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Crossfire Razor: ¿Quién incriminó al General Flynn?

Por María Fernanda Egas:

Solo 22 días estuvo el General Michael Flynn como asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump. Un general tres estrellas que sirvió en Afganistán e Irak desmantelando células terroristas y que había servido como Director de la Agencia Nacional de Inteligencia durante los dos primeros años de la segunda administración de Barack Obama cayó en desgracia el 13 de febrero de 2017.

La caída General Flynn encajaba perfectamente en la narrativa predominante ante la sorpresiva elección del magnate inmobiliario, la llamada “trama rusa”, o farsa rusa.  El origen de la acusación era un informe elaborado por un ex agente británico del M16, Christopher Steele, quien había recibido el encargo de FUSION GPS, una firma contratada por el Comité Nacional Demócrata y la campaña de la entonces candidata Hillary Clinton, a través de una firma de abogados.

¿Cómo pudo suceder algo así con un veterano especialista en contrainteligencia militar? Para entonces, la versión oficial se basaba en que el General Flynn habría mentido con respecto a una conversación con el Embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak. La sola idea abonaba la creencia que, efectivamente, la campaña de Trump tuvo acuerdos con Putín, y que ahora los Estados Unidos responderían a los intereses de su archienemigo de la Guerra Fría.  

El General Flynn se prestó a cooperar con 19 entrevistas en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016, iniciada el 17 de mayo del 2017 y dirigida por Robert Mueller, otro veterano de guerra que fue director del FBI del 2001 al 2013. Esta investigación duró casi dos años y costó al pueblo americano cerca de 32 millones de dólares.

Llama la atención que tan exhaustiva investigación no haya reparado en que la fuente del exagente Steele, Igor Danchenko, nacido en Ucrania, había sido estudiada por el FBI en los años en que Robert Mueller estuvo al frente, y que tuvo contactos con la Embajada rusa y que habría intentado reclutar a dos individuos conectados a un influyente asesor internacional de la administración Obama.

Todo parecía augurar que la suerte del General Flynn estaba echada. El juez Emmet Sullivan había sugerido que sea acusado de traición y sería condenado bajo el Logan Act, una ley federal de hace 200 años que criminaliza la negociación de un ciudadano americano no autorizado con otro gobierno en disputa con los Estados Unidos. 

Sin embargo, el año pasado el Fiscal General William Barr ordenó una nueva investigación que fue echando nuevas luces y que ocasionó que el agente del FBI Kevin Clinesmith, responsable por solicitar la vigilancia al asesor de la campaña Trump, Carter Paige, se declarara culpable de confeccionar un correo electrónico presentado a la corte.

Para entonces, el General Flynn había cambiado su estrategia de defensa y contratado al abogado tejano Sidney Powell, quien en el tercer escrito presentado el 24 de septiembre del 2020 a la corte del distrito de Columbia, adjunta una serie de evidencias no provistas previamente a la defensa y que no solo evidencian la mala conducta del FBI y del Departamento de Justicia y que exculpan definitivamente al General Flynn, sino que demuestran que hubo una intencionalidad política fraguada desde la oficina oval (cuya última reunión el 5 de enero del 2017, un día antes de entregar el poder a Donald Trump) fue registrada por la entonces asesora en seguridad Susan Rice en un email autoenviado. En él, da cuenta de que la reunión tuvo como tema el “hackeo” de Rusia en la elección presidencial del 2016, que el aún presidente Obama hizo seguimiento al tema con el entonces director del FBI James Comey, la asistente del fiscal General Sally Yates, el vicepresidente Joe Biden y ella. El director del FBI dijo que tenían “ciertas preocupaciones” porque el próximo Asesor Nacional de Seguridad, el General Flynn, había conversado frecuentemente con el embajador ruso Kislyak. Aseguró que no tenía indicios de que el General Flynn haya entregado información confidencial a Kislyak pero que había notado que “el nivel de comunicación era inusual”.

A este email, se suman las notas manuscritas tomadas por los asistentes Peter Strzok y Andrew McCabe, que indican que los presentes consideraron que las llamadas realizadas por el General Flynn parecían legítimas, y que quien propuso el Logan Act contra el General Flynn fue nada menos que el vicepresidente Joe Biden.

Desde abril hasta octubre del 2020, el abogado Sidney Powell ha presentado una serie de evidencias que deslegitiman la investigación criminal contra el General Flynn desde su origen. El General Flynn ya había sido objeto de una investigación al interior del FBI bautizada como Crossfire Razor, que habría sido cerrada el mismo día de la elección presidencial. Al reabrirla, los agentes que lo fueron a entrevistar no siguieron el protocolo a través de la Casa Blanca, y en las notas del día en que fue entrevistado, el 24 de enero del 2017, se lee: “¿Cuál es nuestro objetivo? Verdad/Admisión, o hacerlo mentir, así podremos enjuiciarlo o despedirlo”. 

En un intercambio de textos entre agentes del FBI entre agosto y diciembre del 2016 que llevaron inicialmente Crossfire Razor, se menciona estar “muy contento de que cerraran Razor” y “no encontramos nada sobre él en la investigación”. Tras la reunión del Comité de Inteligencia en el salón oval, el 5 de enero del 2017, enterados de que la investigación Razor seguiría abierta, intercambiaron mensajes de sorpresa: “No sé, pero aquí hay gente rebuscando información que respalde ciertas cosas, es una casa de locos”; “¡Jesús! Trump tenía razón. ¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos?¿Qué le pasa a esta gente?”; “Todo esto es muy horrible”. Cinco días después, los analistas del FBI compraron un seguro de responsabilidad profesional que los protegería financieramente ante una eventual demanda por mala práctica en sus funciones al interior del FBI. Uno de ellos, el agente Barnett, pidió ser removido del caso por temor a caer en una investigación fiscal. 

Para la Administración Obama había sido inviable encontrar hasta entonces indicios de culpabilidad en la actuación del General Flynn. Sus conversaciones con representantes de otros países eran impecables y legales. Se conoce que en una de ellas discutió con el Embajador Kislyak sobre la extradición de diplomáticos rusos, y en otra llamada en diciembre del 2016, previo a la votación en las Naciones Unidas sobre asentamientos israelíes en Palestina, coincidieron en la estrategia contra el islamismo radical. Sin embargo, la investigación en su contra se expandió con la aplicación de las Cartas Nacionales de Seguridad (NSL), un procedimiento extraordinario de búsqueda que no necesita autorización judicial y que le da al FBI el poder obtener los registros bancarios, telefónicos, servicios de internet. Los agentes se textearon: “Esto es una pesadilla”. 

El 7 de mayo del 2020, el Departamento de Justicia desestimó el caso criminal contra Flynn. Lo hizo después de considerar una revisión de todos los hechos, incluyendo la nueva información descubierta y desclasificada. ¿Por qué se perpetró esta gran confabulación contra el General Flynn? Ya sea por los enormes beneficios obtenidos en el poder (como los que la estatal energética ucraniana Burisma pagaba a Hunter Biden), por  la acusación de la campaña republicana de haber sido espiada por la administración demócrata, o por  un mensaje de texto entre los agentes del FBI enviado el 8 de agosto del 2016: “Creo que algunos de estos tipos quieren una administración Clinton”. El General Flynn no. Había sido uno de ellos.

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María Fernanda Egas es una periodista ecuatoriana, destacada por la defensa a la libertad de prensa y la democracia.

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