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EL EXPRESIDENTE Trump regresó la semana pasada a Washington, DC, por primera vez desde que dejó la Casa Blanca, y aprovechó un discurso ante el America First Policy Institute, la fundación conservadora establecida el año pasado por exoficiales de su administración, para alertar que el país se ha convertido en una “fosa séptica de crimen” en donde “ya no hay respeto por la ley y ciertamente no hay orden”.
Por duro que suene este diagnóstico, la realidad es que Trump tiene razón. La inseguridad en nuestras comunidades se ha disparado desde el 2020 gracias a las políticas socialistas adoptadas en ciudades y estados demócratas, que demonizan a la Policía y tratan a los criminales, no como retos a la seguridad de la ciudadanía, sino como meras víctimas de sus circunstancias sociales.
Del 2020 al 2021, por ejemplo, se registró un aumento de 33 % en los homicidios en las principales ciudades americanas y el crimen violento, incluyendo violación, agresión violenta y sexual, robo y asesinato, incrementó en Baltimore, Chicago, Los Ángeles, New York, Filadelfia, Seattle y Washington, DC, de un 5 % al 40 % en el 2022 comparado con el año anterior.
El asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos de un policía en el 2020 desató críticas y denuncias injustas y sin precedentes en contra de la Policía. Activistas de izquierda increíblemente la responsabilizan por la violencia y la actividad delictiva en las comunidades urbanas, particularmente las minoritarias. Acusan a la Policía de racismo sistémico y de incurrir en conducta y prácticas abusivas que fomentan que afroamericanos e hispanos entren un ciclo de crimen y cárcel para toda la vida. Bajo el lema de “desfinanciar a la Policía”, han exigido una serie de reformas descabelladas a la Policía y al sistema de justicia criminal que han sido acogidas e implementadas por alcaldes y gobernadores demócratas.
A la Policía esencialmente le han atado las manos. Los departamentos de policía alrededor del país sufrieron una reducción sustancial en sus presupuestos y a sus oficiales se les limitó enormemente su discreción para detener personas sospechosas y para usar la fuerza para prevenir delitos. El policía promedio ahora tiene miedo de que le radiquen una querella o demanda sencillamente por hacer su trabajo, por lo que en muchas ocasiones opta por no intervenir o no hacerlo como debería ante una situación de peligro para la ciudadanía.
También se aprobaron medidas de ley para que a individuos acusados de cometer una variedad de delitos violentos no se les imponga fianza y puedan ser puestos en libertad rápidamente. Incluso fiscales demócratas han dejado de procesar criminalmente delitos menos graves y han reducido las sentencias de personas convictas de delitos graves, muchas de las cuales, al ser puestas en libertad, han vuelto a delinquir.
No nos debe sorprender que todo esto produjera un ambiente de caos e inseguridad en nuestras ciudades. Los criminales se sienten envalentonados y las víctimas ignoradas, mientras que las comunidades minoritarias se ven afectadas desproporcionalmente. En el 2021, en la ciudad de New York los afroamericanos e hispanos representaron el 90.7 % de las víctimas de asesinato, 96.9 % de las de delitos con armas, 73.2 % de las de violación, 71.5 % de las de robo y 79.8 % de las del delito grave de agresión.
Hasta ahora los demócratas no han querido reconocer el problema o han tratado de minimizarlo. Algunos hacen hincapié en que la actividad delictiva en los centros urbanos estaba peor en la década de los ochenta, lo cual, aunque cierto, no significa que la situación actual no sea una sumamente seria.
De repente, ante unas elecciones de mitad de terminó en las que no están bien parados, algunos demócratas, particularmente aquellos que están en contiendas competitivas, empiezan a admitir públicamente la existencia de una crisis, pero se limitan a decir que hay que darle más fondos a la Policía. Para nada hablan de desmantelar las otras políticas que nos han llevado a la terrible situación en la que nos encontramos.
Su sinceridad es francamente cuestionable. Es muy difícil creer que los mismos que a penas hace dos años eran paladines de “desfinanciar a la Policía” o limitar su capacidad para mantener el orden, realmente quieran apoyarla adecuadamente.
El propio presidente Biden, a pesar de que ahora dice apoyar a la Policía, continúa promoviendo políticas que limitan su capacidad para hacer cumplir la ley. A penas hace dos meses firmó otra orden ejecutiva que tiene como objetivo restringir la discreción de la Policía para usar la fuerza, establecer medidas adicionales para disciplinar a oficiales de la policía y prohibir que departamentos de policía adquieran con ayuda del Gobierno federal herramientas no letales como vehículos armados o dispositivos como granadas de concusión usados para frenar la intensificación de situaciones potencialmente violentas.
Trump acierta cuando dice que “nuestra gran Policía sabe qué hacer”, pero que debemos “dejarla hacerlo”. La única manera de ponerle fin a esta ola de muerte y violencia es que urgentemente se reviertan las políticas demócratas que limitan la capacidad de acción de la Policía.
Alfonso Aguilar es de Senior VP and Political Director de El American, exjefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos durante la administración del presidente George W. Bush y presidente del Latino Partnership for Conservative Principles. // Alfonso Aguilar is the Senior VP and Political Director of El American and former head of the Office of United States Citizenship during the administration of President George W. Bush and president of the Latino Partnership for Conservative Principles.