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La criminal complicidad entre quienes integran la clase política mexicana es el principal lastre para el desarrollo de dicho país, que se hunde en el crimen y la violencia mientras sus representantes se cuidan las espaldas, convirtiendo las leyes en burla y la esperanza en desaliento.
Esa complicidad es sistemática y permanente, pero hay veces en las que se vuelve indignantemente obvia, como ocurrió esta semana con la fuga de dos diputados federales oficialistas, Benjamín Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo, acusados de violación sexual y enriquecimiento ilícito.
A Huerta Corona (de Morena, el partido de AMLO) lo acusan, con amplias pruebas, de violar a un joven de 18 años y de cometer violación equiparada agravada contra otro joven menor de edad. Para ello, en palabras de la representante de la fiscalía, el político “aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas…y la del encargo como diputado federal” pues las llevó a la Ciudad de México con el pretexto de llevarlos a conocer la Cámara de Diputados.
A Toledo (del PT, partido aliado de AMLO) lo acusan, también con amplias pruebas, de utilizar sus previos encargos como jefe delegacional y diputado local en la Ciudad de México, para enriquecerse “injustificada e inexplicablemente al no coincidir con sus ingresos recibidos por concepto de honorarios y emolumentos”.
Las evidencias en contra de ambos son abrumadoras e incluso conocidas públicamente desde hace meses, pero las “autoridades” no pueden someterlos a juicio ni encarcelarlos porque, los diputados tienen fuero y solo pueden ser procesados penalmente después de que la Cámara les quite el fuero, lo que finalmente ocurrió en votaciones resueltas, casi por unanimidad, el pasado 11 de agosto.
¿El problema? La criminal complicidad.
Para entonces, ambos se habían escapado. Toledo se fue a Chile y Huerta está escondido (aunque según declaró, sigue en México). Tuvieron tiempo de sobra para preparar su estrategia de fuga, porque durante más de tres meses la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados recurrió a un sinfín de pretextos para aplazar el juicio de desafuero, que habrían podido realizar desde el 30 de abril, cuando la cámara le aplicó ese mismo procedimiento al gobernador panista de Tamaulipas.
En pocas palabras, al menos parte de las bancadas oficialistas operaron de forma directa y evidente para darles a sus compañeros de curul, uno de los cuales está acusado (con amplias pruebas) de violar y abusar sexualmente de jovencitos, el tiempo que necesitaban para fugarse con toda calma. Eso es complicidad. Eso es criminal.
Antes de demandar en América, México debe combatir la criminal complicidad que tiene en casa
No se trata de un hecho aislado. La política mexicana está repleta de anécdotas similares, donde la ley es torcida o de plano ignorada para beneficiar a ciertos grupos políticos que en la práctica funcionan básicamente como mafias apenas disfrazadas bajo el manto de las prácticas institucionales.
De hecho, uno de los ejemplos más patéticos de esta complicidad ocurrió hace 11 años en la propia Cámara de Diputados: Julio César Godoy Toscano (del ahora opositor PRD) quien ya tenía una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada (relacionada con uno de los cárteles), se escondió en la cajuela de un coche para tomar protesta y disfrutar de la protección del fuero constitucional.
¿Su cómplice para burlar a las autoridades y al país? Alejandro Encinas, que en aquel entonces era su compañero de bancada y hoy es subsecretario de Derechos Humanos en el Gobierno de López Obrador.
Ante esta realidad resulta tan insultante como absurda la demanda que el pasado 4 de agosto presentó el Gobierno mexicano en un Tribunal Federal de Massachusetts para exigir castigo contra una decena de empresas que fabrican armas en territorio americano y a las que México acusa de “acciones y prácticas comerciales deliberadas” como las de grabar en las pistolas el retrato de Emiliano Zapata.
La demanda es simplemente un nuevo intento de los políticos al sur del Río Bravo para aventar del otro lado del muro la responsabilidad por el desastre que provoca su incompetencia, y la respuesta de la industria armamentista no se hizo esperar: la National Shooting Sports Foundation señaló que “el Gobierno mexicano es responsable del rampante crimen y corrupción dentro de sus fronteras” dentro de las cuales las autoridades de dicho país son “exclusivamente responsables de aplicar sus leyes, incluyendo las estrictas leyes de control de armas”. Exacto.
La complicidad destruye
El verdadero villano que destruye a México no son los armeros americanos, ni los conquistadores españoles, ni los marcianos: es la clase política, cuya criminal complicidad es un hecho tan evidente como indignante, resultado de décadas de opacidad y corrupción que alimentaron a una generación tras otra de políticos sinvergüenzas, acostumbrados a transar bajo las sombras de la complicidad y del dinero.
El mejor ejemplo es del diputado ahora desaforado por violación y abuso sexual. De hecho, hay un audio donde se escucha cómo habla con la mamá del niño al que “presuntamente” abusó y le dice: “Llegamos a un acuerdo económico, yo se lo suplico. Yo se lo voy a pagar con creces. No me destruya”.
A eso está acostumbrada la clase política mexicana. Y sí, tipejos como él hay en todo el mundo, pero cuando aun después de ser plenamente exhibido recibe el apoyo tácito de su bancada, para tener 3 meses de ventaja y escapar antes de ser desaforado, ya no estamos ante algo normal, sino ante una criminal complicidad que desde hace dos siglos ha sido tragedia de México (y gozo de sus políticos).
Gerardo Garibay Camarena, is a doctor of law, writer and political analyst with experience in the public and private sectors. His new book is "How to Play Chess Without Craps: A Guide to Reading Politics and Understanding Politicians" // Gerardo Garibay Camarena es doctor en derecho, escritor y analista político con experiencia en el sector público y privado. Su nuevo libro es “Cómo jugar al ajedrez Sin dados: Una guía para leer la política y entender a los políticos”