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La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó una ley de Texas que impediría a las plataformas de las grandes tecnológicas censurar puntos de vista predominantemente conservadores. En concreto, la ley de Texas impediría a las empresas de redes sociales eliminar publicaciones en función del contenido político de su discurso.
“La votación fue de 5 a 4, con una inusual coalición en disidencia”, informó el New York Times. “Los tres miembros más conservadores del tribunal —los jueces Samuel A. Alito Jr., Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch— presentaron un voto de disenso afirmando que hubieran dejado mantener, al menos por ahora, la orden del tribunal de apelaciones que dejaba la ley en vigor mientras el caso avanzaba. La jueza Elena Kagan, de tendencia liberal, también dijo que habría permitido que se mantuviera la orden, aunque no se unió a la disidencia y no dio sus propias razones.
El caso es NetChoice contra Ken Paxton, fiscal general de Texas. La disidencia fue escrita por el juez Alito.
“No es en absoluto evidente cómo nuestros precedentes existentes, que son anteriores a la era de Internet, deberían aplicarse a las grandes empresas de medios sociales, pero Texas argumenta que su ley es permisible bajo nuestra jurisprudencia”, argumentó Alito. “En primer lugar, Texas sostiene que el artículo 7 no exige que las plataformas de medios sociales alberguen ningún mensaje en particular, sino que solo se abstengan de discriminar el discurso de un usuario sobre la base del “punto de vista”, Ap. 49a, y en ese sentido el estatuto puede ser un intento permisible de prevenir ‘la represión de [la libertad de expresión] por intereses privados’. En segundo lugar, Texas argumenta que la HB20 solo se aplica a las plataformas que se presentan como ‘abiertas al público’”.
“Estas representaciones sugieren que las plataformas de medios sociales cubiertas —como los operadores de cable en Turner— no suelen ‘transmitir ideas o mensajes [que hayan] respaldado’”. En tercer lugar, dado que la ley HB20 se limita a empresas con ‘50 millones de usuarios activos en los Estados Unidos’, Texas argumenta que la ley se aplica únicamente a aquellas entidades que poseen cierto poder de mercado similar al de las empresas de transporte público y que este poder les da la ‘oportunidad de excluir a los voceros [desfavorecidos]’. En todo caso, Texas presenta sus argumentos sobre la constitucionalidad de los requisitos de divulgación del artículo 2 que son aún más sólidos. El Estado señala que hemos respaldado leyes que exigen que las empresas revelen ‘información puramente fáctica y no controvertida sobre las condiciones en las que [sus] servicios estarán disponibles’, siempre que esos requisitos no sean ‘injustificados o indebidamente onerosos’”.
El juez Alito dejó claro que los asuntos en cuestión son tan “novedosos” y “significativos” que es probable que el Corte Suprema se pronuncie sobre ellos en algún momento.
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