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La crisis migratoria que padece Estados Unidos en la frontera con México va mucho más allá de un problema migratorio al uso, para convertirse en un verdadero descrédito nacional.
Las promesas hechas por Joe Biden durante su campaña electoral para eliminar las políticas de Trump en contra de la inmigración ilegal, han provocado en las últimas semanas un efecto llamada que ha terminado por desbordarlo y lo ha convertido en víctima de su propia demagogia.
Sólo en el mes de febrero, cerca de 100,000 personas han sido arrestadas intentando cruzar ilegalmente la frontera, un aumento del 28 % respecto a enero. La situación ha cogido por sorpresa a la administración americana. Más de 17,000 menores están en centros de detención gubernamentales, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
El último informe sobre inmigración irregular también apunta que un promedio de más de 500 niños no acompañados ingresa cada día al país bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, por lo que la CBP estima que si se mantiene ese ritmo marzo podría ser un mes récord con unos 16,000 menores más que serán detenidos durante largos períodos en instalaciones abarrotadas que ahora mismo son incapaces de garantizar una protección adecuada para todos los que llegan.
Con ese difícil contexto, Biden en lugar de buscar una solución definitiva a la crisis migratoria, ha concedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 86.9 millones de dólares del erario público para sufragar la estancia en hoteles de los inmigrantes irregulares que cruzan a diario la frontera con México, mientras cínicamente a muchos de ellos se les abren órdenes de expulsión sin que ningún abogado les haya podido atender.
El descontrol del Gobierno ante estos hechos es tan alarmante como su falta de coordinación y veracidad.
Un grupo de funcionarios que trabaja en los puestos fronterizos ha señalado que la administración de Biden se equivocó al no llamar a la situación fronteriza una “crisis”.
“Estamos abrumados. No tenemos los recursos para evitar que los cárteles traigan extranjeros ilegales, de drogas, por lo tanto, estamos en una crisis “, dijo a Fox News Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.
Improvisación y demagogia
¿Frente a un desafío migratorio sin precedentes, qué ha mejorado realmente la política buenista de Biden, después de llegar a la Casa Blanca? Realmente nada.
El propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció en un comunicado que “estamos en camino de encontrarnos con más personas en la frontera suroeste que en los últimos 20 años”.
Prácticamente todo lo que rodea a esta crisis humanitaria y lo que está ocurriendo en esta nueva irrupción en la frontera resulta repugnante, como repugnante es la actitud que están asumiendo todas las partes implicadas. Empezando por el Gobierno de Estados Unidos, que va de improvisación en improvisación y no deja de hacer el ridículo en un tema tan sensible y complejo como el de la inmigración ilegal, que requieren políticas mucho más serias que las ordenadas por Biden, quien ha querido convertir la política migratoria en combustible para radicalizar al electorado.
Resulta fácil actuar con demagogia ante el drama de la inmigración irregular y sostener la tesis de que los miles y miles de personas que huyen de la pobreza tienen cabida en una “América rica y fértil” que pertenece a todos. Pero esto constituye una maniobra política especialmente repulsiva cuando se tiene en cuenta que se juega con la vida de personas extremadamente vulnerables.
La corrección de la política migratoria debería ser para Joe Biden un escarmiento de lo que supone el coste del dogmatismo y de los gestos populistas.
Diseñada a la medida de los espejismos del electorado de izquierda, durante su campaña, Biden aseguró que eliminaría muchas de las políticas migratorias restrictivas llevadas a cabo por Trump.
A través de varias órdenes ejecutivas y utilizando una política irreflexiva de puertas abiertas y generosidad electoralista, Biden puso fin a la construcción del muro fronterizo y se precipitó en aplicar una revisión del proceso de naturalización para otorgar ciudadanía a los más de nueve millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en USA.
Ni las mafias son caritativas ni hay varitas mágicas para fiscalizar la inmigración descontrolada. Las organizaciones que velan por la seguridad del país, y que han criticado sus decisiones políticas, han recordado que antes de manipular conceptos como el efecto llamada, la identidad o incluso el humanitarismo, siempre asociados con los cínicos cálculos electorales del populismo, se deben adoptar criterios responsables para garantizar la seguridad de la frontera y no esgrimir pretextos administrativos endebles.
La frontera sur con México sigue siendo una de las demarcaciones políticas y económicas más complejas del planeta, con regímenes corruptos y comunistas a un lado y estabilidad democrática y prosperidad económica del otro.
Por supuesto que debemos rechazar cualquier intento de estigmatización de los menores no acompañados y de las familias que cruzan las fronteras bajo terribles consecuencias humanitarias. Pero acusar de xenófobo o racista a quienes recuerdan la insoslayable necesidad de tomar en consideración esta realidad y sus terribles consecuencias humanas, es jugar al cinismo más oportunista para intentar escurrir constantemente el bulto ante la falta de una política migratoria responsable y de consenso.
Frontera: seguridad y soberanía
Ya lo advirtió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien negara esta semana que México vaya a incrementar el control migratorio sobre su frontera norte, a cambio del préstamo de 2.7 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19, que podría obtener como prebenda de Estados Unidos.
“No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado, México es un país independiente, soberano, libre”, indicó AMLO el pasado martes en rueda de prensa.
Ese mismo día, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la coordinadora de la Frontera Sur de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, lideraron una reunión en Ciudad de México para buscar fórmulas que garanticen una “migración ordenada, segura y regular”.
Las crisis hay que tratar de solucionarlas antes de que se cronifiquen y se agraven. No sólo llegan tarde los demócratas —una vez más— a un conflicto humanitario internacional al que Biden y Kamala Harris, con su usual imprevisión, ha restado importancia hasta que la frontera sur se ha convertido en un incierto polvorín. Se trata también de una nueva remesa de facturas económicas, políticas y morales que México le pasará a Estado Unidos después de muchas insolvencias del Gobierno de Obama y ahora de Biden.
Ningún otro asunto es tan peligroso para el proyecto americano como la inmigración mal gestionada. Por ello, al salir al rescate de los inmigrantes, México ha colocado al Gobierno americano ante la vergüenza de sus propias irresponsabilidades.
En 1993, el presidente Bill Clinton solicitó al Congreso una partida de 172 millones de dólares adicionales para lanzar la operación Hold the Line. Su determinación era firme: “Proteger nuestras fronteras, expulsar a los extranjeros criminales, reducir los incentivos laborales para la inmigración ilegal [y] detener el abuso de asilo”.
En tan solo un año, su administración había construido miles de millas de cercas y aumentado las patrullas fronterizas en un 40 % a lo largo de los corredores más populares de California, Texas y Arizona. Su discurso entonces era muy claro: “Debemos decir ‘no’ a la inmigración ilegal para poder seguir diciendo ‘sí’ a la inmigración legal”.
Tres décadas después, la estrategia electoralista del Partido Demócrata en materia de inmigración parece haber cambiado para convertirse en una mera comparsa de los caprichos de la izquierda radical.
Las fronteras de los países no son invenciones ni caprichos políticos circunstanciales. Demarcan jurídicamente los puntos donde los Estados ejercen sus soberanías y donde los ciudadanos practican sus derechos y obligaciones.
Por eso, demócratas y republicanos deberían acordar en el Congreso una reforma de la legislación que permita actuar con eficacia contra la inmigración ilegal. Sólo así podría sacarse definitivamente del debate partidario y electoralista un asunto tan trascendente como es el de la seguridad de Estados Unidos y el de las naciones vecinas.
Juan Carlos Sánchez, journalist and writer. His columns are published in different newspapers in Spain and the United States. He is the author of several books and is preparing the essay "Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces" // Juan Carlos es periodista y escritor. Sus columnas se publican en diferentes diarios de España y EE.UU. Autor de varios libros, tiene en preparación la obra de ensayo “Nación y libertad en el pensamiento económico del Conde Pozos Dulces”