de dicha decisión por una mayoría de 6-3, con los seis jueces “conservadores” votando a favor de prohibir la política, mientras que los 3 jueces “liberales” votaron a favor de mantenerla.
La decisión no es una sorpresa para nadie, ya que el Tribunal del Distrito de Columbia había dictaminado previamente que el CDC se estaba extralimitando en sus funciones al imponer una moratoria de desalojos en todo el país en mayo. La Corte permitió entonces que se mantuviera la prohibición de la moratoria en una decisión de 5 a 4, en la que los jueces Kavanaugh y el presidente de la Corte Suprema Roberts dijeron que, si bien consideraban que el CDC se había extralimitado en sus funciones, no anularían la moratoria, ya que expiraba en junio.
En un escrito separado, el juez Kavanaugh escribió que aprobaba la prórroga de la moratoria, ya que estaba previsto que terminara en unas semanas y que el tiempo podría utilizarse para distribuir mejor los fondos federales destinados a los propietarios afectados por la misma. Sin embargo, advirtió claramente que cualquier nueva moratoria requeriría “una autorización clara y específica del Congreso”. El director del CDC también había emitido un comunicado en el que explicaba que ésta pretendía ser “la última prórroga de la moratoria”.
Sin embargo, el Gobierno de Biden había anunciado una nueva moratoria a nivel nacional el 3 de agosto, tras sufrir algunas presiones del ala progresista de su partido, a pesar de que el propio Biden admitió que la orden era probablemente inconstitucional, la moratoria fue inmediatamente impugnada en los tribunales por agentes inmobiliarios y propietarios.
La Corte Suprema dictaminó que el CDC se había extralimitado en sus funciones
Como era de esperar, tanto el juez Kavanaugh como el presidente de la Corte Suprema Roberts cambiaron su voto con respecto a la primera decisión y votaron a favor de poner fin a la moratoria propuesta por Biden y el CDC. En una opinión de 8 páginas, los seis jueces “conservadores” argumentaron que “el CDC había impuesto una moratoria en todo el país (…) amparándose en un estatuto de hace décadas que le autoriza a aplicar medidas como la fumigación y el exterminio de plagas”.
La Corte también destacó que la disposición de la Ley de Servicios de Salud Pública invocada por el CDC para imponer su moratoria, “rara vez había sido invocada — y nunca antes para justificar una moratoria de desalojo”. Los jueces también argumentaron que la justificación legal del Gobierno para la nueva moratoria, que cubriría “al menos el 80 % del país”, proporcionaría al CDC “una enorme magnitud de autoridad” y que la moratoria había puesto a los propietarios de todo el país “en riesgo de sufrir un coste irreparable al privarles del pago de los alquileres sin ninguna garantía de su eventual recuperación”.
La mayoría concluyó que incluso si todo el mundo pudiera estar de acuerdo en que la lucha contra el COVID-19 es algo en lo que el público tiene un gran interés, eso no implica que las agencias puedan “actuar ilegalmente incluso en la búsqueda de fines deseables”, y finalizaron su opinión diciendo que “si una moratoria impuesta por el Gobierno federal va a continuar, el Congreso debe autorizarla específicamente”.
Los tres jueces que disintieron argumentaron, en una opinión escrita por el juez Breyer, que no solo el CDC tenía autoridad para promulgar una moratoria de desalojo en todo el país, ya que la ley permite al Gobierno promulgar medidas como las cuarentenas para contener enfermedades infecciosas, que según Breyer “imponen mayores restricciones a los derechos de las personas y a los poderes policiales del Estado que los desalojos”.
Breyer también argumenta que los daños causados a los propietarios por la moratoria se verían mitigados por la asignación por parte del Gobierno federal de 46,500 millones de dólares para ayudar a pagar el alquiler (aunque en realidad sólo se han distribuido 4,700 millones de dólares) y las órdenes del CDC a los inquilinos para que paguen “lo más cerca posible del pago total del alquiler”.
Asimismo, argumenta que el bloqueo de la moratoria también crearía un “daño irreparable”, citando el aumento de los casos de COVID-19 y el incremento del 13.3 % en las tasas de hospitalización en todo el país. Breyer también sostiene que “el interés público no se ve favorecido por la propagación de una enfermedad ni por el hecho de que un tribunal cuestione el criterio del CDC”.
Los demócratas han criticado la decisión de la Corte
Los políticos demócratas han criticado a la Corte Suprema por su decisión, con la presidenta Nancy Pelosi (D-CA) diciendo que la Corte había “arrancado inmoralmente ese alivio en un fallo que es arbitrario y cruel”, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, criticó la decisión, llamando a la Corte Suprema un “grupo de extremistas de derecha” que decidió expulsar a las familias de sus hogares “durante una pandemia mundial”.
Otros representantes han aprovechado la decisión para alimentar sus llamados a abarrotar la Corte añadiendo más jueces de tendencia liberal, con el representante Mondaire Jones (D-NY) pidiendo a los electores que llamen a sus representantes y los presionen para que apoyen un proyecto de ley que aumente el tamaño de la corte con el objetivo de “restaurar el equilibrio”.
La representante Cori Bush (demócrata de Ohio) incluso criticó a sus compañeros demócratas, preguntando si algunos de los demócratas que “intentaron hundir la agenda de Biden (…) forman parte del mismo grupo que bloquea la legislación para ampliar la moratoria”.
Los progresistas presionaron a Biden para que prorrogara la moratoria que la Corte ya había señalado como probablemente inconstitucional. Aunque el CDC prometió que la moratoria de junio era la última prórroga, el Gobierno de Biden cedió a la presión y prorrogó la orden, a la que la Corte previsiblemente puso fin.
Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.