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A principios de esta semana, algunos demócratas presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que permitiría al Congreso y al presidente añadir cuatro jueces a la Corte Suprema (una práctica conocida como court packing), como respuesta para contrarrestar la actual mayoría conservadora en la Corte, donde 6 de los 9 jueces fueron nominados por un presidente republicano.
Uno de los patrocinadores del proyecto de ley, el senador Ed Markey (D-MA), dijo que esta medida era una respuesta al “robo” de dos asientos de la Corte Suprema por parte de Mitch McConnell y que la Corte actual era “ilegítima”.
Siendo realistas, es muy poco probable que esta legislación se convierta en ley en un futuro próximo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se distanció de la medida diciendo que “no tiene planes” de someter la legislación a votación, y muchos senadores también han expresado su preocupación por el hecho aumentar el número de jueces de la Corte. El presidente Biden, que ya ha dicho que no es partidario de la propuesta, formó una comisión que evaluaría el estado de la Corte Suprema y aconsejaría al presidente si se necesitan cambios.
Aunque el proyecto de ley presentado en el Congreso está casi con toda seguridad condenado a fracasar, el debate continuaría sin duda en los círculos políticos de Washington D.C. y resultaría crucial, ya que la Corte desempeña el papel de árbitro definitivo en materia de legislación controvertida (Obamacare, por ejemplo), temas candentes (como el aborto) o incluso en caso de elecciones disputadas.
La Corte Suprema es una rama del gobierno increíblemente poderosa: es capaz de derribar leyes si las considera inconstitucionales, de considerar constitucionales algunos derechos, de obligar a los estados a adoptar/rechazar las medidas que ordenen en sus sentencias y de decidir quién tiene la razón cuando los diferentes poderes del Estado están en conflicto.
No sólo la Corte es muy poderosa, sino que también experimenta una escasa o nula responsabilidad por sus acciones. Una vez que un juez es nominado por el presidente y confirmado por el Congreso, sirve allí de por vida o hasta que decide retirarse y no hay casi nada que los otros poderes puedan hacer para detenerlos, sin duda por lo que algunos los han comparado con los icónicos “reyes-filósofos” de la República de Platón.
Por lo tanto, si una facción verdaderamente politizada domina la mayoría de la corte, tendría una cantidad increíble de poder. Una cita atribuida a menudo al exjuez Brennan explica muy bien esta dinámica “cinco votos pueden hacer cualquier cosa aquí”
La Corte Suprema ostenta un gran poder en el sistema estadounidense y también tiene una pesada carga: la de intentar mantenerse relativamente al margen del rencoroso debate partidista que es tan común en Washington D.C., la única manera de que la corte mantenga la legitimidad que tiene para ejercer tan enorme cantidad de poder es que la gente no los vea como parte de la política partidista.
Court packing: causas y consecuencias
Politización de las nominaciones a la Corte Suprema
Existen algunos precedentes sobre el court packing (FDR lo intentó en 1937), sin embargo, nuestras actuales controversias en la Corte Suprema no se basan en anticuadas discusiones sobre el New Deal, sino que provienen principalmente de la manera cada vez más partidista en que se manejan las nominaciones a la corte.
La nominación de Robert Bork (hecha por Reagan en 1987) marcó el inicio de las audiencias de confirmación partidistas, con los demócratas atacando su nominación de manera tan efectiva y viciosa que “borked” se acuñó como nuevo término para definir las duras campañas de vilipendio. Después de eso, las votaciones de confirmación -que en aquella época solían ser bipartidistas- empezaron a agriarse a un ritmo gradual pero constante, y los márgenes de las votaciones pasaron de ser casi unánimes a ser básicamente de línea de partido.
Por ejemplo, mientras que el famoso dúo conservador-liberal de Scalia/Ruth Bader Ginsburg fue confirmado con más de 90 votos cada uno, hoy sería imposible encontrar a alguien que pudiera alcanzar ese margen. De hecho, la última confirmación que tuvo más de 70 votos afirmativos fue la del presidente de la Corte Suprema Roberts en 2005, desde entonces ningún juez ha logrado reunir más de seis votos del partido en la oposición durante su nominación.
Las tensiones han aumentado significativamente en los últimos cinco años, cuando los republicanos fueron capaces de nominar y confirmar a tres jueces para el tribunal, mientras que Obama sólo logró hacer lo mismo con dos jueces durante sus ocho años de gobierno. Aunque parte de ese éxito republicano puede explicarse por la suerte (nadie controla cuándo mueren o se retiran los jueces), otra parte se debió también a las maniobras tácticas de Mitch McConnell.
Los demócratas siguen reclamando fallos en los procesos de nominación de Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, ya que Mitch McConnell (R-KY) impidió la votación del nominado de Obama en 2016 argumentando que el nuevo presidente debía ser el que lo hiciera, por lo cual los demócratas alegan que los republicanos les habían robado el puesto. Los demócratas se enfurecieron aún más cuando McConnell cambió su posición en 2020 tras la muerte de RBG y permitió que se confirmara a la candidata de Trump (Amy Coney Barrett).
Los demócratas ven estas tácticas como ilegítimas y de abuso de poder, por lo que algunos están decididos a hacer una toma de poder propia, proponiendo ampliar fuertemente el tamaño de la corte como una forma de contrarrestar el éxito judicial republicano en los últimos cuatro años.
Un proceso polarizante
Puede que los demócratas tengan una ira comprensible por la forma en que se desarrollaron los tres últimos procesos de nominación, pero si piensan que echar gasolina al fuego partidista de las nominaciones a la Corte Suprema no volvería a perseguirlos (y al país) en el futuro, están muy equivocados.
Si se combinan las capacidades extremadamente poderosas que tiene la Corte Suprema con la naturaleza partidista de nuestra política moderna, se obtendrá una receta perfecta para destruir la credibilidad pública de la rama judicial del gobierno que posiblemente necesita mantener el mayor porcentaje de apoyo público para mantener su legitimidad.
Las encuestas lo demuestran, ya que Gallup muestra que el porcentaje de personas que desaprueban el trabajo de la Corte ha aumentado significativamente del 29 % en 2002 a casi el 43 % en 2020.
El aumento del número de jueces de la Corte haría que estas cifras empeoren. Haría que el destino de la Corte Suprema dependiera de cada una de las elecciones presidenciales, ya que los republicanos estarían más que dispuestos a tomar represalias una vez que inevitablemente vuelvan al poder en el futuro y hacer una “expansión de la Corte” propia, nominando un número ridículo de jueces para contrarrestar la cantidad absurda de jueces que los demócratas ya habían nominado.
Con la Corte ahora convertida en un fútbol político, los aspirantes a nominados serían evaluados (aún más) por un compromiso de pureza ideológica, ya que no habría necesidad de mantener siquiera una fachada de requerir competencia judicial, lo único importante sería mantener el suficiente apoyo político dentro de su partido para conseguir la confirmación del nominado, especialmente después de que el Filibuster fuera descartado para las nominaciones judiciales, haciendo innecesario el bipartidismo.
El principal objetivo de ambos partidos sería asegurarse de que los jueces que confirmasen fuesen lo suficientemente ideológicos como para mantener a tu bando en una posición favorable en el banquillo. Nominar a un juez competente que también podría ser un voto decisivo sería una política terrible, ya que podría dar al otro bando un juez extra cuando inevitablemente le toque su turno.
Y lo que es peor, el público en general vería a la Corte como otro escenario de guerra partidista total, no tan diferente del Congreso. ¿Cuántas personas se sentirían entonces cómodas obedeciendo sus decisiones, una vez que el velo de la imparcialidad es arrojado y quemado abiertamente en público?
El Estado de Derecho también podría estar en peligro, con la Corte siempre cambiante, dictando nueva jurisprudencia rápidamente antes de que la otra parte convierta en ley un proyecto de court packing en represalia, hasta que la Corte se vuelva un pequeño Senado. Los actores políticos se verían incluso animados a desafiar las decisiones de la Corte con la esperanza de que uno nuevo les trate más favorablemente.
Esta propuesta es aún peor cuando se considera junto a otras como la eliminación del filibuster. Si las elecciones y la retórica política son feas hoy en día, imagina un mundo en el que cada elección sea una cuestión de vida o muerte política, en el que tener el senado y la Casa Blanca te permita aprobar cualquier ley y nombrar un nuevo tribunal. Si la política actual se parece a una guerra de desgaste, un mundo sin filibuster y el court packing sería el equivalente a la destrucción mutua asegurada.
Los demócratas están furiosos por las maniobras de los republicanos sobre la Corte Suprema, pero tomar decisiones constitucionales trascendentales basadas en la venganza sin tener en cuenta las consecuencias más amplias no es estadista.
El presidente Biden hizo campaña como un unificador, alguien capaz de devolver el civismo y la decencia a Washington. El court packing y la eliminación del filibuster dificultan la cooperación, dividiendo aún más a la nación en dos bandos irreconciliables. Biden se ha negado a seguir ambas políticas, esperemos que cumpla su palabra.
Daniel is a Political Science and Economics student from the University of South Florida. He worked as a congressional intern to Rep. Gus Bilirakis (FL-12) from January to May 2020. He also is the head of international analysis at Politiks // Daniel es un estudiante de Cs Políticas y Economía en la Universidad del Sur de la Florida. Trabajo como pasante legislativo para el Representate Gus Bilirakis (FL-12) desde enero hasta mayo del 2020. Daniel también es el jefe de análisis internacional de Politiks.